José Luis Arasti, nuevo delegado del Gobierno en Nafarroa, se ve metido en aprietos por las maniobras de una Policía dirigida por un comisario favorecido por Fernández Díaz, bajo cuyo liderazgo medran grupúsculos reaccionarios. Buscan hacer de Arasti un títere, algo que ya lograron con Carmen Alba.
La excusa ha sido la demanda de justicia para Germán Rodriguez y los heridos de aquellos sanfermines de 1978. La Policía española intenta forzar un procedimiento contra los que pusieron en fachadas y balcones pancartas denunciando que la cargas de los grises de aquel año, en las que murió Rodríguez y hubo 11 heridos de bala, fueron un crimen de Estado.
El atestado policial es pura filfa. No hay caso o, al menos, resulta dudoso que un juez se avenga a abrir diligencias, según las fuentes consultadas por este periódico. Por eso la Policía no ha remitido las indagaciones a ningún juez. Frente a ello, optó por vestir de gravedad al caso llamando a los propietarios de los pisos a declarar a Chinchilla. Todos dijeron que no. Finalmente, una pareja aceptó después de que los policías insistieran por teléfono de que solo les llamaban «en calidad de testigos».
El efecto buscado se ha conseguido. El nuevo delegado del Gobierno del PSOE, José Luis Arasti, se ha visto en un doble brete. El Parlamento navarro le ha pedido comparecer, cosa que su predecesora, Carmen Alba, jamás hizo. Y mientras Arasti se decide entre imprimir un nuevo talante a la Delegación o el continuismo, Podemos ya ha solicitado que acuda al Congreso a dar explicaciones por la persecución a quienes demandan justicia y la desclasificación de secretos de los Sanfermines de 1978. Unos hechos que cometió una Policía oficialmente franquista, pero cuya denuncia constituye «injurias al Estado» para los policías de Chinchilla.
La primera reacción por parte de la Delegación fue un comunicado oficial que busca un equilibrio imposible. La Delegación trataba de justificar el proceder de los policías, pero a su vez definía oficialmente como «asesinato» la muerte de Germán Rodríguez. Es tan absurdo que, si lo que se va a investigar son supuestas injurias, la Policia tendría que investigar también a la propia Delegación, ya que calificar lo sucedido como asesinato es ir más allá que lo que decía la pancarta, que hablaba simplemente de «crimen». Y, para más inri de Arasti, EH Bildu ha registrado una moción en el Parlamento para cuestionar este comunicado de la Delegación y en la que se recuerda la petición unánime para desclasificar los papeles.
Los hombres en la sombra
Carmen Alba, la exdelegada, nunca controló a la Policía. Se dejó llevar y su mandato estuvo marcado por los recortes a la libertad de expresión y reunión. Jerárquicamente, quien está al mando es Daniel Rodríguez, jefe superior de la Policía en Nafarroa desde 2012. En una entrega de medallas en enero de este año –en la que estuvo presente GARA– Rodríguez arengó a los suyos para actuar contra aquellos «que quieren contar de otra manera la barbarie etarra». Y, en particular, al jefe superior los que más le preocupaban ese día son aquellos que cuestionan el relato oficial «desde las instituciones».
A este cántabro, los sucesos de los sanfermines de 1978 no le pillan demasiado lejos. Él estaba terminando la carrera en la Universidad Militar de Zaragoza. Según la primera entrevista que concedió a su llegada a Nafarroa, quien le imprimió «carácter y vocación» fue su padre, un militar franquista mutilado de guerra. Su primer destino fue Oviedo, adonde llegó como teniente de los antidisturbios. En los 80 reconoce haber cargado muchos fines de semana por las calles de la parte vieja de Iruñea. Y muy probablemente, acompañó en aquellas cargas a algunos de los grises de Sanfermines de 1978.
Según Eldiario.es, Rodríguez pertenece a un grupo de comisarios afines al PP favorecidos por el ministro Jorge Fernández Díaz. Este medio sostiene que el jefe superior de la Policía en Nafarroa llegó al cargo de forma irregular, pues no tenía titulación suficiente. No obstante, una maniobra de Eugenio Pino, líder fáctico del cuerpo con Fernández Díaz, habría permitido subsanar esta irregularidad en 2016, cuatro años después del nombramiento.
No obstante, Rodríguez no es el único elemento dentro del cuerpo cuya ideología choca con la que se presume al nuevo delegado. Los responsables del sindicato SUP en Nafarroa se destacaron el año pasado en una amarga polémica contra la periodista Cristina Fallarás. Los ataques del SUP Navarra contra Fallarás (por criticar la periodista unas pintadas fascistas en Otsaportillo) derivaron en amenazas de muerte anónimas. Acabó interviniendo la Asociación de la Prensa de Madrid. Ahora, la cuenta en Twitter del SUP Navarra se ha vuelto a activar al calor de la polémica en torno a Germán. Esta vez, para señalar a Ione Belarra (Podemos) por cuestionar la operación. La tratan de inculta y le animan a leerse la Constitución.
Además, uno de los últimos mensajes de la cuenta de Twitter de la filial navarra del SUP recoge la formación de un grupo que se opone a la retirada del recurso contra la Ley de Abusos Policiales del Parlamento de Gasteiz, del que forma parte el propio SUP junto con Covite y la AVT, así como otros sindicatos de policías. El mensaje reza así: «Cuando los políticos fanáticos quieren reescribir la historia ignoran el cumplimiento de la ley y las sentencias judiciales. Los políticos no pueden “rejuzgar” lo que un juez hizo en su momento. El PSOE no puede ser cómplice de los amigos de ETA, no retiren el recurso».Aritz Intxusta, en GARA
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