En setiembre renace el curso político. Y en Nafarroa este apunta a ser un año complejo, tenso e intenso. Pero, sobre todo, trascendente. Muchas de las iniciativas que se aprobarán llegan para quedarse no una legislatura, sino unas cuantas décadas, pues contienen avances difíciles de deshacer. Si se cumple con el guión, también está llamado a ser el año de la madurez política del cambio.
Destaca sobre las demás medidas la reforma del Mapa Local. «Esta es la primera vez que se aborda este tema de abajo arriba y de verdad. Ha habido una amplia participación de la Federación de Municipios, que esta vez tiene una composición muy plural, con muchos independientes», explica Unai Hualde, parlamentario de Geroa Bai y líder del PNV en Nafarroa. El mapa busca redefinir la red de mancomunidades y entidades supramunicipales que actualmente existe (son casi 70 instituciones) y racionalizarlo en una docena de comarcas. «Ese es solo un primer paso», prosigue Adolfo Araiz (EH Bildu), que subraya la importancia de la reconversión de la financiación municipal. Lo que se busca es que los ayuntamientos reciban una parte de lo recaudado por Hacienda y que se administren el dinero que les corresponde. De este modo, se rompería el dirigismo caciquil de UPN de fomentar infraestructuras sobredimensionadas (polideportivos, centros cívicos...) desde el Gobierno con grandes subvenciones que solían coincidir con proyectos de alcaldes del mismo color político. «Si un pueblo quiere un frontón, porque entiende que lo necesita, lo tendrá que construir con sus propios recursos», ejemplifica Araiz.
Aparejado a esto llegará a la Cámara la modificación del artículo 42 de la Ley de Ordenación del Territorio, que define la figura del PSIS. Este cambio iba recogido en el acuerdo programático y lo que pretende es acabar con ese uso «abusivo» que realizó UPN para robar competencias a los ayuntamientos e impulsar los proyectos que el Gobierno quería donde él quería. O dicho de otro modo, planes como el de Aroztegia, Salesianos o e de la incineradora de Olazti no podrían llevarse a cabo.
Otra de las iniciativas transformadoras sin que pueda darse vuelta atrás es la reescritura del Fuero franquista (cuyos postulados machistas y retrógrados vulneran incluso la Constitución española) y su conversión a un texto avanzado y progresista. Arantxa Izurdiaga, presidenta de la Ponencia, apunta que el mismo mes de septiembre «empezaremos con la redacción de las conclusiones provisionales» y la idea es que en los presupuestos de 2018 se contemple una partida para la redacción técnica del nuevo articulado. El nuevo Fuero tendrá un claro efecto práctico, pues regulará patrias potestades, divorcios, herencias y demás pleitos que se producen de ordinario.
Reimpulso de lo público
Otro de los platos fuertes de la siguiente legislatura serán las ofertas de empleo público. «Ya están acordadas más de 500 plazas. Salen unas 200 para Educación y Salud y poco más de 100 para Administración Núcleo. Eso es lo que ya está aprobado», explica Hualde. No obstante, es previsible que se promuevan todavía más. Según explica Araiz, «el Estado abrió en sus Presupuestos la posibilidad de que exista una tasa de reposición de 100%, levantando la limitación del 10%, y esto da pie a sacar más plazas». En otras palabras, antes solo se podía sacar una plaza pública por cada diez funcionarios que se retiraban, mientras que ahora por cada funcionario que se va puede salir a concurso su plaza. Y el cuatripartito apuesta por ello: «Nuestra intención es que las ofertas de empleo que se hagan sean lo más amplias posibles», corrobora José Miguel Nuin.
Este responsable de I-E pone el foco además en los planes de vivienda: «Resulta capital para este curso político cómo quede recogido el derecho subjetivo a la vivienda que tenemos los ciudadanos», remarca Nuin.
Nuevas normas de juego
«Gracias a la reforma fiscal, ahora hay dinero. Es hora de sacar adelante planes sociales en el área de Inclusión, en Dependencia, y dotarlos económicamente para que no sean papel mojado», asegura el portavoz de Podemos, Mikel Buil. El sustituto de Laura Pérez cita también los avances en la Ponencia del Reglamento Parlamentario (el actual es de 1983) para permitir que los ciudadanos pregunten directamente al Gobierno y establecer nuevas medidas de transparencia.
Por su parte, Araiz es uno de los que más hincapié hace en la trascendencia de la Ley de Contratos Públicos. «Básicamente, de lo que se trata es de establecer unas cláusulas sociales en la contratación», resume el líder de EH Bildu. «Será muy difícil que, una vez se hayan introducido cláusulas que garanticen que las empresas que aspiren a contratos públicos traten bien a sus trabajadores y fomenten el empleo de los más desprotegidos, alguien pueda dar marcha atrás. Se acabaron las concesiones al precio más bajo», apostilla Buil. Al hilo de esto, llega también la Ley de Conciertos Sociales y Sanitarios «que pretende dar estabilidad a los colectivos sin ánimo de lucro para que puedan prestar servicios sociales y sanitarios cuando los recursos públicos no son suficientes», explica el portavoz de Podemos.
Otros de los proyectos más interesantes y de más calado viene con la ley que desarrolla el Plan General de Residuos, que establecerá un «canon de vertido», para gravar más a aquellos ayuntamientos que tiren su basura a vertederos con la intención de que lo recaudado con este tributo revierta en los que sí apuestan por el reciclaje.
Si todo va sobre lo previsto, podría salir adelante también la reforma del Estatuto de la Función Pública, que sería uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura.
En paralelo a la tramitación de todos estos planes y leyes, llegan también puntos de conflicto. El arranque viene caliente con la nueva Ley de Policías, mientras el Estado forzará desencuentros en torno al TAV. También habrá pelea cuando toque desmontar el Consejo de Diálogo Social. Pero que el foco mediático esté en estos desencuentros o en los logros conseguidos dependerá de la madurez política del cambio. Por eso este será el año de demostrarla.
Hora de pedir responsabilidades en comisiones de investigación
Además de la propia actividad legislativa, los momentos más mediáticos del curso político que se abre en septiembre probablemente surjan de las dos comisiones de investigación relativas a los escándalos de Ultzama y Caja Navarra. La previsión es que la comisión que se desarrolle en primer lugar sea la que tienen en el centro la planta de biogás de Iraizotz. Esta entrará ya en fase de comparecencias, en la que los parlamentarios podrán plantear las cuestiones que quieran a los principales responsables de un desastre económico en el que se han perdido ya tres millones de euros públicos. El más interesante de los interrogatorios será el del exalcalde Patxi Pérez, que actualmente ocupa un puesto en la Ejecutiva de UPN. Cabe recordar que los comparecientes están obligados por ley a decir la verdad.
También la comisión de investigación de Caja Navarra entrará en fase de comparecencias a finales de este año o principios del próximo. Tras muchos meses buceando en decenas de miles de folios, serán llamados a declarar los dos últimos expresidentes navarros: Yolanda Barcina y Miguel Sanz. Será una oportunidad para indagar en los escandalosos sobresueldos de los líderes del régimen. Aun así, puede que la comisión se vea condicionada por la causa abierta en la Audiencia Nacional.
Aritz Intxusta, en GARA
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