Si alguna vez compra usted un periódico en Castilla y León o en Castilla-La Mancha; si por casualidad ve usted la televisión autonómica de Castilla “La Vieja” o de Navarra…si por lo que sea circula por las carreteras castellanas del norte y sintoniza la radio, o lee en una agencia de noticias una información determinada, que sepa que la mayoría de los contenidos de esa prensa, radio y televisión los suministra un recluso y un expresidiario, propietarios en la actualidad de la mayoría de los medios de comunicación escritos de Castilla y León y Castilla-La Mancha: Michel Méndez Pozo, que estuvo en la cárcel por corrupción urbanística, dueño de Promecal y Promecam, entre otros emporios mediáticos, y José Luis Ulibarri, preso en la actualidad por su participación en la Operación Enredadera, y amo y señor del grupo de medios de comunicación Edigrup, son los dos “ciudadanos Kane” que controlan la información de las dos Castillas.
Méndez Pozo y Ulibarri, curiosamente “enemigos íntimos” y contrincantes en los negocios, fueron “condenados” por el todavía presidente del Gobierno de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a entenderse y a fusionar sus intereses mediáticos, nunca los millonarios procedentes del ladrillo, para hacerse con las riendas de la televisión pública de esta comunidad, que desde 2010 a la actualidad ha recibido de las arcas autonómicas la friolera de 180 millones de euros, a pesar de su escaso 1,7 por ciento de share de pantalla.
Las rotativas castellanas
Y es que Herrera, que de tonto no tiene ni un pelo, comprendió desde el principio que la unión de estos dos constructores sólo podría beneficiarle, ya que entre ambos concentran 16 periódicos y 30 emisoras de radio, repartidas entre las dos Castillas, siendo Promecal y Promecam, grupo perteneciente a Michel Méndez Pozo, el de mayor impacto mediático, ya que a los periódicos de Castilla y León hay que añadir las cinco cabeceras que cuenta en Castilla-La Mancha, unas veces apoyando al PP, otras al PSOE, dependiendo siempre del color del gobierno de Toledo.
Pero Ulibarri no se queda atrás, ya que manda y ordena en cinco periódicos de Castilla y León, siendo dueño y señor de la edición de El Mundo en esta comunidad y contando directamente con el control de 16 emisoras de radio a través de su grupo mediático Edigrup. Nadie en ninguna comunidad tiene tanto poder como Méndez Pozo y Ulibarri tienen en las dos Castillas.
Cómo es posible, entonces, que un preso y un expresidiario, señalados por los casos más conocidos de supuesta corrupción urbanística, hayan conseguido ese emporio mediático, además de numerosas concesiones del Gobierno autonómico de Castilla y León. Pocos pueden entender, salvo los benefactores, que estos dos individuos, salpicados constantemente por la mala praxis empresarial, puedan ser receptores de licencias de radios y televisiones públicas, y mucho menos beneficiarios de subvenciones de dinero público para llevar a cabo sus constantes y diarias manipulaciones.
Por cierto, los 16 periódicos propiedad de estos dos “angelitos” no se han enterado de los casos de corrupción Gürtel y Enredadera que tienen a José Luis Ulibarri imputado y en prisión preventiva. Y es que el periodismo de investigación pasa por sus horas más bajas en las dos Castillas.
Cómo no: Cospedal entra en escena
Pero ya se sabe: nunca hay que poner todos los huevos en el mismo cesto. Y eso, tanto Pozo como Ulibarri lo conocen a la perfección. Mientras que el leonés, hoy encarcelado, hacía negocios en Valencia, donde el Gobierno de Camps le concedió trece licencias de TDT, gestionadas a través del grupo Mediamed, más tarde en quiebra y “regalado” a la excandidata del PP castellano-manchego, Laura Rodríguez Doñate, el burgalés, hoy expresidiario, hacía su agosto particular en Castilla-La Mancha adquiriendo el periódico La Tribuna y editando una cabecera en cada una de las cinco provincias castellano-manchegas, además de poner en marcha una televisión local que tuvo que cerrar por falta de audiencia.
Y no por falta de dinero, ya que de la “tarta” mediática repartida por la entonces presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal (2011-2015), el “jefe”, como es conocido en Castilla y León, logró la nada desdeñable cantidad de cinco millones de euros para su holding mediático, dentro de lo que se llegó a conocer como “CospeLeaks”, o lo que es lo mismo: 22 millones de dineros opacos que la exsecretaria general del PP repartió entre los medios de comunicación manchegos próximos a sus planteamientos e ideología.
Huelga decir que José Luis Ulibarri también se llevó su pellizquito de tierras castellano-manchegas, ya que Cospedal concedió a Aralia, empresa integrante del holding de Ulibarri que controla una veintena de centros geriátricos, la gestión de una residencia de ancianos en la localidad toledana de Mora, construida y dotada en su totalidad por el Gobierno castellano-manchego cuando estaba presidido por el socialista José María Barreda, y que el magnate leonés explota a través de un negocio de 34 millones de euros.
A esto el PP le llama emprender.
El Plural
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