Han sido numerosas las ocasiones en las que la ciudadanía navarra ha mostrado su compromiso absoluto y su más escrupuloso respeto para con los derechos humanos. En el momento histórico que vivimos, tras años de dolor y sufrimiento, este compromiso adquiere una mayor importancia para construir la sociedad de convivencia y respeto que todos y todas deseamos. Desde una concepción de memoria integral no podemos olvidar a ninguna víctima de la violencia ilegítima; sea de la más lejana como de la más cercana dentro del arco temporal de las actuales generaciones vivas. Por eso, desde esta perspectiva de integralidad no podemos dejar de mirar también la conculcación de los derechos humanos de aquellas personas navarras presas que están a cientos o miles de kilómetros, o aquellas personas presas que sufren enfermedades.
Somos conscientes de que en la mayoría de los casos de estas personas presas “por cada victimario hay al menos una víctima”, y con la legitimidad que nos da el haber condenado las actividades terroristas por las que en muchos casos han sido juzgados, creemos que resolver esta situación es una urgencia que no podemos ignorar, porque un compromiso serio y sincero con los derechos humanos también exige poner fin a esta injusticia de alejamiento y dispersión, proporcionando además un trato humanitario para quienes se encuentran privados de libertad pese a estar enfermos.
Denunciamos el castigo añadido que las políticas penitenciarias que desde ideologías opuestas se aplican por razones estrictamente políticas se infligen a los presos y presas de Navarra o con arraigo en Navarra:
Por una parte porque se trata de una legislación específica que contraviene tanto las orientaciones de la normativa internacional en esta materia, como las propias orientaciones de la legislación española o francesa; por otra porque se abandona y condena al ostracismo precisamente a aquellos presos y presas que -en las peores condiciones- eligieron el camino político y ético de la conocida como Vía Nanclares.
Y precisamente conforme a esas mismas orientaciones, leyes y normativas, un trato humanitario y respetuoso con los derechos entraña excarcelar a las personas que padezcan enfermedades graves y renunciar a una legislación excepcional concebida como un castigo, no solo contra quienes cumplen sus condenas sino también contra quienes forman parte de sus familias y círculos de amistades. Es preciso y urgente dejar de añadir más sufrimiento a tanto dolor acumulado lo antes posible, respetando siempre la dignidad de todas las personas afectadas. Un objetivo que solo alcanzaremos si sabemos conjugar la voluntad política con la aplicación de la legislación desde el escrupuloso respeto de los derechos y sin arbitrariedades. Así mismo, y desde una perspectiva del reconocimiento del daño causado a sus víctimas y el carácter ilegítimo de la violencia que practicaron, queremos impulsar el reconocimiento social y legal hacia los denominados presos y presas de la Vía Nanclares por su contribución a una política de paz y convivencia.
No podemos dejar de tener un recuerdo especial para aquellos presos y presas navarras que a su carácter de victimarios unen el de ser también víctimas. Nos referimos a presos y presas que fueron víctimas de políticas de reclutamiento porque eran adolescentes menores de edad, que son quienes llevan sobre sus espaldas las condenas más largas por los cambios de legislación, como la denominada Doctrina Parot. Un drama extendido a padres y madres todavía jóvenes que no tienen expectativas de ver a sus hijos en la calle, a pesar de la ausencia de ETA, debido al tamaño de sus condenas. Desde el hecho cierto del cese de la actividad armada de ETA, y desde la actual normalización de quienes fueron autores intelectuales de ese reclutamiento y la excepcionalidad de las medidas legales que en su momento se adoptaron, apostamos por tratar a este colectivo con la excepcionalidad de los atenuantes de su edad de reclutamiento y con la perspectiva de que nuestra sociedad cree las mejores condiciones de paz y convivencia. No sería la primera vez que la democracia española sigue este camino excepcional con la mencionada perspectiva.
Solo desde una perspectiva de integralidad se logrará que los derechos humanos defendidos de corazón por la inmensa mayoría de la sociedad de Navarra sean plenamente respetados.
Juana García Santamaría, miembro de Zabaltzen (Geroa Bai)
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