El consejero de Salud navarro, Fernando Domínguez, acusó ayer al PP de retirar el derecho a la salud a la población en situación irregular como política migratoria. Nafarroa denuncia que Madrid ha actuado con arbitrariedad a la hora de llevar a los tribunales a Comunidades Autónomas por buscar alternativas para no excluir a los inmigrantes.
El Gobierno navarro entiende que Madrid supeditó la sanidad universal al diseño de su política migratoria. Domínguez compareció en el Parlamento para explicar cómo Osasunbidea va a atajar el problema suscitado por la sentencia del TC que anula la ley navarra con la que se estaba manteniendo la sanidad gratuita a las personas en situación irregular, y fue muy crítico con Mariano Rajoy. Denunció que el Decreto 16/2012, que excluyó a los inmigrantes sin papeles de la sanidad pública, ha generado un caos en todas las autonomías, pues todas han buscado métodos alternativos distintos para no tener que cumplir. Domínguez aseguró que el Ministerio de Sanidad nunca debió transigir ser usado de esta manera.
El consejero navarro añadió que Madrid ha tenido una política arbitraria a la hora de llevar al Constitucional a unas autonomías sí y a otras no por este motivo. Domínguez se mojó y nombró el caso concreto de Murcia, un territorio gobernado por el PP que mantiene asistencia a la población inmigrante, e incluso ha habilitado medidas para paliar el medicamentazo sin que por ello le hayan llevado a los tribunales. Según expuso el consejero, en Murcia se han limitado tan solo a dar una «instrucción» para continuar atendiendo a esta población. Frente a este caso, todos los recursos ante el TC por medidas similares han sido contra territorios «de distinto color político» al del central, como la propia Nafarroa, la CAV, Extremadura o el Pais Valencià.
Esta actitud «errática y arbitraria» ha acabado generando desigualdad y, hoy día, existen comunidades con más derechos sanitarios reconocidos que otras. Por todo ello, técnicos del Gobierno navarro han elaborado un informe que llevarán a la próxima reunión interterritorial analizando cómo ha quedado la situación a nivel estatal. En esa cita, Domínguez se ha comprometido a exigir la derogación del Decreto 16/2012 que excluyó a los inmigrantes de la sanidad, porque además de ser inmoral, está mal elaborado.
Según explicó, la norma cambia el concepto de ciudadanía sanitaria por un sistema de seguridad social y obliga a los inmigrantes a contratar un seguro para poder ser atendidos. Sin embargo, la prestación a esas personas no se paga con el dinero del seguro, sino con los impuestos corrientes, por lo que la figura no tiene sentido.
Este seguro se fijó por parte del Estado en 60 euros mensuales para los menores de 65 años, cifra que se elevaba a 125 para quienes superaban esa edad. Además, el planteamiento era contradictorio, pues los inmigrantes sin permiso no pueden trabajar y, por tanto, no pueden conseguir ese dinero de forma lícita.
En cuanto a qué estrategia sigue Nafarroa para garantizar la asistencia a este colectivo cifrado en 5.684 personas, el consejero aclaró que se les ha eximido del pago del seguro, pero ya no por motivos sanitarios, sino de índole social, para que no caigan en su exclusión. El consejero recordó que el garantizar una atención sanitaria gratuita e universal constituye el punto primero del Acuerdo Programático en materia de Salud.
Aritz Intxusta, en GARA
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