El lunes 6 de febrero UPN presentó en el Parlamento de Navarra una propuesta de declaración institucional en la que denostaba el acto organizado por el Gobierno de Navarra para el día 18 de febrero. Este acto pretende realizar un reconocimiento y reparación de las víctimas de actos de motivación política provocados por la extrema derecha o funcionarios públicos.
El acto, tal cual, viene recogido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 16/2015, una ley aprobada por el Parlamento de Navarra el 10 de abril de ese año, que dice que “durante el primer año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Navarra, en colaboración con el Parlamento de Navarra y los ayuntamientos, realizará un acto de homenaje a las víctimas de motivación política producidas por la acción de organizaciones de extrema derecha o funcionarios públicos en el contexto de la violencia de motivación política”. La ley expresa también con claridad en qué consistirá dicho homenaje.
El abogado del Estado en representación del presidente del Gobierno de España recurrió la ley al Tribunal Constitucional que la suspendió en enero de 2016. No obstante, dicho Tribunal levantó la suspensión de varios de sus artículos, entre ellos el de la mencionada Disposición Adicional el 26 de abril de 2016. Es por tanto una obligación del Gobierno de Navarra celebrar dicho homenaje antes del 26 de abril de 2017. Una obligación legal, aceptada incluso por el más alto tribunal de Justicia español, el Tribunal Constitucional.
Pese a ello, UPN propuso a los grupos parlamentarios que declaremos “improcedente” dicho acto, “indignante” la referencia a los funcionarios públicos responsables de abusos y crímenes tal y como recoge la ley, “rechazable” por la denuncia de las víctimas a las actuaciones del Gobierno de Navarra “por mentir en nombre de las víctimas”, por “manipular” a las víctimas y sus familiares y utilizarlas como “reclamo político”, por contribuir así no a procurar la convivencia sino “a sembrar la discordia y el enfrentamiento entre la ciudadanía”.
Acusaba al Gobierno de pretender “usar la memoria de unas víctimas para enfrentar o blanquear la terrible huella del terrorismo de ETA”. Y acababa instando al Gobierno a no celebrar ese “sectario homenaje sin antes trabajar por recuperar la confianza, el apoyo y la cercanía con todas las víctimas del terrorismo que hoy se sienten traicionadas”.
Es decir, UPN instaba al Gobierno a no cumplir la ley y el Parlamento no aprobó su propuesta de declaración.
Pero es que, a su vez, el Sr. Iriarte, portavoz de UPN en la Comisión de Relaciones Ciudadanas, afirmaba el 14 de setiembre de 2016 en el Parlamento que: “No nos oponemos en absoluto a un acto en el que vaya a arroparse a los familiares de Gladys del Estal, Mikel Arregi, Mikel Zabalza, Germán Rodríguez, Angel Berrueta y José Luis Cano… Creemos además que esa muestra de cariño, respeto y solidaridad debe producirse al margen de que se esté conforme o no con las investigaciones judiciales que se llevaron a cabo para determinar responsabilidades”. Decía el Sr. Iriarte que “Nosotros queremos asumir con normalidad que… sí podemos ponernos de acuerdo en el hecho de entender que queremos confortar, aunque sea tarde, eso también es cierto, a estas familias”. Y seguía: “Creemos que hay que huir de la tentación de manipular las terribles muertes de esas personas” para acabar diciendo que “Vamos a votar a favor porque nos parece bien que se cumplan las leyes… y que se arrope a esas familias, aunque sea tarde”.
Ese día, UPN votó a favor de la celebración del homenaje junto a las cuatro fuerzas del acuerdo programático, mientras que el PSN se abstuvo y el PP votó en contra. Hay, pues, también, mandato parlamentario para celebrar ese acto.
Dos discursos absolutamente enfrentados dentro de UPN, no ya sobre un homenaje a unas víctimas, sino alrededor de unas víctimas que, claro está, algunos de sus cargos electos no consideran ni víctimas ni propias. Discursos enfrentados incluso respecto de la obligación de cumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Preocupante, cuando menos, por las conclusiones que de este enfrentamiento se derivan para la posibilidad de convivencia en nuestra Comunidad.
El mismo 6 de febrero, UPN, PSN y PPN proponían otra declaración institucional para que el Parlamento recordara que el día 11 es el “Día en Memoria de los Desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la Humanidad…”. Geroa Bai no aprobó esta declaración así como tampoco las otras tres fuerzas que firmamos el Acuerdo Programático.
Geroa Bai no firmó la declaración -que tampoco fue aprobada por el Parlamento- porque siendo como son totalmente execrables los crímenes de ETA, no los consideramos “crímenes contra la humanidad”. Los condenamos con todas nuestras fuerzas, eso sí. Y por eso, participaremos en el acto en memoria de las víctimas de ETA de hoy día 11 de febrero, para mostrar nuestra condena y rechazo a ETA y para hacer partícipes de nuestro cariño, calor y solidaridad a las víctimas de ETA, como lo hemos hecho todas las veces en que se nos ha invitado e incluso en aquellas en las que no habido invitación expresa.
Porque para nosotros, las víctimas no se dividen entre “las nuestras” y “las de los demás”. Todas las víctimas son nuestras, de todos. Porque todas han sufrido a causa de violencia injusta e ilegítima. Todas las víctimas, las de antes y las más recientes. Independientemente de quien sea o haya sido el victimario o verdugo.
A todas ellas les debemos verdad, justicia y reparación. Y conseguirlas es una de las más profundas preocupaciones de Geroa Bai.
Koldo Martínez, portavoz parlamentario de Geroa Bai
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