El próximo 16 de noviembre se cumplirán 3 años desde que culminó el proceso de exhumación de los generales Mola y Sanjurjo, así como 6 voluntarios del bando fascista que se encontraban también enterrados en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona. Unas exhumaciones que fueron fruto de un trabajo intenso, que se prolongó durante cerca de 10 meses, y que tuvimos en mente desde el momento mismo en que accedimos a la alcaldía, en junio de 2015. Desde aquellas primeras reuniones en el despacho de alcaldía decidimos que iba a ser un proceso presidido por la discreción más absoluta, y que había de culminar con la entrega privada, ordenada y respetuosa de los restos a sus descendientes. Que no iba a ser un circo mediático.
En el plano político no hubo contratiempos, puesto que una amplia mayoría del pleno avalaba el proceso, 17 de 27 concejales. El único punto negativo fue UPN, que inexplicablemente votó en contra de las exhumaciones de los golpistas. El grupo regionalista, con el actual alcalde Enrique Maya al frente, se negó además a rechazar las amenazas proferidas en redes sociales por elementos fascistas contra quien entonces ostentaba la alcaldía.
Los primeros contactos habidos fueron con el Arzobispado, que tras un comienzo dubitativo, en el que otorgaban únicamente a los familiares el derecho a decidir sobre las exhumaciones, evolucionaron hacia una posición más abierta y colaborativa, para terminar, con el paso de los meses, avalando el proceso. Sin entrar en detalles, diré tan solo que quienes tuvimos oportunidad de participar en aquellas conversaciones pudimos comprobar, en primera persona, que la fama de la diplomacia vaticana es bien merecida. Otro frente abierto fue el de conseguir un aval científico solvente, y para ello contactamos con el equipo del forense Paco Etxeberria, que desde el principio se puso a nuestra disposición y nos orientó sobre las exigencias técnicas del proceso. El tercer frente fue el de contactar con los familiares, para lo cual pedimos la mediación de la Sociedad de Estudios Iturralde, que fue quien llevó a cabo los primeros y delicadísimos contactos. Los 8 enterrados pertenecían a 7 familias (había dos hermanos), de las cuales se pudo localizar a 6, y de las que 4 se mostraron dispuestas a la exhumación. La mayor oposición vino de los familiares de Sanjurjo, cuyo representante fue, curiosamente, el abogado Enrique Garza, a quien estos días hemos visto como organizador de una conferencia del prior benedictino (y falangista) del Valle de los Caídos. El cuarto y último frente fue el jurídico, no menos farragoso, que culminaría después incluso de que los restos hubieran sido exhumados.
La fecha fijada fue el día 16 de noviembre. Los descendientes del general Mola pusieron énfasis en la necesaria privacidad del acto, y a pesar de que se les dio todo tipo de garantías decidieron proceder con sus propios medios, negociando directamente con el Arzobispado, y exhumaron los restos una semana antes, el día 7. Para el resto se fijó la cita a partir de las 00.00 de la noche del día 15, convocando a las familias con intervalos de 45 minutos, para evitar aglomeraciones y esperas inútiles. Dentro de la cripta se encontraba el equipo del profesor Etxeberría (5 personas), 4 representantes del Arzobispado, 2 albañiles y 3 personas del Ayuntamiento (la jefa de los servicios jurídicos, el concejal Aritz Romeo y quien esto escribe). En un momento dado apareció otra persona, que dijo estar “encargado del mantenimiento de la cripta”, pero tras consultar con los representantes del Arzobispado los policías municipales que custodiaban la puerta le impidieron el paso.
