Las familias de los 12.000 alumnos de entre 3 y 12 años que estudian varias asignaturas en un idioma extranjero (inglés, alemán o francés), hasta un 40 % de su horario semanal, van a contar por fin con una evaluación pública del PAI, según han acordado GB, EH Bildu, Podemos e IE. El personal docente también se va a beneficiar de esta evaluación, después de años de loca carrera hacia adelante, a la que el ya exalcalde de Iruña quería incorporar para el curso próximo un centro de PAJ, en japonés, al que tenía pensado llamar Yamaguchi, según dijo en televisión. Destinatarios: el alumnado de ámbito rural y de barrios preferentemente, que así no caerán en los modelos con euskera.
Hemos vivido años difíciles, padeciendo una política de hechos consumados impulsada por un gobierno en minoría. Las familias han recibido una propaganda oficial en la que se les ha prometido que sus hijos acabarán su escolaridad siendo bilingües en inglés, pero sin concretar en qué momento y hasta qué nivel se van a ir produciendo los progresos en dicha lengua. Mientras tanto en las casas han ido comprobando las dificultades de sus hijos por culpa del PAI, al precisar unos apoyos que nunca hubieran necesitado si la escolaridad hubiera transcurrido en su lengua materna o en un modelo de inmersión (80 % del horario). Los hijos han tenido que usar libros de texto dobles (en castellano e inglés), a veces de cursos inferiores al suyo dada la dificultad, y han perdido nivel de contenidos en las áreas mientras se han desmotivado con el inglés. Finalmente la salida que ven a la situación es pasar a la clase de castellano, porque no podían seguir un ritmo que ha acabado por segregar al alumnado.
El profesorado también ha padecido una situación complicada, en primer lugar por los esfuerzos ímprobos que ha realizado para que se minimicen los perjuicios para el alumnado. En la red pública centenares de maestros funcionarios se han visto perjudicados porque han sido desplazados o han perdido su destino, caso único en Europa, donde la escolaridad transcurre en los idiomas propios. Menos de un tercio de los puestos de trabajo de PAI están cubiertos por personal estable, y como no hay personal con una capacitación adecuada, UPN recurrió a argucias como el DF 37/2014, dando habilitaciones transitorias y rebajando el requisito lingüístico o permitiendo impartir docencia sin tener la titulación. Mientras tanto prescindió de los auxiliares de conversación en inglés para no pagarles el seguro. En la concertada decenas de profesores han recibido un ultimátum para sacarse en un plazo determinado el título de inglés, sin ningún apoyo. Mientras, trabajan en un PAI con el que no están de acuerdo.
Nosotros llevamos muchos años oponiéndonos públicamente a este despropósito, y vemos con satisfacción que la resistencia al PAI va madurando. ELA ha puesto una demanda judicial ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJN. En ella alegamos que las cinco normas que implantaron los PAI vulneran varios artículos de la Constitución y de las leyes orgánicas educativas, por atentar contra el derecho a la educación en sus expresiones de derecho de participación de la comunidad educativa en la programación general de la enseñanza, y derecho a la autonomía de los centros educativos, así como por atentar contra la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, al haberse introducido con ausencia total de sustento técnico y de racionalidad. También alegamos que nunca se han presentado las bases pedagógicas de los PAI, y los resultados de las evaluaciones de su implantación son un secreto, y el Gobierno no ha buscado la opinión de los expertos a la hora de elaborar el proyecto de estas normas. Además incumple la Ley del Vascuence, que dispone que el alumno “recibirá la enseñanza en la lengua oficial que elija”, y el inglés no es lengua oficial aquí.
Al igual que lo hicieron en las islas, esperamos que nuestros tribunales también pongan las cosas en su sitio, de hecho han desestimado la solicitud del anterior gobierno para que inadmitiera nuestra demanda. Mientras tanto, el nuevo gobierno tiene ante sí la quijotesca labor de desfacer semejante entuerto. En Baleares el PSOE ha derogado fulminantemente estos programas en cuanto el electorado le ha aupado al poder. Aquí también se podría hacer, antes de que sea tumbado por los tribunales, aunque el cuatripartito ha optado por una moratoria, dado el éxito que hay que reconocer a UPN por haber conseguido extender la idea de que esto era la panacea como “rescate de la red pública”, o para acabar con nuestra supuesta incapacidad de aprender idiomas extranjeros. Alcaldes, concejales y parlamentarios admiten en privado que el PAI es un desastre, pero lo siguen impulsando porque aún piensan que “se vende solo” y “da votos”.
El cuatripartito tiene que lograr que se visualice su apuesta de siempre por el aprendizaje de idiomas extranjeros con calidad, estableciendo un sistema que permita que todos los alumnos logren un nivel homologable con Europa al acabar la escolaridad. A la par ha de abrir un debate plural y con participación de expertos, docentes, resto de la comunidad educativa, sindicatos y partidos, sobre las lenguas en el sistema educativo, cuáles (propias y extranjeras), en qué momento, cómo, por qué y para qué, destacando las ventajas de nuestro bilingüismo de cara al aprendizaje de lenguas extranjeras. Y finalmente tiene que hacer pública la evaluación del PAI, contrastando los datos de las evaluaciones de la última década, de alumnos de centros con y sin dicho programa. Desde nuestra convicción de que la moratoria sólo puede concluir con la derogación de este programa y la adopción del modelo europeo de aprendizaje de idiomas extranjeros, en esta labor nos tendrá a su lado, pues a todos nos interesa tener un sistema educativo que capacite a nuestros alumnos para desenvolverse en el siglo XXI.
Ander Pascual y Juan Pedro Urabayen, en Diario de Noticias
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