El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tafalla, ha valorado la sentencia que ordena restituir la militancia de su concejal Albina Prieto, aunque la cree "insuficiente" en el caso de su compañero Juanjo Martínez, para quien la juez no admite la demanda contra el PSN.
La sentencia responde a la demanda de ambos ediles, elegidos elegidos en la lista del PSN y expulsados del partido por participar en órganos de gobierno municipales con EH Bildu, que litigaron contra la dirección del partido "por violación de sus derechos constitucionales".
La sentencia anula la expulsión del PSN de Albina Prieto y condena al PSN a su readmisión como militante, si bien rechaza la readmisión de su compañero Juan José Martínez, quien, al contrario que su compañera, formó parte de la Junta de Gobierno junto a EH Bildu, si bien ambos integraban comisiones informativas.
Así, el Grupo Municipal Socialista de Tafalla dice valorar "muy positivamente" la sentencia estimatoria de su demanda por cuanto restituye a Albina Prieto en sus derechos como militante "que nunca jamás debieron ser soslayados" por los órganos de dirección del partido, a quienes entiende que "la sentencia deja muy mal parados".
Entienden, sin embargo, "insuficiente" el resultado alcanzado en los tribunales en la medida que, "sin cuestionar la decisión judicial", los mismos derechos a los que se refiere el punto anterior "han sido conculcados" en Juanjo Martínez, "que siempre actuó de común acuerdo" con Albina Prieto, con el comité local de Tafalla y con la asamblea de afiliados de Tafalla.
Entienden que la sentencia reafirma "la inexistencia de directriz alguna válidamente otorgada por órgano competente del partido" sobre su actuación junto a EH Bildu, "que el partido en ningún momento ha podido aportar fehacientemente al proceso".
Todo ello empuja al Grupo Municipal a "considerar seriamente el más que probable recurso de apelación que se presentará en los próximos días".
Además, el grupo estudiará además la petición de responsabilidades, "tanto internas dentro del partido por el evidente daño a la imagen del mismo a partir de una decisión inconstitucional arbitraria e injusta de sus órganos de dirección", como de orden civil e incluso penal por los daños y perjuicios ocasionados a estos afiliados.
También exigen de la secretaría general del Partido la "inmediata asunción de responsabilidades políticas por parte de las personas implicadas en los órganos de dirección del partido", y particularmente del secretario de política municipal, Ramón Alzórriz.
Entienden que con esta actuación "han demostrado su nula capacidad de liderazgo y su escandalosa incapacidad en la gestión de un problema menor generado en el seno de una agrupación", al que se ha tenido que dar solución en sede judicial con una condena por violación de derechos fundamentales al partido.
Diario de Noticias
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