EH Bildu de Lizarra, grupo que tiene actualmente en sus manos la Alcaldía, denunció ayer esta situación, destacando que si se ejecuta la sentencia obligando a pagar una indemnización de 9,67 millones de euros, «estaríamos ante una situación financiera gravísima, ya que este ayuntamiento tendría enormes dificultades para hacer frente a esos pagos. Y el en supuesto de conseguir financiación a través de un préstamo, las cuentas de este ayuntamiento se verían intervenidas y la institución municipal podrá tener que renunciar a las prestación de todos aquellos servicios a los que no está obligada por la ley».
Aunque el origen del plan para construir una ciudad deportiva en Oncineda se remonta a 2005, con María José Fernández (PSN) como alcaldesa, EH Bildu apunta a la responsabilidad de Begoña Ganuza (UPN). Los anexos al convenio firmados por Fernández fijaban las indemnizaciones en 4,40 millones de euros, mientras que en otros anexos suscritos posteriormente por Ganuza esta cuantía se eleva hasta los 9,67 millones de euros.
En ambos casos, EH Bildu denunció que la firma de los anexos se realizó por las alcaldesas sin que tuviera conocimiento de los mismos ningún órgano municipal (ni el Pleno, ni la Junta de Gobierno, ni la correspondiente comisión). De hecho, no aparecen recogidos siquiera en un decreto de Alcaldía. «Desde su llegada a la Alcaldía, Begoña Ganuza Bernaola firma cuatro anexos a los convenios de Oncineda. Según el expediente, los firma solo ella, sin pasar por ningún órgano del Ayuntamiento», destacó ayer EH Bildu en una comparecencia.
«¿Por qué se firman estos anexos cuando UPN ya había manifestado estar en contra de este proyecto? ¿Cuál es la urgencia para firmar estos anexos que dan inicio a los trámites de expropiación cuando no tenía ninguna intención de desarrollar el proyecto de la ciudad deportiva? ¿Para qué quería UPN estas parcelas?», preguntó ayer EH Bildu. «Estas son preguntas a las que ahora mismo no podemos dar respuesta», contestó el grupo del alcalde, Koldo Leoz.
Esos anexos fijan la indemnización que recibirían los propietarios de los terrenos si no acometían las obras en el plazo establecido. EH Bildu destacó que «está claro que estos anexos no benefician al Ayuntamiento ni a la ciudadanía de Estella-Lizarra» y añadió que si UPN consideraba que la ciudad necesitaba estos terrenos, tenía otros mecanismos menos onerosos para obtenerlos, como modificar el Plan General. «El Ayuntamiento hubiera conseguido los terrenos sin ningún coste para la ciudad. UPN tenía la experiencia de que esto era posible, porque ya lo había hecho de este modo en el desarrollo del polígono industrial y del paseo Calle Norte», añadió.
«Así, los grandes beneficiados son los propietarios, algunos de ellos promotoras urbanísticas [Actividades Alhama y Promociones Herchi] que poco antes de la firma de los anexos habían adquirido estas parcelas como no urbanizables. La firma de los anexos aseguraba la viabilidad de la inversión, ya que el contenido de estos anexos garantizaba bien el desarrollo urbanístico, con sus correspondientes beneficios especulativos, o bien la indemnización por parte del Ayuntamiento en caso de no desarrollarse», denunció EH Bildu.
«Los anexos se firmaron cuando ya se vislumbraba el estallido de la burbuja inmobiliaria y el contenido de los mismos –que garantiza la indemnización en caso de no desarrollo– hace que estos empresarios no tengan ninguna prisa por un desarrollo urbanístico de difícil o imposible salida en el mercado y que además implicaba nuevas inversiones (plan parcial, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y urbanización)», explicó la coalición de izquierdas.
Junto a ello, a pesar de la amenaza del pago de las indemnizaciones, EH Bildu denunció que UPN no hizo nada para llevar adelante el plan de la ciudad deportiva de Oncineda en los años que estuvo gobernando en Lizarra. «Podrían haber continuado con el proyecto de la ciudad deportiva, pero estaban contra este proyecto; podrían haber desarrollado Ibarra y Oncineda, y hubiesen conseguido los terrenos gratis; y podrían por último haber rescindido los convenios y sus anexos... pero no hicieron nada».
Así, en febrero de 2013, Promociones Herchi, solicita la primera indemnización y la Alcaldía de UPN recibe la petición y la firma, sin comunicar nada a ningún otro órgano del Ayuntamiento. Decide denegar lo solicitado por silencio administrativo. EH Bildu recordó que en ese momento todía faltaba un año para finalización del plazo máximo de entrega, por lo que el Ayuntamiento podría haber reaccionado en defensa de sus intereses iniciando el desarrollo urbanístico de Ibarra y Oncineda, cumpliendo de este modo con el convenio y haciéndose con los terrenos. «Pero no hizo nada», denunció EH Bildu.
Ante esta situación, los solicitantes de la indemnización recurrieron ante el Tribunal Administrativo de Nafarroa, que en mayo de 2016 dictó sentencia estimando parcialmente el recurso. En ese momento, el alcalde es Koldo Leoz, de EH Bildu. «Es entonces cuando por primera vez en EH Bildu tenemos conocimiento de los anexos y de las posteriores peticiones de indemnización».
Asesorados por los servicios técnicos del Ayuntamiento, el equipo de gobierno de Leoz decidió recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa, que en octubre pasado dictó sentencia desestimando la petición del Consistorio y condenándole al pago de las costas. La amenaza del pago de las indemnizaciones que dejarían al Ayuntamiento en una complicada situación económica va convirtiéndose en realidad.
«Desde que recibimos la sentencia, nos hemos puesto a trabajar para recoger toda la información, analizar las consecuencias y, sobre todo, buscar con la colaboración de asesoría jurídicas, los pasos que se han de dar para que esta situación no suponga ningún coste para los vecinos y vecinas de Estella-Lizarra. Vamos a trabajar para que la ciudadanía de Estella-Lizarra no tenga que pagar por la inacción, incompetencia y otras cosas peores de las que no tiene ninguna responsabilidad», añadió EH Bildu.
Martxelo Díaz, en GARA
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