Una filial de la energética Endesa trabaja a marchas forzadas en la instalación de dos parques eólicos que cambiarán para siempre el paisaje de Paradela (Lugo). Vecinos, políticos y expertos ofrecen una visión que dista mucho de la idílica realidad presentada en la campaña mediática de la empresa, y por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta, impulsora de la proliferación de parques eólicos que está sufriendo Galicia en los últimos años tras la imposición parlamentaria del PP de la Ley 5/2017, conocida como 'Ley de Depredación'.
Determinado ante lo que está por venir, Xan Valcárcel, empresario de turismo rural en el corazón de la Ribeira Sacra, ve cómo los 27 aerogeneradores que suman los dos parques en instalación de Enel Green Power España —Serra das Penas e Paradela— cambiarán para siempre su entorno y constituyen, según señala, una amenaza tanto para la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la zona como para el Camino de Santiago y el foco de atracción turística de uno de los mejores paisajes del rural gallego.
“El Ayuntamiento de Paradela tiene un gran potencial turístico pero lo tiene también en las explotaciones ganaderas, y todo esto se va a ver perjudicado con la implantación de los parques eólicos, que además están ocupando terrenos de muy buena calidad para la producción de forraje”, señala Valcárcel. “No estoy en contra de la energía eólica, pero es fundamental que las distintas administraciones dejen de cometer estos atropellos y solamente contemplen la instalación de parques eólicos como se hace en otros lugares, de un modo más racional, porque este tipo de proyectos no suponen ninguna renovación para los pueblos del rural en crisis demográfica, sino directamente su final”.
Valcárcel manifiesta su profundo rechazo a “la política de abuso” que está ejerciendo el Gobierno de Feijóo, amparándose en leyes aprobadas a medida para favorecer los grandes intereses empresariales: “La Xunta inició el procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Ribeira Sacra y apenas tres meses después agilizó las autorizaciones de los parques eólicos, acelerando al máximo su tramitación. ¿En qué cabeza cabe?”, manifiesta indignado.
Por su parte, Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea y portavoz nacional de Anova, considera en declaraciones a El Salto que la indignación de este vecino de Paradela está más que justificada desde la aprobación, sin consenso, de la Ley 5/2017 de fomento de la implantación de iniciativas empresariales, “una norma que acelera trámites y retira de modo premeditado cualquier tipo de obstáculo que pueda afectar a los intereses de las grandes corporaciones de los sectores eólico, minero y forestal, lo que al final va en contra de la riqueza natural de Galicia a costa de un enorme impacto paisajístico y ambiental”.
Para el diputado, “el modelo de sector eólico promovido por el Partido Popular es el modelo del expolio”. Sánchez señala además que este modelo “agasaja a los grandes inversores con el territorio, el viento y los beneficios producidos en un sector que supera anualmente una facturación de 600 millones de euros, donde más del 85% del capital invertido viene de las grandes eléctricas, bancos y fondos buitre”.
MAXIMIZAR BENEFICIOS
El viceportavoz de En Marea, que ha visitado las obras de instalación de los parques eólicos en Paradela, considera que, aunque en su momento Alberto Núñez Feijóo tuvo la oportunidad de girar hacia un modelo más social y ambientalmente sostenible, el presidente optó por no utilizar el viento para crear riqueza en el país o complementar las rentas de la gente del rural, sino para maximizar las cuentas de resultados de las cotizadas “pasando por encima del interés general y de los derechos de muchas personas afectadas por este tipo de proyectos, que sí dejan impactos pero que en poco benefician a las economías rurales”.
Desde la academia también hay voces críticas con el marco regulador del sector eólico en Galicia. Investigadores como Damián Copena, de la Universidad de Vigo, llevan años alertando de que las políticas llevadas a cabo en este ámbito por parte de la Xunta concedieron a las empresas importantes ventajas. Entre ellas destacan la declaración de utilidad pública y el derecho de expropiación, imposibilitando al mismo tiempo el desarrollo de parques eólicos comunitarios y la participación efectiva de los agentes locales en los procedimientos de planificación y decisión, lo que, según señalan, ha terminado por limitar de manera definitiva las posibilidades dinamizadoras de la energía eólica y sus posibles efectos positivos para favorecer el crecimiento a nivel rural.
Moncho Varela, en El Salto
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