El Ayuntamiento de Murillo el Fruto, que en las pasadas elecciones cambió de signo político tras 16 años de gobierno regionalista con Javier Gárriz a la cabeza (ahora ostenta la Alcaldía Juan Carlos Gabari, representante de Agrupación Independiente Murillo), reclama 23 hectáreas de terreno comunal.
Los hechos se remontan al año 2002, fecha en la que se realizó una concentración parcelaria en el regadío tradicional de unas 550 hectáreas, siendo 210 de las mismas comunales y el resto de particulares. El objetivo era la puesta en riego por aspersión de 300 hectáreas (210 de ellas comunales). Pues bien, fruto de este proceso de transformación salieron a la luz 23 hectáreas de masas comunes (de propiedad municipal), producto de la suma de terrenos no cultivables tales como caminos, acequias, etc. Finalizado el proceso, cada propietario recibió la tierra aportada a la transformación bien en hectáreas o bien en puntos agronómicos. Sin embargo, las 23 hectáreas de masas comunes se adjudicaron al Sindicato de Riegos en lugar de a la Entidad Local, tal y como recoge la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas. Si bien es cierto que el artículo 59 de dicha ley establece, también, que el departamento de Agricultura podrá atribuir las tierras sobrantes y ubicadas dentro de la zona trasformada a las Comunidades de Regantes o Sindicatos de Riegos, previo compromiso de conservación de las mismas.
En 2010, con la transformación del Sector X del Canal de Navarra, las 300 hectáreas de regadío tradicional con riego por aspersión se segregaron e incorporaron al nuevo Sector X, pasando la responsabilidad de conservación del terreno al Ayuntamiento, que es quien paga una cuota fija a Aguacanal, empresa concesionaria del Canal de Navarra, por su mantenimiento. Es por ello que, concluida la responsabilidad de conservación de las tierras por parte del Sindicato de Riegos, el Consistorio reclama las 23 hectáreas. Por cierto que las masas comunes resultantes de la creación del Sector X sí que se adjudicaron al Consistorio.
Por todo ello, el Ayuntamiento critica al anterior equipo de gobierno por no haber reclamado en su día dicho terreno, a la par que desvela que la tierra “regalada” tiene un valor en el mercado de entre 300.000 y 400.000 euros y que “por la gracia y gestión de UPN”, (también en el Ejecutivo foral por aquel entonces) el Sindicato percibe unos 12.000 euros anuales por cultivar las 23 hectáreas que subasta entre los agricultores. Comenta que la inquietud por recuperar esta tierra surgió a raíz de la proyección, en el marco de los actos organizados para la recuperación de la Memoria Histórica, del documental Nos quitaron todo, que habla precisamente de los comunales. “La gente está sensibilizada y nos apoya” subraya el Consistorio a la par que solicita al Ejecutivo foral que “repare esta situación” de “abuso” y “revierta los comunales a los entes locales”.
Diario de Noticias
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