A Garbiñe Biurrun no le ha pillado de sorpresa las masivas y transversales movilizaciones de los pensionistas y las feministas que han tenido a Bilbao como epicentro. “Lo veía venir”, asegura, en parte por su mirada siempre puesta en lo que pasa en la calle y también por lo que olfatea en los juzgados de lo Social del Palacio de Justicia de Bilbao donde la magistrada tolosarra toma el pulso a la vida cotidiana, entre sentencia y vista judicial.
¿Siguen los trabajadores llevando en masa a los tribunales sus demandas por la reforma laboral?
-En estos momentos la litigiosidad ha descendido en la CAV, y está volviendo a niveles anteriores a la crisis, también la relacionada con la reforma laboral que fue una reacción a los despidos colectivos en gran número. Ha descendido mucho y sigue habiendo otras demandas vinculadas a la reforma laboral y las condiciones de trabajo, los convenios colectivos y la limitación de la ultraactividad. No es tan masivo como en tiempos de la crisis pero sigue habiendo algunas demandas. En estos momentos las demandas son más variadas, hay bastantes en materia de reclamación de diferencias de indemnización por la extinción de contratos temporales.
¿Por qué ha bajado esa combatividad de los asalariados: por el final de la crisis o porque los trabajadores tragan con todo?
-No lo sé. Los jueces solo conocemos la patología, esto es, el problema o el mal. Solo espero que todo trabajador que tenga una reclamación lo haga y, si no lo hace, que no sea por miedo. Yo animo a todos los trabajadores a que reclamen todos sus derechos.
La litigiosidad parece que se está trasladando al movimiento feminista y de los pensionistas. ¿Le ha sorprendido?
-Son dos movimientos muy transversales que abarcan a toda la sociedad porque nos afectan a todos, mujeres y hombres, ya que están demandando otra manera de organizar nuestras vidas y derechos. En el caso de los pensionistas, también afecta a mucha gente ya que están implicados los directamente aludidos pero también aquellos que en el futuro van a ser pensionistas. No me ha sorprendido porque ya se veía venir. En la CAV, en Nafarroa e incluso en España el ambiente estaba muy caliente porque había reivindicaciones históricas como el fin de la violencia machista y de la brecha salarial, la conciliación laboral y la corresponsabilidad de la familia que han supuesto el detonante para estas movilizaciones.
El Ararteko tiene dudas de que la subida del 0,25% de las pensiones sea legal. ¿A usted qué le parece?
-También lo creo así, como no es legal ni constitucional el actual salario mínimo interprofesional. Tampoco me parece legal mantener las pensiones por debajo del salario mínimo porque la Constitución dice que los poderes públicos garantizarán la suficiencia a las personas de la tercera edad mediante pensiones periódicamente actualizadas. A mi juicio, hay que actualizarlas con arreglo al coste de la vida, al índice de precios al consumo. Hacerlo por debajo de ese nivel no garantiza esa suficiencia que dicen garantizar.
Podría pensarse que la Ley de Seguridad Ciudadana achanta a los ciudadanos a la hora de salir a la calle a manifestarse. Sin embargo, esto no pasa con los pensionistas ni con el movimiento feminista. O sea, que esa ley no está paralizando a la ciudadanía.
-En estos sectores es evidente que no. Afortunadamente no veo ninguna intención de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana a los pensionistas como si lo están haciendo con raperos, tuiteros proactivos y otros grupos que se expresan de una determinada manera. No creo que nadie tenga el valor de actuar contra los pensionistas.
¿Está la ‘ley Mordaza’ limitando la libertad de expresión de la ciudadanía y propiciando un Estado policial?
-De todos modos esta ley ha servido para contener la contestación social de una parte de la población, normalmente joven, que con frecuencia pone el dedo en la llaga de muchos de los problemas del país. El hecho de que el mundo del arte y los cantantes estén trasladando determinadas ideas de una manera concreta tampoco es casual.
¿Se debe poner algún límite a quienes desde las redes sociales se dedican a insultar o enaltecer la violencia?
-Hace unas pocas semanas hemos tenido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que corregía y condenaba al Estado español y dejaba claro que quemar una fotografía del rey no es delito y entra dentro de la libertad de expresión. Estrasburgo entiende que la libertad de expresión ampara también el insulto porque no hacerlo socava uno de los pilares del Estado democrático. ¿Dónde está el límite? Hasta donde se incite a la violencia, ahí pondría yo la frontera. Otro límite es la incitación al odio a colectivos minorizados, aunque en este caso yo lo matizaría porque decir que yo odio a un determinado colectivo, no creo que suponga un delito de odio.
¿Por qué suscribió el manifiesto contra la prisión permanente revisable?
-Me parece que la prisión permanente revisable es un eufemismo para referirse a la cadena perpetua, que es lo que esconde ese término. Una pena de esa naturaleza contraviene la Constitución porque es inhumana y somete a la persona a un trato degradante y eso lo prohíbe la Constitución. La mayoría de los expertos de todo el mundo consideran que a partir de los 15 o 20 años de prisión la personalidad se desestructura porque pierde la capacidad de decisión, la libertad de pensar y de ir tomando decisiones cotidianas.
¿Dificulta la reinserción?
-No solo la dificulta sino que es totalmente contraria a la reinserción porque una persona que ha perdido esa capacidad de decisión difícilmente va a poder reinsertarse en una sociedad que le va a exigir posicionamientos, decisiones, trabajo… Además, en el caso español, la Prisión Permanente Revisable prevé la primera revisión de la pena a los 25 años de estancia en la cárcel. Es un horizonte muy lejano para la reinserción, ya que la personalidad queda muy debilitada.
¿Podrían de alguna manera los y las juezas impedir o limitar esa norma, si se aprobara?
-Es complicado. Si cae a juzgar un delito sancionable con la prisión permanente revisable, de ahí no te puedes salir. En la calificación del delito sí que puede haber un margen, pero eso sería trampear, calificar un delito de una manera distinta para evitar la prisión permanente sería complicado.
¿Los recibimientos a presos de ETA o miembros de la banda fallecidos deben tener un reproche penal o entran dentro de la libertad de expresión?
-Creo que no debieran tener un reproche penal porque entran dentro de la libertad de expresión aunque estén ensalzando a una persona que ha cometido terribles delitos. No se está produciendo ningún aliento ni incitación a la comisión de otros delitos.
¿No suponen hurgar en la herida de las víctimas?
-A mí personalmente no me gustan nada este tipo de actos y menos aún que se digan que no son homenajes cuando vemos que incluso les bailan un aurresku y homenajeando a alguien públicamente y en la calle. Comprendo el dolor de las familias y amigos de las víctimas asesinadas por los homenajeados. Aunque suene contradictorio, yo estaría a favor de que el ayuntamiento hiciera una declaración que dijera que recibe a este o cualquier otro expreso que regresa a su municipio después de cumplir su condena y deseándole que se integre y rehaga su vida.
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