EL DÍA QUE UPN DIO LA ESPALDA A NAVARRA

Había que cerrar el ejercicio presupuestario, y el Estado pedía 613 millones por las cargas no asumidas. Las estimaciones de Hacienda sin embargo hablaban de un máximo de 480 millones, demasiada diferencia como para pasarla por alto. Sobre todo porque el Convenio Económico se mantenía prorrogado por segundo año consecutivo, y la negociación no acaba de arrancar.

Así que el Gobierno de Navarra decidió pagar menos. Lo hizo con arreglo al artículo 63.2 del Convenio, poco conocido pero bien atado por el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, experto en la materia. Él mismo dio la noticia: Navarra iba a pagar 520 millones. Una decisión controvertida pero firme, que buscaba una reacción por parte del Ministerio, que no tenía a Navarra entre sus prioridades. Había comenzado la partida. Era el 30 de diciembre de 2016 y, ese día, UPN, como el PP y como Ciudadanos, decidió ponerse del lado del Gobierno central. Y en contra de los intereses de Navarra.

Porque lo que había en juego era mucho más que una disputa política. Navarra, como destacaba esta semana el propio Aranburu, tiene una relación bilateral con el Estado, pero esa relación “no es de igual a igual”. Y no lo es porque el Gobierno central maneja una mayor parte del flujo financiero entra ambas administraciones, y porque cuenta con resortes legales y políticos a los que difícilmente puede hacer frente una comunidad pequeña como la Comunidad Foral.

El movimiento del Gobierno pretendía forzar otro del Estado, desencallar una situación que en aquellos términos amenazaba con ahogar financieramente a la Comunidad Foral. Cumplir con el Estado en las cifras exigidas suponía aumentar el déficit o recortar el presupuesto, al tiempo que la parte central iba acumulando un sobrepago que tarde o temprano tendría que devolver, limitando mientras tanto el margen de inversión de la Comunidad. Sin embargo, UPN optó por intentar rentabilizar políticamente el escenario. “Me ha dolido que algunos desde Navarra se hayan puesto del lado de la otra parte”, lamenta Aranburu.

Porque la disputa no ha sido solo declarativa. Con Javier Esparza a la cabeza, los regionalistas han aprovechado su estrecho vínculo con el PP en Madrid para interferir en la negociación. Han acusado al Gobierno de Navarra de incumplir la ley, de actuar por motivos políticos y de buscar el enfrentamiento. Incluso hicieron público, de forma parcial e interesada, un correo interno del departamento de Hacienda para culpar al Gobierno de actuar sin criterio técnico buscando “la bronca” con el Estado. “Navarra no se merece un Gobierno así”, corroboraba aquellos días también el PP.

CONTRA EL GOBIERNO Al ruido se sumó también el PSN, sin tanta virulencia, pero sí con la intención de acusar al Gobierno de Navarra de la situación creada por la prórroga indefinida del Convenio anterior. “No ha pagado porque no podía”, apuntó su secretaria general. El diputado incluso acusó directamente a la presidenta del Ejecutivo foral de la falta de acuerdo con Madrid. “Es un fracaso de Barkos”, apuntaba recientemente Jesus Mari Fernández.

Las críticas al Gobierno durante este largo año han sido una constante. Sobre todo cuando en marzo el Ministerio de Hacienda decidió descontar los 93 millones de los ajustes fiscales trimestrales. Era la prueba, a juicio de la oposición, de que el Ejecutivo foral se había equivocado. Era la oportunidad de buscar el desgaste del rival político, aunque ello implicara debilitar su posición negociadora en un asunto que trasciende al propio Gobierno, y que afecta a un pilar básico del autogobierno como es la autonomía financiera.

Mientras, bajo todo el ruido político, avanzaba la negociación. De forma lenta pero positiva. Los trabajos técnicos estaban ya cerrados en verano, y cifra de aportación prácticamente definida. Lo sabía Javier Esparza, que en septiembre daba un giro al guión de su partido proclamando que “la aportación debe ser de entorno a los 450 millones”. Si no se podía evitar un acuerdo, al menos habría que restarle valor.

Es difícil saber cuál hubiera sido el resultado de la negociación si en Navarra hubiera habido un cierre de filas. Si todas las fuerzas políticas hubieran apoyado al Gobierno foral en su reclamación. También UPN y sus dos diputados, que durante este proceso aprobaron en Madrid unos presupuestos que incluían para Navarra un aportación de 626 millones. Es posible que en sus grandes números poco hubiera cambiado el acuerdo final. Tal vez, se hubiera firmado antes, y no a tres días de cerrar el ejercicio. Y al menos el Convenio Económico habría quedado al margen de la disputa partidista. Pero no fue así. Cuando Navarra se plantó ante el Estado, algunos le dieron la espalda. Y esa es una marca que queda para siempre.

Ibai Fernández, en Diario de Noticias