Miguel Sanz reconoció ayer ante el Parlamento que crearon un órgano sin funciones en Caja Navarra con el objeto de cobrar dinero. El expresidente admitió y explicó con detalle que la función de la polémica permanente era que él, Yolanda Barcina y Álvaro Miranda percibieran más por dietas que el resto de la Junta.
Sanz soltó la bomba pasadas las cinco de la tarde. Ese órgano del de Caja Navarra del que nadie tenía conocimiento, la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, se creó para que él (que era el presidente del Gobierno de Nafarroa), Yolanda Barcina (alcaldesa de Iruñea) y Álvaro Miranda (exconsejero de Economía) percibieran más dinero en concepto de dietas. Ocurrió durante el interrogatorio de Arantxa Izurdiaga, la abogada de Kontuz que denunció el caso y que ahora es parlamentaria por EH Bildu.
Hay que irse atrás en el tiempo, hasta 2010. La CAN tenía que limpiarse de políticos pues se encaminaba a un proceso de fusiones que culminaría con su salida a Bolsa. Este proceso de despolitización impedía la presencia de cualquier parlamentario o miembro del Gobierno en los órganos oficiales de una entidad, hasta entonces, dirigida por el presidente de la Comunidad. Era la única entidad donde sucedía esto.
Los estatutos de la CAN de 2010 crearon entonces un nuevo órgano sin funciones, cuya existencia justificaron con potestades testimoniales: seguimiento de lo que estaba sucediendo en la entidad y emisión de «informes no vinculantes». Este órgano se llamó Junta de Entidades Fundadoras y ahí recalaron concejales de Iruñea y parlamentarios de UPN y PSN. Además de Sanz, Barcina y Miranda, cobraron de ese organismo Ana Elizalde, Javier Caballero, José Iribas, Alberto Catalán, Carlos García Adanero, Samuel Caro y Roberto Jiménez.
El conocimiento de las dietas de Junta de Entidades Fundadoras –donde se celebraban reuniones fragmentando el orden del día para cobrar dietas dobles y, en varias ocasiones, triples– supuso un escándalo. Sin embargo, el origen del caso CAN no estuvo ahí, sino en el descubrimiento de que existía un órgano al margen de esta Junta donde también se percibían dietas y que Sanz puso a funcionar antes incluso de que apareciera en documentos oficiales.
Si ya la JEF era una filfa sin funciones, la Permanente sí que parecía no tener ninguna razón de ser. De ahí que Izurdiaga le preguntara: «¿Por qué se creó la Permanente?». Y Sanz lo explicó. Aclaró que decidieron montar la Permanente de la JEF por «la imposibilidad de cumplir con el acuerdo de la Comisión de Retribuciones». El objetivo era, por tanto, económico: ganar dinero. La idea era establecer «una diferenciación entre lo que cobraban en la Junta de Entidades Fundadoras los miembros que se habían trasladado del Consejo de Administración pero que no formaban parte de la Ejecutiva de la entidad de los que sí formaban parte».
Es decir, de todos los políticos que dejaban la entidad había tres que estaba en la Ejecutiva y, por tanto, acudían a más reuniones y ganaban más. Y eso había que mantenerlo de alguna manera pese a la despolitización. Sanz atribuye la idea de una Permanente a los «servicios jurídicos de la entidad». Apunta, por tanto, a Alberto Pascual y Amaya Rández, las dos únicas personas que fueron citadas a declarar a la comisión de investigación pero se negaron a hacerlo, por temor a las consecuencias que les puede acarrear. Sanz señaló a Pascual como convocante de las reuniones. Según dijo, él únicamente fijaba el día en función de su agenda.
