EL CASO ALTSASU

El Tribunal Supremo declaró competente al juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para investigar el caso Altsasu, la juez Carmen Lamela realizó una instrucción en su línea habitual y ahora el fiscal José Perales pide 50 años para cada uno de los siete procesados añadiendo otros doce años y medio de cárcel por «amenazas terroristas» a uno de ellos lo que, en su caso, sumaría una condena de 62 años y medio.

Con motivo de una pelea de madrugada con unos guardias civiles acompañada de los correspondientes improperios -esos son los hechos de la causa- se pretende condenar a un ciudadano a 62 años de cárcel y a los otros seis a 50 años.

Autorizadas y sensatas las voces -entre ellas gobiernos navarro y vasco, parlamentos, líderes políticos- han declarado su rechazo frontal a esta petición fiscal, resaltando el carácter manifiestamente desproporcionado, exagerado y disparatado de la misma.

Pero cabe la sospecha de que tal petición fiscal no obedezca a un mero despropósito causado por error u ocurrencia de un fiscal que ha tenido un mal momento y se ha dejado llevar en su calificación.

La petición fiscal constituye una manifestación del sesgo vengativo del sistema español de justicia penal a la hora de abordar hechos relacionados con lo que se puede denominar el conflicto vasco o las consecuencias del mismo. Se trata de volcar «toda la fuerza de la ley» contra toda conducta social que pueda interpretarse, por instructores de la AN proclives a este tipo de teorías conspirativas, como un cuestionamiento la legitimidad de las fuerzas de orden público españolas. De esa forma una trifulca nocturna, que en cualquier otro lugar del Estado hubiera tenido consecuencias menores, se magnifica, en la fase de calificación de los hechos, como una expresión de «odio» hacia las «fuerzas de ocupación». Siguiendo el mismo esquema mental que inspira a fiscales e instructores podríamos decir que éstos están guiados por un odio visceral a todo lo vasco. Parece una exageración ¿verdad? Pues ese es el esquema imperante en esta causa: la desproporción, la discriminación, la voluntad de disciplinar unas conductas y unos pensamientos.

Según este planteamiento vengativo se castiga de forma desproporcionada porque se entiende que se está obligado a castigar de forma inmisericorde a aquellos ciudadanos que cuestionan su Autoridad -su poderosa y arrogante autoridad-. Se debe ejemplificar con duras y largas penas de cárcel a aquellos ofensores a quienes se tilda con la categoría de «enemigos». El caso Altsasu es un claro ejemplo del derecho penal del enemigo, el derecho de excepción donde se abandonan los principios garantistas y racionales del derecho penal.

No resulta fácil impedir estas decisiones. En este asunto que nos ocupa, los ciudadanos y ciudadanas que no somos partidarios de la venganza (intuimos que somos mayoría), así de entrada, deberíamos exigir la inmediata dimisión de este fiscal y la jueza instructora y la inmediata libertad de los procesados en este caso.

Pero, incluso asumiendo que la petición fiscal y el procedimiento penal abierto a estos ciudadanos es un punto de una estructura y una política definida y marcada estratégicamente por la venganza, en este caso concreto clama la estrategia de tergiversación de los hechos, la construcción de un relato de «hechos alternativos» no contrastados, basados en fantasmas y mitos que cualquier jurista que respete los principios liberales del derecho penal debería descartar como «irracionales» o contrarios al sano juicio.

Pero no podemos esperar. No debemos olvidar que esta injusticia no solo se está cometiendo contra los imputados sino también contra sus familiares y amigos, contra todo un pueblo que, ciertamente, no se enorgullece de los actos del caso, pero que está siendo castigado y disciplinado por solidarizarse con los detenidos al considerarlos víctimas de una venganza por parte del sistema de justicia penal español. Por eso resulta urgente para la pronta solución de este atropello contra el derecho y la democracia, por un lado, la internacionalización de la protesta, en la línea de los 52 eurodiputados, procedentes de 15 países miembros de la Unión, que han dirigido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para solicitar que el organismo intervenga en la investigación del caso Altsasu, y, por otro lado, la enérgica movilización de nuestras instituciones, como es el caso de los más de 80 alcaldes, entre ellos los de Pamplona, Bilbao, Donostia y Vitoria, que han pedido que los encausados no sean juzgados por terrorismo, y la de todo tipo de asociaciones de defensa de los Derechos Humanos trabajando para la movilización de la sociedad y el envío de observadores internacionales al juicio, que den a conocer al mundo la verdadera naturaleza de la Audiencia Nacional y del sistema de justicia penal español que lo sustenta.

Pedro Ibarra, Joxerramon Bengoetxea, Baleren Bakaikoa, José Manuel Castells, Luis Elizegi, Xabier Ezeizabarrena, Gurutz Jauregi, Esther Larrañaga, Jon Gurutz Olaskoaga, Gemma Zabaleta y Ramón Zallo (en El Diario Vasco)