Hace cuatro años nueve militantes de la organización Causa Galiza eran detenidos por la Guardia Civil. El coro mediático se felicitó por el «duro golpe» a un «brazo político». Hoy, con la prohibición de actividad y la acusación de «pertenencia terrorista» desaparecidas, el montaje se desinfla y muestra cuál era su fin: atacar su proyecto político.
Reinterpretando el famoso poema atribuido al genial dramaturgo Bertolt Bretch, aunque su autor fue el pastor protestante alemán Martin Niemöller, primero fueron a buscar a los vascos, y en octubre de 2015 fueron a por los miembros de la organización independentista y socialista Causa Galiza, cuya labor siempre fue pública y legal.
Es una historia tristemente familiar para el independentismo de Euskal Herria. Operación comando –bautizada como Operación Jaro– de la Guardia Civil, nueve militantes detenidos en sus domicilios o cuando se dirigían hacia el trabajo, espectáculo mediático, y la práctica totalidad de los medios de comunicación que operan en Galiza, con el diario de mayor difusión a la cabeza, “La Voz de Galicia”, reproduciendo el relato de la Guardia Civil.
Una versión según la cual las nueve personas detenidas constituirían el «brazo político» de una supuesta organización armada llamada Resistencia Galega. La sentencia mediática fue inapelable y la presunción de inocencia, abolida. El Delegado del Gobierno español en Galiza se felicitó en la televisión autonómica por la «desarticulación» y el «duro golpe al terrorismo». Tras las detenciones, las nueve personas fueron conducidas en coches camuflados al cuartel de Tres Cantos. La investigación policial se centró en las funciones legales y públicas de los militantes, nunca en actividades ilegales.
Pertenencia y enaltecimiento
La puesta a disposición judicial se hizo ante el juez Eloy Velasco, de infausto recuerdo para cientos de abertzales, muchos de ellos presentados ante él totalmente destrozados tras ser torturados. El juez imputó a los independentistas gallegos «pertenencia a banda armada» y «enaltecimiento del terrorismo», e impuso a Causa Galiza, como «medida cautelar» una «suspensión de actividades», lo que implicó una ilegalización de hecho por el período de un año.
En diciembre de 2016, Velasco, a instancia de la defensa de los militantes, levantó esta «suspensión de actividades» y devolvió su estatus legal a lo que doce meses antes aparecía como el supuesto «brazo político» de una organización armada. Si bien la medida apuntaba al desmontaje del proceso político-judicial, Velasco mantuvo las imputaciones de «pertenencia» y «enaltecimiento», ahora a título particular de todas y cada una de las personas encausadas.
El pasado 1 de julio, cuando la investigación se encaminaba a los cuatro años, la Audiencia Nacional eliminó también la imputación de «pertenencia a organización armada», dando un paso más, aparentemente definitivo, en la deconstrucción del montaje policial. Sin embargo, el mismo auto que desmonta el relato inicial de la Guardia Civil, mantiene el delito de «enaltecimiento» expresado en un sumario esperpéntico en el que los homenajes a la Revolución Gallega de 1846, las tentativas de Causa Galiza de agrupar el movimiento independentista y la crítica del marco jurídico-político español, aparecen como «pruebas del delito».
Situación actual
El proceso político-judicial contra Causa Galiza provocó la indignación de amplios sectores de la sociedad gallega, con el pronunciamiento público de decenas de partidos y organizaciones políticas, sindicatos, movimientos juveniles, asociaciones feministas, ecologistas, etc. y la celebración de movilizaciones de apoyo a la organización independentista y de reclamación de su retorno a la legalidad. El principal sindicato nacional, la CIG, y el BNG, conforman parte de la lista de entidades que en su día levantaron la voz contra el atropello policial y judicial.
La Guardia Civil activó en junio de 2017 una Operación Jaro II, en esta ocasión contra Ceivar, el organismo anti-represivo y de solidaridad con los presos y presas independentistas gallegas, que es una de las prácticas políticas que, ahora, aparecen en el centro de la diana judicial. Ahora llega la hora de la verdad: el juicio en la Audiencia Nacional contra doce independentistas gallegos y gallegas por un supuesto delito de «enaltecimiento», con posibles penas de prisión de 1 a 3 años, es inminente.
Mikel Zubimendi, en GARA
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