Las autopistas ahora “nacionalizadas” por 5.500 millones de euros privatizarán su gestión dentro de cinco años; y a quien gane el concurso de gestión se le ofrecerá una opción de compra por menos de 2.000 millones de euros. Esto no es ningún proyecto en firme: es un ejercicio de cálculo que hago aplicando a lo que ahora ocurre el modelo navarro de gestión que se llevó a cabo con el circuito de Los Arcos.
El Gobierno central ha anunciado que asume el rescate de 9 autopistas de peaje, construidas por iniciativa privada, en una operación “de rescate” que ascenderá a unos 5.500 millones de euros. Ése es el precio que calculó en 2015 la patronal de las grandes constructoras, Seopán. ¿Qué pensarían los medios de comunicación españoles y la ciudadanía en general si en 2023 se anunciase su venta por menos de 2.000 millones tras ser convenientemente saneadas gracias al erario público? Algo similar es lo que ocurrió en Nafarroa con el mencionado circuito automovilístico.
El circuito de Los Arcos comenzó como una iniciativa totalmente privada de Construcciones Samaniego; fue presentada en enero de 2007, con un presupuesto inicial de 6 millones de euros. El Gobierno de Navarra, ante la necesidad de capital de la constructora, fue inyectando dinero público al proyecto a través de SPRIN (Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra, S.A.), una sociedad cuyos consejeros eran miembros del propio Gobierno. Finalmente, el circuito costó 62 millones de euros, incluido el IVA y el circulante inicial; 52 millones de euros, si descontamos ambos conceptos. Son los datos que publicó, en una auditoría, la Cámara de Comptos, en junio de 2010.
Tras su inauguración, en junio de 2010, fueron varios los ejercicios en los que las cuentas de la sociedad que explotaba el circuito estuvieron en números rojos. Finalmente, en diciembre de 2013, el Gobierno de Navarra presidido por Yolanda Barcina decidió externalizar la gestión del circuito. El Gobierno de UPN cifró el “beneficio” de la operación en 6’3 millones de euros. Sin embargo, 5 millones de ese supuesto “beneficio” eran los 5 millones que el erario público dejaba de perder al no tener que asumir los números rojos del circuito durante los cinco años de alquiler del mismo. La empresa arrendataria, Los Arcos Motorsport, pagaría 1’3 millones de euros por ese lustro de arrendamiento; y existiría una opción de compra, al final de ese periodo, a un precio mínimo de 15 millones de euros.
Comptos definió lo ocurrido como “una operación no habitual de la Administración”. Resumiendo, la operación consistió en que el erario público asumió una infraestructura de iniciativa privada, multiplicó casi por 9 su presupuesto inicial, y podría venderla 7 años después de inaugurarla a un precio que podría no cubrir ni un tercio de lo que costó.
Volviendo a la actualidad: si el PP copia a su socio UPN el “modelo Los Arcos”, las 9 autopistas ahora rescatadas, por 5.500 millones acabarán revendidas, por unos 2.000. Un dudoso modelo de gestión del dinero público.
Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra
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