El Gobierno foral comparte desde hace un año una mesa de trabajo con las 30 comunidades musulmanas de Navarra, en un foro cuyo objetivo es recoger las demandas de esta minoría y desarrollar planes específicos en ámbitos como educación y salud, pero también en seguridad, integración social y prevención de procesos de radicalización yihadista. De momento, muchos de los planes y actuaciones se encuentran en estado de evaluación, y no han sido puestos en marcha. Pero algunas de las iniciativas ya están siendo estudiadas por el Gobierno, que considera imprescindible una visión global para afrontar los problemas planteados por los musulmanes. Sobre todo a la hora de abordar una de las preocupaciones acuciantes para toda la sociedad, y que tiene que ver con prevenir los procesos de radicalización yihadista más allá de la intervención policial.
El trabajo se desarrolla a través de la dirección general de Paz y Convivencia del Ejecutivo, y más concretamente es la dirección del servicio de Memoria y Convivencia la que se lleva encargando, desde hace un año, de mantener conversaciones y encuentros periódicos con los representantes de las aproximadamente 30 comunidades islámicas que hay en Navarra. De hecho, esta dirección de servicio, liderada por Txema González Odériz (que sustituye en el cargo a Fernando Rey), es la encargada de coordinar una labor que desde el Gobierno se ha querido enfocar con un punto de vista interdepartamental en el que participen todas las áreas del Ejecutivo.
Lo cierto es que prácticamente hasta ahora, las relaciones entre la Administración y la comunidad islámica habían ocupado un segundo plano en Navarra. En parte porque, según Txema González, estas comunidades (que no pasan de ser agrupaciones de feligreses) habían estado menos organizadas en la Comunidad Foral que en otras comunidades. Pero, sobre todo, porque son minorías “con un grado de conflictividad en la integración muy bajo”, con muy pocos casos de episodios violentos y sin “hostilidades destacables”. Según datos del Gobierno, la treintena de agrupaciones religiosas islámicas (una por cada mezquita) representarían unas 5.000 personas en Navarra, que desde un punto de vista confesional se enmarcarían dentro de una corriente de “islam moderado”, pese a su “heterogeneidad”.
Pero los últimos años han estado marcados por un “crecimiento de la masa crítica” dentro de los musulmanes navarros, especifica González. Los musulmanes “han hecho un esfuerzo muy grande por integrarse” y las comunidades están más unificadas, en parte para sumar voces y exponer ante la Administración sus problemas. Les preocupan la sanidad, la educación, y de un tiempo a esta parte todo lo que tiene que ver con el terrorismo: desde los procesos de radicalización que han visto en otros territorios hasta la islamofobia.
DETECCIÓN PRECOZ EN JÓVENES Es ahí donde últimamente se están concentrando los esfuerzos del Gobierno de Navarra. Conscientes de lo que se está haciendo en otros lugares como en la CAV, donde se están poniendo en marcha planes específicos de lucha contra el yihadismo, los musulmanes navarros han planteado varias acciones que ya estudia el Gobierno de Navarra, que evalúa la posibilidad de poner en marcha un plan de detección precoz de procesos de radicalismo en jóvenes. Es una de las propuestas que más ha interesado al Ejecutivo y que está encima de la mesa. Paz y Convivencia se encargaría de gestionar el programa, que se ejecutaría a través tanto de la Policía Foral como de las propias familias musulmanas. Partiendo de que el plan todavía está en fase de ideación, el cuerpo autonómico se encargaría de monitorizar posibles procesos de radicalización y de informar a las familias (junto con las comunidades islámicas) de qué indicadores pueden apuntar una radicalización en los más jóvenes.
Otra de las propuestas que está encima de la mesa y que las comunidades han señalado como importante sería realizar la misma tarea de prevención en el entorno carcelario. Las comunidades consideran que es en las prisiones donde los presos musulmanes más fácil pueden radicalizarse o caer en el odio. Por eso han propuesto al Gobierno que planifique programas y actividades en los que también participarían miembros de las comunidades, con el objetivo último de que los reclusos no sean captados después de cumplir su condena. De hecho, el Ejecutivo se encargaría de ponerse en contacto con Instituciones Penitenciarias, de quien espera que acoja la idea con el mismo optimismo que en Navarra.
Por último, Gobierno y comunidades han coincidido en señalar la educación como un engranaje clave a la hora de prevenir procesos de radicalización. Por eso las comunidades han añadido a una vieja reclamación, como es la presencia de la asignatura de religión islámica en los colegios, la necesidad de crear una especie de censo de profesores de islam que esté monitorizado por la Administración. Las comunidades consideran que una supervisión de contenidos por parte del Gobierno y un fichero de docentes reduciría muchísimo la posibilidad de que apareciesen discursos radicales, más difíciles de controlar en las mezquitas. Además, a estos profesores se les exigiría “lo mismo que a los de religión católica”. De momento, Paz y Convivencia tiene consignados 150.000 euros para prevención de conductas extremas en centros escolares, y el programa “escuelas por la paz y la convivencia”, donde hay temarios específicos sobre xenofobia, racismo e islamofobia, ha llegado a 50 colegios con más de 120 actividades.
Diario de Noticias
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