La injusta y no por esperada insólita decisión del Tribunal Supremo de mantener a Oriol Junqueras en prisión sin fianza supone un golpe de dimensiones colosales al estado de derecho. Al menos, al estado de derecho basado en decisiones judiciales que descansen en la comprensión de lo que se dicta y también de lo que se escribe. Mal se puede razonar lo que en veintisiete folios resulta un compendio de supuestos que no constan sino es a través de cuál es la ideología de Junqueras y de hacer descansar la violencia del 1-O en los convocantes del referéndum y no en la policía que la desencadenó con su actuación.
El auto aprobado por unanimidad de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del TS no solo es discutible y opinable, como lo es cualquier acto jurídico que afecte a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, sino que en el caso que nos ocupa, lo es también por lo que tiene de incursión de la política en el mundo de la justicia, empezando por el gobierno español y siguiendo por la Fiscalía General del Estado. Así, lo que no es delito en Bélgica se retira y no pasa nada y, lo sea o no en España, que se decidirá en todo caso en un juicio, acaba siendo que sí por la vía de los hechos y para ello se utiliza la prisión preventiva.
La impresión generalizada es que habiendo fracasado el intento de impedir la mayoría independentista en el Parlament, el pasado 21 de diciembre, se ha entrado en una fase en que el Estado, lejos de aportar una solución a lo que votaron los catalanes, trata de cerrar todas las alternativas que pueda haber. Tanto al retorno del president Puigdemont como a la libertad del vicepresident Junqueras.
No solo eso: mucha gente parece estar disfrutando con el cuanto peor mejor y la utilización de la prisión preventiva como una condena en la práctica. Una especie de sentencia firme sin juicio alguno. De hecho, su privación de libertad es utilizada de manera espuria para atribuirle conspiraciones y desavenencias en el espacio independentista y en la relación —compleja y a través de intermediarios— que mantiene con Puigdemont.
Se mantiene en prisión desde el 2 de noviembre a Junqueras —también a Joaquim Forn y previamente a los Jordis—; se le impide realizar la campaña electoral con el perjuicio que supone para su partido, Esquerra; se ponen en circulación a través de los medios habituales desavenencias en la configuración del nuevo Govern y se olvida su apuesta por el diálogo y la bilateralidad expresada ante el Tribunal Supremo.
Ya nada vale y nada se escucha cuando declara que es un hombre de paz. Alguien ha decidido que con su humillación tampoco habrá suficiente
José Antich, en elnacional.cat
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