La "revolucionaria" y generalizada bajada de impuestos propuesta por Vox en sus cien "medidas urgentes" de Vistalegre hay que tomársela con cautela, como todo lo que viene de esta formación. Entraña sin duda una caída de ingresos públicos inédita, pero ni es tan generalizada ni afecta por igual a toda la población. Todos los impuestos que se quiere reducir drásticamente o suprimir poseen un rasgo común: son impuestos directos. Salvo una rebaja de IVA a productos y fármacos infantiles y geriátricos, quedan intactos los tributos indirectos, que son los que, como nos enseñara Ramón Tamames en su clásica Estructura económica de España, "en relación a las rentas percibidas gravan proporcionalmente más a las clases media y trabajadora".
Se quiere suprimir el Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y la Plusvalía municipal. Que a Vox le traiga sin cuidado la pérdida de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales para prestar servicios a la ciudadanía es algo que ya no debería sorprender a nadie. Y los dos primeros tributos desde hace tiempo cargan con una nefasta reputación, en gran parte debida a la pereza mental de quienes deberían explicar su trascendencia para la justicia general del sistema y a la caótica y dispersa regulación normativa a la que los han llevado las Comunidades Autónomas, inmersas en una delirante e irresponsable competencia fiscal a la baja que a la larga a todo el mundo perjudica.
Hay reformas innegables que acometer en ellos. Lo que rara vez se confiesa por los partidarios de la supresión es a qué sector de la sociedad beneficiará que desaparezcan. El Impuesto sobre Patrimonio goza por lo general de un importe exento de 700.000 euros y del cálculo de su base se excluyen, entre otros bienes, la vivienda habitual por un valor de hasta 300.000 euros. No es, pues, a la gente humilde a la que castiga. Para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se han extendido entre las Comunidades elevadas bonificaciones que o bien eximen o reducen a lo simbólico el pago de cónyuges, ascendientes y descendientes. Los límites de caudal para las bonificaciones son muy altos, por lo que la pregunta que habría que hacerse es si de verdad resulta justo que quienes reciben en herencia, legado o donación un patrimonio multimillonario cuya creación no les costó esfuerzo alguno no aporten ni un céntimo al bien común.
En los dos principales impuestos directos del sistema se prevén rebajas muy sustanciales. Proponen una nueva reducción de cinco puntos en el tipo del Impuesto sobre Sociedades (hasta el 20% el tipo general y 15% para pymes), que se sumaría a la reciente rebaja del 30 al 25% y a otra anterior del 35 al 30%, con lo que el tipo general habría caído en pocos años quince puntos. Se acelera así la tendencia en la que ya llevamos lustros embarcados de rebaja fiscal a las empresas y de injusta redistribución de renta nacional del trabajo al capital, sin que −a la vista está− la sociedad coseche mejora digna de notar en empleo o en prosperidad.
Pero la joya de la revolución fiscal es sin duda la reducción a dos de los tipos de IRPF: 20% para rentas hasta 60.000 euros y 30% a partir de esa cuantía con un mínimo exento de 12.000 euros. En la versión más reducida del programa incluso se habla de un único tipo del 21% para cualquier nivel de renta.
Se trata de una idea, la de una tarifa plana en IRPF, que ha contado con tenaces partidarios en los dos grandes partidos políticos tradicionales de nuestro país, y que ha orientado las sucesivas reformas del tributo, haciendo que el mismo pase a lo largo de su existencia de unos treinta a los actuales cinco tramos, en camino inequívoco al tipo único. Se aduce que el mantenimiento de un mínimo exento permite conservar la progresividad, pues, tomando por ejemplo la propuesta de Vox de tarifa casi plana, una renta de 15.000 euros se gravará con el 20% de los 3.000 euros que excedan de 12.000 y una renta de 60.000 euros se gravará con el 20% de 48.000, lo que arrojaría un tipo medio de gravamen del 4% para el primer caso y del 16% para el segundo caso.
Pero el argumento tiene trampa. El juego de tipo único y mínimo exento en una economía real sólo puede alcanzar un grado muy limitado de progresividad. Si uno se toma la molestia de hacer una simulación sobre un número determinado de niveles de renta y va ensayando cambios en el tipo o en el mínimo exento, descubrirá que a medida que sube el mínimo exento se incrementa la progresividad pero se desploman los ingresos y según baja el mínimo exento se reduce la progresividad. Y siempre caerán más los ingresos de lo que se gane en progresividad y a la inversa.
No es difícil elaborar una proyección del impacto que la propuesta concreta de Vox tendría sobre los tipos medios de gravamen actuales. La hemos calculado para distintos tramos de renta entre los 20.000 y los 500.000 euros, tomando como referencia el mínimo personal y familiar vigente más bajo de 5.550 euros, aunque éste puede elevarse por cargas familiares y otras circunstancias, y los tipos marginales aproximados de la tarifa general del impuesto (19, 24, 30, 37 y 45%), que también varían ligeramente según Comunidad Autónoma.
La reforma de Vox llevaría a una reducción considerable del impuesto en todos los tramos de renta, pero la bajada aumenta a medida que aumentan los ingresos y es sensiblemente mayor en las rentas más altas, en las que se acerca a 15 puntos de descenso (la diferencia entre el marginal máximo actual del 45% y el 30% propuesto).
En un país en el que la crisis ha ocasionado un trágico ensanchamiento de las diferencias de riqueza, se nos presenta como reforma estrella el uso del principal impuesto del sistema tributario para ensancharlas aún más. Vox no cuantifica ni siquiera de manera aproximada la pérdida de ingresos que supondría su reforma, pero el más somero vistazo a las estadísticas oficiales de recaudación nos avisa de que sería colosal. Ya sabemos que para ellos toda pérdida de ingresos podrá sobrellevarse bien gracias a la milagrosa desaparición de las Comunidades Autónomas, que se diría permitirá hasta que a los calvos nos vuelva a nacer pelo. Pero si uno examina con seriedad las cifras, al margen de tópicos usuales en conversaciones de bar, verá que no es así. Según los datos aportados por la Fundación Civio, el coste de alta dirección de las Comunidades es de 747 millones de euros, lo que no compensaría ni la cuarta parte de la pérdida de ingresos por la desaparición del Impuesto de Sucesiones. Tampoco es tan seguro que la recentralización de competencias siempre suponga un ahorro. Así que, o bien vamos a un volumen de deuda y déficit insostenibles o a una liquidación de servicios públicos sin precedentes, o a ambas cosas a la vez. Y sabemos de sobra también a qué tramos de renta perjudica de manera principal el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas.
El conjunto de medidas propuestas por Vox conforman el mayor paquete de rebajas fiscales para los ricos de nuestra historia. En su orientación no hay nada nuevo; siguen la senda de lo que en este país se viene haciendo desde hace décadas: reducir impuestos directos, suprimir gasto social, eliminar controles públicos a la especulación financiera e inmobiliaria, privatizar… lo de siempre, la misma política que nos ha arruinado, acelerada y llevada al extremo. Tras el estímulo del odio a inmigrantes, comunistas o feministas, se oculta la vieja estrategia de salvamento de las élites corruptas que saquearon la riqueza pública. Y sus principales víctimas podrían llegar a ser las personas de clase media baja sinceramente asustadas por la incertidumbre de estos tiempos que se dejaron embaucar por unos nuevos vendedores de humo.
Ricardo Rodríguez, en eldiario.es
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