La Cámara de Comptos ha hecho público un informe sobre la planta de biometanización de Ultzama, situada en la localidad de Iraizotz, en el que critica duramente la actuación del Ayuntamiento por “no cumplir el principio de legalidad”. El informe pone en entredicho la gestión del anterior alcalde de Ultzama, Patxi Pérez; alguien que fue, además, director general de Administración Local en la época en la que Javier Esparza ocupaba el cargo de Consejero. Por si fuera poco, el informe valora que pudo haber”sobrefinanciación” de aquel proyecto por parte de la Administración Foral y del Gobierno entonces presidido por Miguel Sanz.
Francisco Pérez Arregui, nombre completo de Patxi Pérez, fue alcalde de la Ultzama entre 2003 y 2012, año en el que el hoy presidente de UPN, Javier Esparza, lo fichó para ser director general de Administración Local; es decir, su número 2 en la materia dentro de la Consejería “multifaceta” que Esparza dirigía.
Fue en su mandato como alcalde, en el año 2007, cuando el Ayuntamiento de Ultzama impulsó una planta de biometanización en la que en total se han invertido alrededor de 4,5 millones de euros, buena parte de ellos provenientes de dinero público. Un dinero perdido, puesto que la planta se encuentra actualmente abandonada.
La Cámara de Comptos asegura en su informe que las contrataciones del anteproyecto, del proyecto y de la dirección de obra solamente se realizaron después de que dichos trabajos ya se hubieran realizado. Es decir: se quiso dar cobertura formal a una actuación “irregular” que no respetó los principios básicos de la contratación pública.
Es decir: no solamente se hicieron las contrataciones en total ausencia de publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sino que, según Comptos, se trató de tapar una contratación “irregular” formalizando a posteriori los contratos. Por ello, en opinión de Comptos, el consistorio dirigido por Patxi Pérez no cumplió el principio de legalidad.
El Ayuntamiento de Ultzama comenzó el proyecto hace diez años, con el objetivo de resolver la gestión de los purines de las explotaciones ganaderas. Con la biometanización se pretendía valorizar esos residuos orgánicos. Su proyecto consiguió ayudas del Gobierno de Navarra para la inversión industrial y la mejora de las infraestructuras locales ganaderas. Las ayudas alcanzaron los dos millones y medio de euros, y la empresa pública Nafinco (hoy Sodena) avaló 900.000 euros.
En octubre de 2008, como relata Comptos en su informe, el Ayuntamiento adjudicó el contrato para la concesión y gestión de la planta a la empresa Levenger, SL por un plazo de 30 años. A los dos meses, una sociedad cooperativa ganadera constituyó con la empresa adjudicataria, empresas de la zona, la empresa redactora de los proyectos y varios particulares la mercantil Bioenergía Ultzama. La adjudicataria y esta última pidieron al Ayuntamiento que le cediera la concesión a dicha mercantil, contrato firmado en febrero de 2009. La inauguración de la planta se celebró el 14 de diciembre de 2010.
En abril de 2014 la empresa solicitó la declaración de concurso de acreedores y el Ayuntamiento acordó intervenir la planta para asegurar la prestación del servicio. En enero de 2016 cesó la actividad de la planta.
Comptos asegura que no se cumplió el principio de legalidad ni en la contratación y posterior cesión del contrato, ni en las subcontrataciones realizadas. En este sentido, se destaca que dos miembros de la mesa de contratación representaban a la empresa de ingeniería redactora del proyecto, que había introducido en el mismo esquemas de la planta elaborados por la mercantil que resultó adjudicataria. Además, esa empresa pasó a formar parte de la nueva mercantil a la que se cedió la concesión. Por si fueran pocas las sombras de la operación, la Cámara de Comptos ha detectado pagos duplicados por parte de Bioenergía Ultzama, que abonó cerca de un millón de euros a dos proveedores diferentes por el mismo concepto: los depósitos de digestato.
Por otro lado, Comptos ha analizado el papel del Gobierno foral en la concesión de financiación, avales y autorizaciones. Considera que es posible que existiera una sobrefinanciación pública del proyecto, puesto que parte de la inversión recibió ayudas tanto del Departamento de Industria como del de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los responsables de ambos departamentos en aquel momento eran Begoña Sanzberro y José María Roig, respectivamente.
El informe concluye señalando que tras invertir más de tres millones de dinero público en la planta, la infraestructura funcionó tres años y siete meses de forma autónoma y 14 meses bajo secuestro del Ayuntamiento. Actualmente existe una planta industrial abandonada y una sociedad en concurso de acreedores. El problema no se ha resuelto, puesto que 24 explotaciones ganaderas de la zona, con 3.659 cabezas de ganado, siguen demandando un sistema de gestión de residuos.
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