La juez María Paz Benito, mientras duró el caso de las dietas, ya se dio cuenta de esta distinción entre los miembros de la Permanente y el resto. Por ello, cuando testificaron los miembros de la JEF lo hicieron en calidad de testigos y, los miembros de la Permanente, como imputados. Además de a Sanz y Miranda, dio esta condición a Enrique Maya. No obstante, es cierto que este último lo hizo después de que el chiringuito se montara y solo acudió a las últimas reuniones, pues el alcalde de Iruñea era miembro nato (las entidades fundadoras de CAN son el Gobierno y el Ayuntamiento de Iruñea).
El caso de las dietas acabó cerrándose después de que la juez Benito enviara una explicación motivada al Tribunal Supremo solicitándole que quitara el aforamiento a Yolanda Barcina para que pudiera interrogarla a ella también. El Supremo se negó y la investigación se archivó. De ahí que Izurdiaga se quedara perpleja por la revelación de Sanz y le pidiera que aclarara que el objetivo era retributivo. Sanz lo confirmó con rotundidad. Izurdiaga, insistió: «¿Era solo para las dietas?». En ese momento, Sanz se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba revelando con detalle. Muy nervioso, lo negó todo. Era ya tarde.
Izurdiaga le recordó cuál fue el motivo del archivo. El Supremo consideró que no había cohecho impropio porque, aunque los políticos estaban en la CAN por sus cargos institucionales, entendía que actuaban dentro de la entidad como consejeros y no como políticos. Una distinción que tiene «alta dosis de refinamiento y sutileza jurídica», según el dictamen que hizo posteriormente el Parlamento de Nafarroa en un informe que leyó Izurdiaga cuando Sanz se refugiaba, con feroz insistencia, en que era ya cosa juzgada.
En líneas generales, Sanz no tuvo un buen día. Por la mañana, Koldo Martínez (Geroa Bai) consiguió arrinconarle con preguntas sobre la compra de acciones de Tenaria al grupo La Información, propietario de “Diario de Navarra”. Martínez aseguró que falta documentación sobre el importe de esas acciones y anunció que requerirá estos datos antes de que se cierre la comisión. Sanz, que al principio no recordaba nada, cuando vio su firma en uno de los documentos autorizando la operación, recuperó súbitamente la memoria y dijo que La Información no ganó mucho.
Luis Zarraluqui, el comisionado de UPN, intentó cortar a Martínez en varias de ocasiones, viendo que el expresidente de su partido no conseguía zafarse. Una fue particularmente cómica, pues cuando Martínez le preguntaba a Sanz por las compras de terrenos, Zarraluqui propuso dejar su ordenador con los datos. Tuvo que intervenir Unai Hualde, presidente de la comisión, reprendiendo a Zarraluqui por ese intento.
El expresidente también tuvo lagunas cuando se le preguntaba por la operación de Oesia. Al inicio desconocía de qué le estaban hablando. Martínez le refrescó los datos. La CAN perdió 93 millones (el 100% de la inversión) en esa empresa que compró a Cajasol unos meses antes de la fusión. De repente, el expresidente sacó de entre sus apuntes una frase el informe pericial del Banco de España que se elaboró para el proceso que sigue vivo en la Audiencia Nacional, en la que decía que había valoraciones de terceros que avalaban el dinero pagado por esa participación en Oesia, pese a que no valían nada.
Para entender todo lo ocurrido en CAN resulta capital que Sanz diera por buena la conversación en el restaurante de Las Pocholas en las que se trató la fusión de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y Caja Ahorros de Navarra (de la que nació la CAN) en 2001. En aquella comida, Javier Taberna (presidente de la Cámara de Comercio) dijo lo siguiente: «El año que viene ganamos las elecciones, fusionamos las cajas y Kiko director general». Sanz validó esta frase, si bien aseguró que de lo único que conocía a Enrique [Kiko] Goñi era de haberse tomado un café con él.
Martínez le leyó también actas en las que se discutía que Goñi entrara a la caja rompiendo por lo alto los criterios de remuneración. Sanz aseguró que Goñi era un directivo muy deseado por otras entidades al que había que blindar.
Aritz Intxusta, en GARA
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