Para el supremacismo español, heredero ideológico de la intolerancia del cristiano viejo, la pretensión de otras nacionalidades, como la catalana o la vasca, a ser reconocidas como naciones en igualdad de derechos, resulta insoportable. Hoy como ayer se ha asegurado una superioridad normativa, dotándose de un rango constitucional que considera a la nación española como patria común, indisoluble e indivisible (art. 2 CE), versión de un ibérico “Spanien über alles”. Y para que nada cambie, la ley electoral diseñada en las Cortes franquistas ha hecho del Senado un coto para el votante castellano-andaluz, quintaesencia del nacionalismo hispano y dominante en la mayoría de circunscripciones provinciales, desde donde puede bloquear reformas o activar el artículo 155.
Así, para mantener la supremacía de la “nación de naciones”, versión made in Spain del misterio de la Santísima Trinidad, España siempre podrá recurrir, según convenga, a la ley o a la Guardia Civil (o al TC, dotado desde 2015 de competencias exprés para suspender a cargos públicos e imponer sustituciones ejecutivas).
Para el nacionalismo español, la voluntad catalana de someter a referéndum la creación de un Estado resulta inasumible. No quiere recordar que España no se configuró como un Estado democrático sino como un patrimonio familiar, consecuencia de guerras, matrimonios y herencias a finales de la Edad Media. No está dispuesto a que en el siglo XXI la ciudadanía pueda decidir sobre sus vínculos estatales o sobre su identidad nacional. Para impedirlo mantiene una campaña propagandística, judicial y mediática, por tierra, mar y aire. Aunque por representatividad demográfica en cualquier debate a seis uno de los invitados debiera ser catalán, el soberanismo, mayoritario en el Principat, no tiene apenas voz ni presencia en los medios españoles. Por el contrario, algunos de los opinadores más casposos de la capital del reino cuentan con asientos reservados para reafirmar urbi et orbe el dogma de la única nación verdadera y denunciar el desafío radical, ilegal y antidemocrático del independentismo.
Al tiempo que la desconexión catalana se preparaba y la ruptura institucional de la Generalitat iba in crescendo, el nacionalismo vasco optaba por llegar a acuerdos con el Gobierno español. Tras el fracaso del órdago a mayor del revolucionarismo patriótico y la derrota político-militar del MLNV, la estrategia jeltzale para acceder a mayores cotas de autogobierno y bienestar (EBB dixit) consiste en jugar a pequeña en una suerte de mercadillo donde se intercambian votos por competencias. En Sabin Etxea parece firmemente asentada la convicción de que un empoderamiento gradual, que no hace ascos a que el PP continúe al frente del Gobierno español o a compartir con el PSE diputaciones y ayuntamientos, es la única opción política real. Que las asimetrías españolas son demasiado grandes, o que por su pequeña dimensión y características socio-económicas Euskadi podría competir mejor como Estado europeo que como región española, son consideraciones, por el momento, irrelevantes ante el afán por acomodarse a un quimérico Estado plurinacional.
Sin embargo, la creciente interdependencia entre Estados o el peso creciente de las grandes corporaciones y de las organizaciones internacionales en el marco de la globalización hacen que la cuestión de la estatalidad y de la presencia internacional resulte cada vez más importante. Aunque los Estados hayan perdido peso en tanto que poderes soberanos, disponer de un Estado resulta muy relevante para cualquier comunidad política, porque la estatalidad es una llave que da acceso a la esfera internacional y a la participación en organizaciones donde se adoptan o legitiman las principales orientaciones político-económicas y se encauzan grandes inversiones y proyectos estratégicos. La estatalidad procura reconocimiento y visibilidad. No disponer de un Estado que ampare a una comunidad nacional, como le sucede a Euskadi o Catalunya, implica un esfuerzo agónico para no resultar ninguneadas y poder atraer recursos. Hasta la presente generación, la movilidad de la información fue muy reducida y la esfera internacional apenas tenía presencia en el día a día de la población. Hoy, por el contrario, habitamos en una esfera transnacional donde la dimensión estatal es alquimia identitaria. El deporte, donde el supremacismo español bloquea otras selecciones nacionales, es un ejemplo ilustrativo de cómo, se trate de fútbol o de golf, de ciclismo, de pelota vasca o de la Universidad del País Vasco, los códigos identitarios estatales determinan ante el mundo las identidades individuales o colectivas. En consecuencia, en lugar de una ikurriña aparecerá vía satélite la bandera española o Spain en lugar de Basque Country como denominación de origen. Poco importa que quienes se identifiquen exclusivamente con la bandera e identidad nacional española sean en Euskadi o Catalunya una minoría.
Pero el supremacismo no solo tiene que ver con un negacionismo u ocultamiento nacional, sino con imponer límites al ejercicio de la democracia de otras comunidades políticas. Dado el carácter patrimonial del Estado que exhibe el nacionalismo español, la ciudadanía vasca solo puede decidir sobre aquellas materias que no se hayan reservado a nombre del poder central en favor de la nación española. Y como el ejecutivo y legislativo central se han convertido en la voz representante de la población vasca en la UE, los poderes del Estado han jibarizado el autogobierno hasta asemejar la autonomía a una franquicia de gestión ejecutiva. Al carecer de representación en los foros internacionales o europeos, donde se adoptan muchas de las decisiones que condicionan las políticas internas, las mayorías políticas vascas resultan inoperantes y son sustituidas por otras. Hoy, uno de los mayores desafíos pendientes para la sociedad vasca es disponer de un reconocimiento y participación en la esfera global, donde el nacionalismo español pretende que siga siendo invisible.
Al transmutar la identidad vasca o catalana en particularidades españolas o francesas, el supremacismo también ha procurado una minorización cultural que induce a que la población crea que formar parte de España es un destino universal o que a pesar de tratarse de un Estado parasitado por la corrupción le irá mejor que por cuenta propia. A considerar que pagar un Cupo para mantener la monarquía, el ejército y la Guardia Civil, el servicio diplomático o Radio Televisión Española es un trueque beneficioso, o en fin, a interpretar que vivir como un pecio nacional en un arrecife político-cultural es disfrutar de un privilegio.
Iñigo Bollain, en DEIA
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