Como seguramente conocen en Avenida de Galicia, con Patxi Zamora me tomé un par de cafés hace unos años. Que ambos teníamos interés por desvelar las cívicas mangancias es algo sabido. Es también notorio que no nos une ni el ideario político ni muchas visiones sobre la sociedad. Con esto quiero decir que la afinidad que tenga con él no pasa de reconocer que ha hecho mucho para que se evidencie uno de los episodios de mayor decadencia de la Navarra actual, lo que vengo en llamar el expolio social de la Caja. Aquellos fatuos que amenazaban con querellas a quien cuestionara su decencia no han sido capaces de demandarle por “El banquete”, tácito reconocimiento de que lo que Patxi cuenta es sustancialmente veraz. Hace unas semanas me habló de lo ocurrido con la retirada de la tarjeta que le permitía acudir a su puesto de trabajo. Por resumirlo: necesita un pase de seguridad para acceder al interior de los aeropuertos, única vía de entrada al avión en el que presta servicio como tripulante de cabina. El pase lo concede la Guardia Civil, y sin él es imposible ejercer su empleo. Un día, sin ninguna explicación, se le retira la acreditación y ello supone su despido. Cuando me lo contó tardé en entenderlo. No podía -y sigo sin poder- imaginar que por la gracia de un uniformado con mando en plaza, sin que se hayan objetivado motivos, sin que se haya instruido ningún expediente, sin que se haya informado convenientemente al afectado, sin que se le haya permitido aportar sus alegaciones, sin garantía ninguna en el procedimiento y con tajante discrecionalidad, a un ciudadano se le retire la posibilidad de cumplir con sus obligaciones laborales.
Han pasado ya varias semanas desde que el caso se hizo público y siguen faltando las mínimas explicaciones. Hace días pregunté a una persona que tuvo una alta responsabilidad política en el Ministerio de Interior, y me dijo que era un asunto muy extraño. Lo que es objetivo e irrebatible es que un cuerpo policial ha actuado de manera alevosa, y en mi opinión fuera de toda licitud desde el momento en el que adopta una decisión sobre un ciudadano sin explicarla y sin atención a sus derechos civiles. Es imposible no pensar que estamos ante un acto no sólo irregular en su esencia, sino probablemente corrupto. Cuando yo sufrí el asunto aquel de la muralla fui detenido ilegalmente por la Guardia Civil. La Constitución dice que a un diputado no se le puede detener si no es en caso de delito flagrante, y mi completa absolución demostró que en aquel lugar no se estaba cometiendo ningún delito. Aquella detención fue objetivamente ilegal, y tuvo como consecuencia directa la liquidación instantánea de mi derecho a la representación política, justo lo que se trata de proteger con la inmunidad parlamentaria. Si no he puesto una demanda contra el Estado es porque debo pasar página y ocuparme de mis asuntos profesionales. Pero aquello constituyó un caso de bien organizada actuación policial en contra de una persona, a la sazón representante público, y no en vano 22 guardias civiles participaron en el operativo que condujo a mi detención. No tengo duda de que ocurrió sin que fueran conscientes de ello ni la Delegación ni nadie del Gobierno, por lo que he de deducir que quien lo organizó en la sombra disponía de algún sucio lazo con la impropiamente llamada benemérita institución. Imposible olvidar los vínculos del departamento de seguridad de la desaparecida Caja con mandos de la Guardia Civil, o la biografía política entre uniformes de alguno de aquellos fantoches que la hicieron desaparecer. No quiero establecer comparaciones entre mi caso y lo que ahora le ha ocurrido a Patxi, pero las coincidencias son excesivas.
Para completar el cuadro y entenderlo todo, contemplemos también la algarabía de algunos. Uno de los más cretinos ha sido el presidente de UPN, cuando dijo que “Nos extraña que se le dé bombo y platillo al despido del portavoz de Kontuz”. O es un problema de cortedad, o es connivencia. Lo grave no es sólo que alguien haya sido despedido, sino que el despido sea causado por una actuación policial notoriamente irregular. A Esparza le satisface que un cuerpo armado pueda ejercer un poder autónomo, no dedicado a la defensa de la ley sino al servicio de los inconfesables maridajes que atan a algunos de sus mandos. Le debe gustar la idea de vivir en un sórdido estado policial, no en un estado de derecho. Él sabrá por qué.
Santiago Cervera, en Diario de Noticias
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