Lamentablemente, para la mayoría de la ciudadanía española de hoy, Julian Grimau no les dirá nada, porque lo que se denominó como transición intentó tapar la mayoría de los crimenes del franquismo, por eso conviene recordar, para que la memoria permanezca viva, y que el pueblo conozca su historia, porque un pueblo que desconoce su historia, está condenado a repetirla.
Julian Grimau fue un dirigente del Comité Central del Partido Comunista de España que, después de estar exiliado en Latinoamérica y Francia tras la guerra propiciada por el golpe de estado contra la República, regresó en 1959 clandestinamente para reorganizar el PCE, en su lucha contra la dictadura y por la democracia en España.
El 7 de noviembre de 1962 fue detenido en Madrid y llevado a la Dirección General de Seguridad situada en la Puerta del Sol de Madrid, donde hoy se encuentra la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde fue salvajemente torturado y, esposado, arrojado de cabeza desde la ventana de una de las salas de torturas situada en la segunda planta, a la calle del Correo, lo que le produjo fracturas del craneo y de las muñecas.
El 18 de abril de 1963 se celebró el juicio militar contra Julian Grimau, en el que no se le acusó por su trabajo clandestino en España desde su retorno en 1959 hasta su detención en 1962, sino por supuestos hechos ocurridos durante la guerra provocada por los sublevados contra la República.
En el juicio militar actuaron personas que no eran letrados, como por ejemplo el fiscal, Manuel Fernández Martin, quien nunca había estudiado derecho, actuando como defensor el abogado militar Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi, el único con formación jurídica en la sala.
Para dicho abogado, nombrado de oficio por el Tribunal Miltar, el juicio era nulo de pleno derecho (de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época y aún sin saber que el ponente era un impostor). Los delitos de torturas no fueron probados porque los testigos de la acusación declararon que conocían los crímenes del acusado “de oídas”, es decir a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse.
Esa farsa de Tribunal decretó la pena de muerte para Julían Grimau. Contra dicha sentencia se produjeron miles de movilizaciones a nivel mundial solicitando su indulto, entre ellos el Papa Juan XXIII, y John Kenedy, presidente de EEUU. En el Consejo de Ministros que dio el visto bueno a la ejecución se encontraba entonces como ministro de Información el ínclito Manuel Fraga Iribarne, fundador del PP.
53 años después del asesinato, el “Estado Democrático Español” aún no ha reconocido la ilegalidad del juicio, ni ha rehabilitado a Julian Grimau como mártir de la dictadura en su lucha por la democracia y el socialismo en España.
Mientras en España no se reconozca la ilegalidad de todos los juicios sumarisimos del franquismo, y no se rehabilite a todas las personas asesinadas, muchas de ellas enterradas en cunetas y tapias de cementerios, la democracia española no podrá ser considerada como tal.
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