El desmarque de I-E con respecto de las fuerzas del cambio a cuenta de la lista única en las oposiciones para docentes va a provocar, con toda seguridad, que las aspiraciones del Departamento de Educación de acabar con la segregación lingüística se vayan al traste.
Es lo que cabe suponer después de que la Mesa y Junta del Parlamento de Navarra admitiese ayer a trámite una proposición de ley (denominada Reguladora del acceso a la función pública docente) con la que el PSN quiere determinar por ley que la concurrencia a los exámenes de profesorado se haga “a través de convocatorias distintas y separadas” y con “tribunales específicos y distintos” cuando a competencias lingüísticas se refiere. Es decir, que la ley (que se tramitó por sistema de lectura única y urgente y podría ser aprobada el 21 de diciembre) impediría la implantación de la lista única, algo que habría sido imposible sin el apoyo de I-E, que rompió la disciplina de voto del acuerdo programático en cuanto a leyes se refiere y se unió a UPN, PSN y PPN para boicotear una iniciativa del Departamento de Educación. El trámite, además, se produce contrariando la opinión de una mayoría sindical tanto en la mesa sectorial de Educación como en la general de Función Pública, aspecto que en esta ocasión y a diferencia de lo que pasó con la Ley de Policías no ha tenido ninguna importancia para I-E.
La proposición es meridianamente clara. Cuenta con un artículo único, una disposición transitoria, una final y un preámbulo inequívoco, en el que considera que la existencia de tribunales diferenciados para evaluar a aspirantes a funcionarios “garantiza la ecuanimidad, favorece a la comunidad escolar y posibilita igualdad de condiciones a los aspirantes a formar parte de los Cuerpos docentes que no poseen el dominio de ambas lenguas”. Por todo eso, considera que hay que “mantener y consolidar derechos de tanta importancia y arraigo en la Comunidad Foral”, y ve una “violación grosera de derechos” cualquier modificación. Y para eso se da con la fórmula de tribunales “por cada área de conocimiento o especialidad y por lengua”. Se establece, también, que la ley será de aplicación a partir de la publicación en el boletín oficial, y también para aquellas convocatorias iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor siempre y cuando en dicha fecha no hubiera expirado el plazo de presentación de instancias de los aspirantes.
Hasta tal punto fue la alegría de UPN que Javier Esparza consideró que la de ayer fue “una gran noticia”, porque “una mayoría parlamentaria dice que nadie tiene que tener ventaja por el hecho de saber euskera o no, y eso es importante”. El escenario es muy distinto no sólo para las fuerzas del cambio, sino también para el Gobierno. María Solana, consejera de Educación, lamentó que la iniciativa sea “un intento de que las cosas sigan como hasta ahora, de que se siga segregando por idioma al profesorado de esta comunidad”, al tiempo que supone “condenar” una iniciativa del Ejecutivo con el apoyo de la mayoría sindical. Pero todo eso da igual: si se aprueba en pleno con los votos de UPN, PSN, PPN e I-E, el Gobierno no podrá convocar oposiciones con lista única.
El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, se escudó en que la medida va a favor de la igualdad de oportunidades y porque “hablarlo con el Gobierno ha sido imposible”. Unas consideraciones “muy graves” y que son “mentira” a juicio de Geroa Bai, que recordó en una nota que se han realizado reuniones desde 2016 y a través de su portavoz, Koldo Martínez, reprochó el doble rasero de I-E con docentes y policías. Para Adolfo Araiz (EH Bildu), la proposición transmite “la consolidación de un claro apartheid lingüístico”, por el cual “a los castellanoparlantes que saben euskera se les segrega y limita los derechos apartándolos en dos tribunales”. Tere Sáez, de Podemos, también explicó que el rechazo de su formación se debe a que la ley “no permite que una persona se presente en castellano y en euskera”, y dejó margen para que el Consejo Ciudadano opine.
Diario de Noticias
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