Rompo con esta carta la obligación que me impuse hace ya más de 13 años, cuando mi mujer Uxue Barkos decidió dedicarse a la actividad política. Entonces me comprometí conmigo mismo en no emitir opinión pública alguna sobre lo que a su alrededor pudiera suceder en forma de hechos o informaciones. Si hoy me salto aquella condición se debe a la necesidad que siento de compartir la experiencia de acoso e intento de derribo vivida por ella en los últimos 5 años. Lo hago desde la perspectiva de un profesional de la comunicación con casi 40 años de ejercicio, aunque sea obvio que no puedo desligarlo del daño causado a mi familia.
Esta persecución político-mediática se inició el 2 de mayo de 2013 mediante la publicación de una información en un periódico que le imputaba el cobro de dietas del Ayuntamiento de Pamplona inventándose reuniones. De la misma forma se le imputaba la falsificación de su propia firma, para lo que se llegó incluso a contratar un perito caligráfico. El sistema de cobro de dietas lo había aprobado la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, por entonces, presidenta del Gobierno de Navarra y fue ratificado por su sucesor como primer edil, Enrique Maya, ambos miembros de Unión del Pueblo Navarro. Por supuesto, pese a lanzarse sobre mi mujer tan graves acusaciones, el medio de comunicación en ningún momento se puso en contacto con ella para conocer su versión de los hechos.
Desde ese jueves de infausto recuerdo, 8 han sido las resoluciones administrativas y judiciales exonerando de responsabilidad alguna a Uxue Barkos en este caso inventado. En primer lugar, el propio Ayuntamiento de Pamplona, a través de informe de su secretario y después, la Fiscalía de la Audiencia de Navarra, el Tribunal de Comptos, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, en tres ocasiones -instrucción, sentencia y recurso- han demolido con sus resoluciones el falso caso de las dietas Barkos. Un paseíllo por distintas instancias judiciales, al que yo no he encontrado hecho similar con cualquier otro político. Y todo ello, mutando la adscripción de responsabilidades. Lo que empezó siendo una supuesta mentira y falsedad en documento público acabó siendo en el Tribunal de Cuentas, alcance contable por cobro irregular de dietas. Una acusación que se vertía sobre ella en exclusiva, cuando todos los concejales del Ayuntamiento de Pamplona cobraban dietas por el mismo sistema.
Si un medio de comunicación tiró la piedra y escondió la mano, una asociación de nombre tan pretenciosa en sus términos, Justitia et Veritas, como desconocidos sus impulsores y otras causas, puso cara a las demandas contra mi mujer. ¿Quiénes están detrás de esta persecución judicial? Imposible saberlo tras cinco años, pues, salvo el abogado de la acusación, un extraño personaje al que algunas informaciones vinculan a narcos colombianos, no ha habido forma de desenmascarar a los verdaderos instigadores de esta auténtica trama. Una vez más la mano escondida, una vez más la infamia del cobarde anonimato. Especialmente, cuando es evidente que quienes podían sacar partido político del caso conocían perfectamente la inocencia de la persona a la que se pretendía imputar. El silencio de los corderos es tan cómplice como el responsable desconocido.
El suplicio de soportar indefensa la sombra de sospecha de la difamación es uno de los sufrimientos peores que puede soportar una persona, especialmente, si se trata de alguien que por convicción está en política y, por tanto, ante el foco diario de la opinión pública. Ese sufrimiento se le causó a Uxue, con alevosía de inhumanidad, cuando estaba saliendo de un cáncer que había mermado considerablemente sus fuerzas. Algo que a nadie le era ajeno y era conocido porque ella en ningún caso quiso ocultar su proceso de batalla contra la enfermedad.
Todo este amargo episodio vital me deja en la obligación de acusar a cuantos por acción o por omisión de ponerse del lado de la verdad han contribuido al intento de linchamiento de una persona. En una sociedad del siglo XXI, algo así nunca más puede volver a ocurrir. Quienes creen que pueden someter a la sociedad a su juicio y sentencia político-mediática deben saber que los tiempos de La Regenta o de Dreyfus han pasado y están recluidos en el olvido. Nadie es más que nadie, ni nadie puede tener la potestad de hacer y deshacer en base a falsedades y difamaciones. La maledicencia provinciana quedó enterrada en el rincón de lo ultra hace tiempo. Por fortuna, vivimos en una sociedad abierta y plural, que mira hacia adelante y no quiere saber nada de los fantasmas y pesadillas del pasado.
Junto a la acusación, me queda la exigencia del reconocimiento por parte de los culpables. Aunque solo fuera por dignidad, alguien debería reconocer en los medios y partidos políticos que se apuntaron a este acoso que mi mujer es inocente. Pero sé que en los campos de la miseria no hay cabida para que la semilla de la valentía crezca. En el infierno de Dante, los fosos más profundos están destinados a los calumniadores.
Jesús González Mateos, periodista
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