El sindicato CGT acaba de recuperar en los tribunales el derecho a gestionar el monte del pueblo pirenaico de Ruesta, un núcleo deshabitado desde que el franquismo se lo llevó por delante a golpe de expropiación para construir el pantano de Yesa y que, aunque lleva décadas adscrito al municipio de Urriés (Zaragoza), fue entregado hace casi tres décadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a la central sindical para que esta lo recuperara instalando un centro de vacaciones.
La cesión de pueblos deshabitados por la construcción de pantanos a sindicatos para recuperarlos tiene otros episodios en Aragón como ocurre con Morillo de Tou y con Ligüerre de Cinca, ambos en el prepirineo oscense y donde gestionan sendos centros vacacionales CCOO y UGT desde finales de los años 80.
Estos dos últimos pueblos murieron a finales de los años 60 con la construcción de los embalses de Mediano y de El Grado, en el Cinca, que obligaron a emigrar a más de 1.200 vecinos de quince localidades, mientras las obras de Yesa expulsaron a 1.850 habitantes de Ruesta y otras nueve poblaciones, víctimas de un desarrollismo que también desplazó a otros 460 de seis poblaciones de la ribera del Gállego, a un millar y medio de ocho en el Noguera Ribagorzana, a 435 de otros dos en el Ésera, a 150 en el Guadalope, a más de 2.000 del medio centenar de pueblos del valle de La Solana junto al Ara y otros 5.000 largos en Mequinenza y Fayón, en el Ebro.
Esa desgarradora herida territorial y demográfica de la montaña aragonesa, con más de 11.000 desplazados y un centenar de pueblos condenados a muerte, la mayoría de ellos sumergidos bajo unos embalses cuyo beneficio también emigraría, en este caso al llano y a las zonas industriales en forma de regadíos y kilovatios como certeramente describe La Ronda de Boltaña (“sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad”), comenzó llegada la democracia a remover conciencias y a poner sobre la mesa la urgencia de una reparación que nunca se ha terminado de completar.
Mientras tanto, sigue habiendo zonas como La Galliguera, cuyos pueblos resurgen al socaire del turismo de aventura al tiempo que conviven con la amenaza del embalse de Biscarrués.
En ese escenario, que incluye la recuperación de otras localidades como Búbal, reconstruido gracias a unas estancias de estudiantes que rondan el millar y medio anual, Griébal, cedido a los boy-scouts, o Puy de Cinca por la Uaga, el primer sindicato inscrito en la democracia, en 1977, la CHE acuerda a finales de 1988 ceder a CGT el núcleo de Ruesta y las “tierras circundantes”.
Hoy hay allí, en sendos edificios rehabilitados, dos albergues que frecuentan los peregrinos del camino de Santiago, militantes del sindicato y de organizaciones afines y turistas en general y una casa de la Cultura donde, entre otras actividades, CGT organiza sus escuelas libertarias.
También había un cámping, pero este ha tenido que cerrar como consecuencia de las obras del polémico recrecimiento del pantano de Yesa, cuyas aguas lo inundarán si un día terminan, las laderas se estabilizan y la presa resiste.
Sin embargo, la amenaza del recrecimiento de Yesa no es el único problema con el que se ha encontrado CGT en Ruesta. “Con el tiempo hemos ido viendo cómo se ha ido haciendo uso del terreno por decisiones de secretarios y de alcaldes”, explica José Manuel Muñoz, secretario general del sindicato, que anota que “tenemos problemas con la caza, con la explotación maderera y con la agricultura. Aquí cada cual ha ido haciendo negocio a su aire”.
La CHE optó en 2010 por reformar el acuerdo de cesión de 1992, que completaba otro de 1988, lo que en la práctica suponía recortar los terrenos que gestiona al sindicato en medio centenar de hectáreas y dar carta de naturaleza a la ‘okupación’ por parte de cazadores, agricultores y silvicultores. Eso dio lugar a un pleito de casi una década en el que los tribunales han acabado dando la razón a la CGT.
“Había ido retrocediendo el ámbito de la cesión un poco ‘por el alma de la abuela’, hasta que la CHE lo redujo drásticamente”, indica Paula Hormigón, la abogada que ha defendido los intereses del sindicato, que añade que “desde 1992 había habido muchos ‘cambios de cromos’. Confederación alegaba que inicialmente había entregado tierras de más, que no habían sido expropiadas, a CGT y defendió que eso había sido un error material que debía rectificar, pero el Supremo nos ha dado la razón, porque lo que hizo era una valoración jurídica, y volvemos a la situación inicial”.
La cesión incluía “el antiguo casco urbano, edificaciones, monte y choperas que circundan el poblado, y que en su día formaron parte del término municipal de Ruesta, siendo expropiados con motivo de la construcción del embalse de Yesa”, recoge la Sala Tercera del Supremo en su sentencia, en la que anota cómo en 2007 el sindicato pidió explicaciones a la CHE ante la “constancia de la cesión de parcelas agrícolas a los ayuntamientos de Sigüés, Artieda y Mianos, y que se estaba produciendo una explotación agroganadera, cinegética y maderera llevada a cabo en el ámbito de su cesión por entidades públicas y privadas ajenas” a la organización, que pretendía “evitar los posibles conflictos por la confusión en la asignación de derechos y obligaciones de las distintas entidades”.
Confederación respondió que, según la información del Catastro, “varias fincas incluidas dentro del perímetro de la cesión a CGT no fueron expropiadas” cuando se construyó el embalse, lo mismo que otras cedidas a propietarios de los cercanos pueblos de Urriès y Los Pintanos, lo que tuvo como consecuencia que “la superficie cedida ha sufrido una disminución respecto a la definida inicialmente”. Eso, a pesar de que el documento de cesión de 1992 “menciona de forma reiterada que se trata de parcelas expropiadas”.
En realidad, la CHE había retirado parcelas tanto expropiadas como no expropiadas y añadido otras que sí lo habían sido pero no figuraban en el traspaso inicial, lo que lleva al Supremo a concluir que “la determinación de las parcelas expropiadas y cedidas aparece, con carácter general, como sumamente confuso”, y a anular la corrección de 2010, con lo que el pueblo vuelve a la situación de 1992.
“Estamos abiertos a hablar, y la sentencia sienta las bases para que podamos hacerlo”, indica Muñoz, que apunta que el sindicato tiene “no tiene interés en las tierras pero sí en el núcleo de Ruesta. Queremos ordenar los usos y saber quién explota la caza, la madera y los campos. Ahora es un descontrol, un desbarajuste”.Y, en este sentido, el sindicalista señala los tres puntos clave para cerrar un acuerdo sobre el aprovechamiento del monte: un nuevo cámping, rehabilitar el edificio de la iglesia, cuya bóveda está hundida, para ubicar en ella una sala de conferencias y transformar en un hostal la casa de Lacadena o El Chocolatero.
Eduardo Bayona, en Público
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