GUERRA SIN FIN EN EL BAJO CAUCA

Nuevamente el Bajo Cauca está en crisis. Es un territorio en disputa y ahora aumentaron los grupos armados que quieren ejercer el control. Ya no se dan los enfrentamientos con las guerrillas, sino entre estos grupos herederos del paramilitarismo. Y más allá de un asunto de orden público, hay graves problemas sociales. El cultivo de coca aumenta y con ello la persecución, las amenazas y la muerte. La minería sigue depredando esta región a grandes velocidades, las multinacionales quieren sacar el oro lo más pronto. 

El 3 de mayo se realizó en Medellín una audiencia de garantías sobre la región del Bajo Cauca con líderes e instituciones del Estado para que dieran soluciones a la situación. Esta audiencia se realizó con el Proceso Social de Garantías que lleva más de diez años articulando asociaciones campesinas, sociales, estudiantiles, ambientales y demás para organizar el trabajo y hacerse escuchar. La tarea principal ahora es impulsar la mesa de garantías que hace dos años se instaló en el departamento, pero que muy poco efecto ha tenido.

La respuesta de las instituciones no fue nada nueva. Cada dependencia tratando de limpiarse las manos, incluso la Secretaría de Gobierno del Departamento echó la culpa de la crisis a las mismas comunidades, o el problema de la droga a las familias. Al Gobierno le ha quedado grande ocuparse de los territorios abandonados.

“El conflicto entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Caparrapos era la gota que faltaba para que se derramara el vaso y mostrara la gran crisis humanitaria que hay en el Bajo Cauca. Para la institucionalidad el tema de grupos armados es de negocios, de narcotráfico y (dicen que) no tienen ninguna intención de perseguir a líderes. Esa no será su principal intención, pero si la gente se atreve a denunciar sus vidas corren riesgo. Y antes de que ellos denuncien, ya los grupos armados han enviado mensajes para que los líderes se refieran a cualquier problema social dentro del territorio, menos a la presencia paramilitar”, dice Johan Giraldo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad.

En Tarazá el año pasado asesinaron 37 personas y en lo que va corrido de este año ya van 56 homicidios. En Cáceres en el 2017 fueron asesinadas 17 personas y este año van 27.

Líderes de cada municipio mostraron un panorama de lo que viven y de los nuevos temores que surgen.

Caucasia

Hay toque de queda desde las seis de la tarde. Líderes amenazados por redes sociales. Los campesinos deben pagar impuestos cada mes: por una gallina, mil pesos: un cerdo, cinco mil pesos; vaca o caballo, diez mil pesos. Las flotas están siendo amenazadas. Asesinatos a mototaxistas por no pagar impuestos. Hay fronteras invisibles. Cinco líderes perseguidos y amenazados. Hace más de tres meses vienen parando el liderazgo social, no se reúnen en la junta de acción comunal, no hacen marchas. Ya se han hecho varios informes alertando a la institucionalidad pero no hacen nada, la Gobernación no presta atención. La gente no puede moverse dentro de sus veredas.

Cáceres

La violencia está instalada hace mucho rato en esta región. Grupos armados controlando la vida y los territorios. En marzo de 2017 la Defensoría del Pueblo sacó una circular con una alerta temprana y nadie hizo nada. Hoy estamos viendo las consecuencias y la zozobra aumenta. Hay que pagar impuestos hasta por las ayudas que llegan del Gobierno. Hay un panfleto que amenaza a todo el que tenga cercanía con la Fuerza Pública, la gente tiene miedo. Hay cinco líderes de la mesa de víctimas y otros siete líderes sociales amenazados. A principio de enero se desplazaron 1.645 personas al casco urbano. La gente no retornó, regresó porque no fue atendida por el Gobierno. No dormimos porque cualquier ruido es una amenaza de que alguien va a llegar. La vida en la región parece no valer. El Bajo Cauca no puede ser el patio trasero de Antioquia, tiene que ser la ruta de desarrollo. No solo necesitamos presencia militar, necesitamos inversión.

Tarazá

En la vereda La Esmeralda, corregimiento La Caucana, quedaron unas casas averiadas por el enfrentamiento entre grupos armados, por suerte los campesinos habían salido de allí. En Tarazá se está implementando el programa de sustitución voluntaria de coca, el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, pero no hay garantías de seguridad. Hay compañeros que han liderado el programa de sustitución y se han tenido que ir de las veredas por amenazas. Es evidente la disputa entre los grupos armados y las barreras invisibles que no son tan invisibles porque bajando de Tarazá a Cáceres se ve la frontera que es donde se hacen los mototaxistas y la gente tiene que hacer trasbordo. Hay toque de queda a las siete de la noche. Nuestra organización ha sido estigmatizada y los mismos grupos nos han mandado a decir que la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca tiene que desaparecer y seguro es porque el oro blanco (coca) se les está acabando.

Valdivia

A un lado del río están las disidencias de las FARC, al otro lado está el ELN, más hacia abajo se están enfrentando Caparrapos y Gaitanistas. Aparte de eso tenemos el megaproyecto Hidroituango. Todo esto nos ha creado múltiples problemas. Hay cuatro líderes que tienen orden de asesinato, no sabemos quiénes son, lo que sí les puedo decir es que el 25 de marzo nos encontrábamos cuatro líderes sentados en una caseta de Puerto Valdivia y la Policía interceptó una llamada donde daban la orden de asesinar a uno de los cuatro que estábamos allí. Cuando la Policía llegó ya todos nos habíamos ido. Cuando hicimos la minga agraria en Valdivia tuvimos una amenaza de las AUC, donde nos decían que si parábamos un carro en el proyecto minero-energético había muertos. El miércoles (2 de mayo) las comunidades salieron a protestar en Puerto Valdivia por las afectaciones de la represa que ya está empezando a inundar y fueron asesinados dos compañeros del Movimiento Ríos Vivos. Los grupos armados piden listados de los socios de las juntas de acción comunal.

El Bagre

En El Bagre se vive una tensa calma en lo referente a los enfrentamientos que antes se presentaban, eso no quiere decir que hayan mermado los asesinatos. Un excombatiente de FARC fue asesinado en Puerto Claver. También el jefe de seguridad de Mineros SAS. Siguen las extorsiones a los comerciantes y ganaderos. A varios líderes de asociaciones campesinas los han amenazado y no los dejan mover a ninguna vereda. Además está llegando un nuevo grupo que es el cartel de Sinaloa y ya se están enfrentando entre ellos mismos. Lamentamos que la Fuerza Pública se haga la de la vista gorda, cuando tiene toda la logística para combatir estos grupos. Por hacer esta labor de denunciar nos persiguen.

Bibiana Rodríguez, en Agencia Prensa Rural