Los alcaldes de Trebiñu y Argantzun, Elena Ramírez y Roberto Ortiz de Urbina, comparecieron ayer ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para reclamar «algún sistema» que propicie la integración efectiva en Araba. «Queremos desbloquear mediante vías legales la situación que padecemos desde hace siglos», remarcaron tras explicar los problemas derivados de su pertenencia a Burgos.
Según detallaron, el dominio impuesto por la Junta de Castilla y León ha provocado que muchas personas se empadronen en Gasteiz para tener acceso a los servicios que presta la Diputación foral de Araba y el Ejecutivo autonómico. En este sentido, recordaron que la practica totalidad de los jóvenes de entre 16 y 25 años están empadronados en la CAV para poder recibir una educación en euskara y tener acceso a las becas de educación. Y lo mismo ocurre con los ancianos, que se ven obligados a abandonar un enclave que «carece de servicios. «Nacemos en Vitoria y morimos en Vitoria», señaló Ortiz de Urbina.
Por su parte, Ramírez señaló que para poder recibir asistencia médica los niños y niñas tienen que ir hasta Miranda de Ebro, y algunos vecinos y vecinas tienen que viajar hasta Valladolid, a cientos de kilómetros, para poder recibir tratamientos especiales que podrían ser prestados en centros sanitarios de la CAV. «Se nos excluye», manifestó antes de hablar del mal estado de las carreteras, del mal funcionamiento de las telecomu- nicaciones y de los problemas medioambientales a los que deben hacer frente los ayuntamientos, que en numerosas ocasiones han mostrado su deseo de formar parte de Araba.
En este sentido, la regidora advirtió de que la pasada legislatura el Parlamento de Gasteiz remitió al Congreso una proposición de ley que tenía por objeto impulsar una modificación de los límites territoriales para permitir la unión de las ocho cuadrillas alavesas. Una posibilidad que fue rechazada por PP y PSOE. «Dejaron el asunto sobre la mesa y sin resolver», apuntó, y recordó que el pasado 14 de junio la Cámara autonómica aprobó un texto en el que se propone la creación de un grupo de trabajo con todas las instituciones implicadas que lleve a cabo una propuesta de resolución.
Posturas enfrentadas
Esta idea fue defendida ayer por el senador del PNV Jokin Bildarratz, quien remarcó que «todos los presentes tenemos que tener la voluntad de constituir un grupo que analice la realidad del enclave para que esta se corresponda con la legalidad», en alusión a la integración en Araba. Un objetivo compartido por Jon Iñarritu, de EH Bildu, que hizo hincapié en que la reclamación de los vecinos y vecinas es «justa y legítima».
En el lado contrario se situó María Begoña Contreras, senadora del PP, que habló de las inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en Trebiñu y Argantzun,y puso en valor los convenios firmados entre Araba y Burgos. Algo que también hizo Marcelino Iglesias, del PSOE.
Jon Salgado, en GARA
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