La ampliación fallida de la Ciudad del Transporte se confirma como, probablemente, el mayor desastre de la gestión de UPN y PSN tras la sentencia del Supremo favorable a los propietarios de los terrenos anejos a las actuales instalaciones. El Gobierno navarro deberá abonar ahora 51 millones de euros para indemnizar a dueños de unas fincas a los que se expropió indebidamente –y sin negociar con ellos– las hectáreas necesarias para ampliar la llamada Ciudad del Transporte, una especie de puerto seco ubicado en las afueras de Iruñerria (Imarkoain) para la carga y descarga de mercancías. Pese a que estos terrenos pasaron a ser públicos, las ampliaciones de esta «ciudad» no se realizaron, siendo la última de ellas un delirio mal diseñado para la carga de trenes en el que ni siquiera se contemplaban unas vías que respetaran el ancho internacional.
En el año 2008, el Gobierno pagó a esos propietarios 20,2 millones de euros, ya que fijó que el precio por metro cuadrado debía de ser de 20,01 euros (se expropiaron 636.000 para la tercera ampliación y 394.000 para la cuarta). Los dueños de esas tierras no quedaron conformes y recurrieron 17 expedientes. Ahora, el Supremo ha decretado que tenían razón y que el precio justo era de 53 euros por metro para algunas fincas y 57 euros, para otras. A consecuencia de ello, el Gobierno debe abonarles otros 51,3 millones (que derivan de la diferencia entre lo pagado y el precio real, más los intereses de demora por casi diez años de tardanza con un 5% de recargo).
Para hacerse idea de la magnitud del desastre en las cuentas públicas que supone este desmán, basta recordar que el presupuesto con el que cuenta la Consejería de Cultura y Deportes para todo este año no llega a los 47 millones de euros. El consejero Manu Ayerdi admitió que el Ejecutivo tenía ya previsto que el Supremo fallaría contra los intereses del Gobierno y daría un «palo» (fue su expresión literal) a las cuentas públicas. No obstante, encajar esta deuda no ha sido fácil. De hecho, Nafarroa ha tenido que pedir un préstamo para poder abonar la mitad de esta cantidad este año (26,3 millones) y tendrá que ampliarlo el año que viene para poder completar el pago.
En realidad, la deuda generada por la Ciudad del Transporte no recae directamente en el Gobierno, sino en Nasuvinsa (la empresa que gestiona la política de vivienda pública) que hubiera incurrido en bancarrota de no producirse esta intervención directa.
En resumen, la operación total de la Ciudad del Transporte arrojó 81 millones de euros de pérdidas para las arcas públicas y un beneficio de 26 millones para una empresa privada.
Aritz Intxusta, en GARA
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