En lo que a los familiares se refiere, el sentimiento generalizado aquella noche fue de cordialidad, en algunos casos de manifiesto alivio, y pudimos comprobar que muchos de ellos se encontraban en las antípodas políticas de sus familiares enterrados. No faltaban las ganas de contar anécdotas. En uno de los casos supimos, por ejemplo, que el requeté fue movilizado a la fuerza, puesto que descubrieron que escondía en casa a un militante del PNV. Sospechaban que lo habían liquidado “los suyos”, nada más llegar al frente. En otro caso nos dijeron que el fallecimiento se produjo al asaltar un ayuntamiento “rojo”, por el rebote de un disparo propio, y recordaban que el muerto, que era hijo de médico, había terminado la carrera de medicina (de arquitectura, según otras versiones) dos días antes. Otros familiares nos dijeron que ya habían solicitado la exhumación de su familiar años atrás, pero los regidores de UPN les dieron largas “y no hizo nada”.
Las exhumaciones se produjeron de manera rápida y eficaz. Paco Etxeberria abría una caja, y mirando los huesos decía “restos de un varón entrado en años, aquejado de artrosis”, y con las fichas en la mano veíamos que estaba hablando de Severiano Arregui Olalquiaga, de Puente, que cayó a la edad de 62 años en Lopera. Abría otra y decía “restos de un varón muy joven, aún en edad de crecimiento”, y veíamos que se trataba de Joaquín Sota Garayoa, de Tafalla, alistado a los 13 años y muerto a los 15 en el frente de Balaguer. Según nos dijeron, este Sota era hermano del célebre Chiquilín que, ya octogenario, animaba a Osasuna subido a lo alto de las vallas del Sadar. En una de las cajas apareció un elemento de brillo metálico que los forenses no reconocieron. Allí encontró su momentico de gloria quien esto escribe, puesto que pertenezco a una generación que hizo la mili: eran unos galones de cabo del ejército de tierra, recortados del uniforme e inhumados con su dueño.
El proceso culminó a las 02.45 h. del día 16, salvo para el caso del general Sanjurjo. Con la excusa de que querían realizar la exhumación con presencia notarial propia, fueron retrasando la hora hasta que, ya en la tarde del día 16, les comunicamos que si no se personaban para las 19.00 horas procederíamos con medios municipales. La caja se extrajo finalmente, y fue custodiada en la parroquia por el Jefe de la Policía Municipal en persona, hasta que ya de noche se la llevaron en una camioneta. El vehículo, discretamente custodiado por municipales de paisano, depositó los restos en ciertas dependencias de la calle Dormitalería, de cuya titularidad prefiero no acordarme, hasta que meses después supimos que habían sido trasladados al Panteón de Héroes de Melilla. En helicóptero, como el Caudillo.
Hacia las 20.00 horas del día 16 había terminado todo el proceso, y se había hecho de manera eficaz, profesional, ordenada, discreta y respetuosa. Tal y como nos habíamos propuesto. Claro que hubo y hay quien mostró su disconformidad, desde un punto de vista político e incluso religioso, pero nadie pudo poner en solfa la manera en que se había ejecutado. En estos días en que tanto se ha hablado de la exhumación de Franco, he podido oír muchas veces que era un día sin precedentes para la democracia, e incluso que se había hecho así porque no había otra manera de hacerlo. Y no es verdad. Lo demostró un ayuntamiento como el de Iruñea, pequeño y con medios muy limitados. Por todo ello, y toda vez que ni un solo medio estatal se ha acordado durante estos días de lo llevado a cabo en Pamplona en 2016 (peaje a pagar seguramente por tratarse de una alcaldía de EH Bildu), he decidido publicar estas notas, muy resumidas, como agradecimiento a los técnicos municipales, a la policía Municipal, al equipo de Paco Etxeberria y a la Sociedad de Estudios Iturralde. Eskerrik asko, bihotzez.
Y terminaré diciendo que, si alguien me preguntara si realmente los procesos de exhumación llevados a cabo en Pamplona y Madrid fueron tan diferentes como a simple vista parece, respondería sin dudar que sí, porque diferentes fueron las intenciones y los estilos de trabajo. Y un último dato: dicen que la exhumación del Caudillo ha costado 63.000 euros. La de Mola, Sanjurjo y 6 requetés costó exactamente 12.000 euros. Lo dicho, estilos diferentes.
Joseba Asiron, concejal y exalcalde de Pamplona (en Diario de Noticias)
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