Hubo un tiempo en el que Guatemala pensó que las cosas podrían ser diferentes, que era posible una institucionalidad que no dependiese de militares ultras, empresarios voraces y políticos corruptos.
Con el triunfo de Alejandro Giammattei en las elecciones del domingo ese ciclo aperturista se cierra definitivamente. El país centroamericano entra en un proceso de restauración que permitirá las élites tradicionales seguir al frente sin temor a ser perseguidos por instituciones como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la agencia contra la corrupción de la ONU desmantelada por el gobierno de Jimmy Morales.
El nuevo presidente deberá gestionar también el acuerdo firmado por su antecesor para convertir a Guatemala en «tercer país seguro» para migrantes.
En la última década, Guatemala experimentó una curva que fue desde el optimismo y la esperanza hasta la más absoluta apatía. En 2013, Efraín Ríos Montt, el dictador militar entre 1982 y 1983, fue condenado por genocidio, aunque luego la justicia ordenaría repetir el juicio por cuestiones técnicas.
Tres años después, Otto Pérez Molina, también militar, aunque presidente por las urnas, tuvo que renunciar y fue encarcelado por corrupción. Las protestas que forzaron su dimisión fueron conocidas como la «primavera chapina» y concluyeron con las elecciones que dieron el triunfo al actual jefe de gobierno, Jimmy Morales.
El antiguo cómico que se presentó con el lema «ni corrupto ni ladrón» dio un giro a sus objetivos cuando sintió que la Cicig lo investigaba, en 2017. Pasó de defender los trabajos de la agencia de la ONU a declararle la guerra y, sobre todo, puso al país al borde de la quiebra institucional por sus continuos desacatos a la Corte de Constitucionalidad.
En los dos últimos años se vivió una pugna entre el denominado «pacto de corruptos», los diputados aliados de Morales, y una sociedad civil debilitada, cuyas movilizaciones fueron progresivamente perdiendo peso. Si hace dos años la plaza de la Constitución se colapsaba para protestar contra un acuerdo que blindaba la impunidad de los políticos, apenas un puñado de descontentos se concentró frente a la residencia presidencial para denunciar el acuerdo con Estados Unidos.
Es el producto de políticas autoritarias, militarización de la vida pública y la herencia de un conflicto armado (1960-1996) en el que los uniformados arrasaron el tejido social.
Alejandro Giammattei es un digno sucesor de Morales. Su partido, Vamos, tiene apenas año y medio desde que se constituyó y entre sus aliados están los militares y los empresarios de siempre.
El presidente electo será recordado por su gestión al frente de prisiones entre 2005 y 2007, en tiempos de Óscar Berger, una época en la que el Estado organizó grupos paramilitares y ejecuciones extrajudiciales.
Él mismo estuvo diez meses en la cárcel por su responsabilidad en la denominada «operación Pavo Real», un operativo con el que el Gobierno dijo querer recuperar el control de la cárcel de Pavón, pero terminó matando a siete presos.
El nuevo presidente es un reflejo de la Guatemala que ostenta el poder: blanca, conservadora, cercana a grupos evangélicos, contraria al aborto y al matrimonio igualitario y defensora del «manodurismo» para hacer frente a la violencia.
En realidad, la oferta de Giammattei tampoco era tan diferente de la de Sandra Torres, que cambió la socialdemocracia por el conservadurismo para llegar a la misma conclusión: el rechazo que genera es un trampolín para sus rivales. Quizás por esa falta de alternativas la participación fue tan baja: apenas un 40%, la menor desde la firma de los acuerdos de paz.
Hoy, las élites tradicionales (empresarios, militares, políticos), respiran aliviados: la primavera chapina fue un espejismo.
Alberto Pradilla, en GARA
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