Este sector mayoritario del legitimismo todavía conservaba cierto apoyo popular en la región vasco-navarra, Rioja Alta, Cataluña y País Valenciano y lograba concentrar cada primer domingo de mayo a decenas de miles de personas que, desde hacía años, manifestaban posiciones claramente antifranquistas.
Además, desde mediados de los 60, se habían convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las aspiraciones de Juan Carlos a ocupar el trono de España. Allí donde podían, los seguidores de Carlos Hugo boicoteaban los actos de Juan Carlos y Sofía, acusando a su monarquía de centralista y de representar al capitalismo liberal, mientras que los carlistas defendían una monarquía federal como vínculo de unión entre unas regiones o antiguos reinos prácticamente independientes, regidos por fueros propios y sin una constitución central.
Por este motivo, finalmente Franco decidió expulsar de España a toda la familia Borbón-Parma en diciembre de 1968. Pese a ello, tanto Carlos Hugo, como su mujer, Irene de Holanda (segunda en la línea sucesoria de los Países Bajos) y sus hermanas Teresa, Cecilia y Nieves seguían acudiendo clandestinamente a la concentración anual de Montejurra.
Los también graves incidentes del año siguiente (1969), cuando los carlistas tomaron prácticamente la ciudad de Estella en protesta por esa expulsión, obligaron al Gobierno franquista a preparar una estrategia para debilitar la línea oficial del carlismo, fortaleciendo aquellos grupos disidentes que no solamente aceptaban colaborar con el régimen sino que también estaban dispuestos a reconocer a la dinastía liberal. De esta forma se eliminaba también un engorroso problema dinástico y se allanaba la consolidación de Juan Carlos en el trono de España
La denominada “Operación Reconquista” de 1976 entraba dentro de esa estrategia. El objetivo era aglutinar en torno a la figura de Sixto –el hermano menor de Carlos Hugo- a todos los sectores disidentes y arrebatar a los carloshuguistas el control del principal acto carlista.
Desde el principio, la “Operación Reconquista” tuvo un carácter militar y, teniendo en cuenta los testimonios aparecidos desde entonces, los grupos que actuaron el 9 de mayo de 1976 fueron armados por los servicios secretos (entonces el SECED, Servicio Central de Documentación) y por la Guardia Civil, existiendo también el convencimiento de que igualmente tuvieron conocimiento de los preparativos el presidente del Gobierno –Arias Navarro-, el ministro del Interior –Manuel Fraga– e incluso el propio rey Juan Carlos.
Uno de los testimonios más valiosos y directos es el suministrado por el periodista Diego Carcedo en su libro Sáenz de Santa María, el general que cambió de bando. Entonces, en 1976, Santa María era general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y, por este motivo, fue testigo de la conversación entre el general Campano –director del instituto armado- y José Arturo Márquez de Prado, uno de los organizadores de la operación.
En esa reunión, celebrada en el despacho de Campano, se ofrecieron armas de guerra, como ametralladoras, munición y equipos de comunicaciones para coordinar a los grupos que ocuparían la cumbre y a los que avanzarían, al pie del monte, desde el hotel Irache, impidiendo a los seguidores de Carlos Hugo iniciar el camino de ascenso como hacían todos los años siguiendo el itinerario del Viacrucis colocado tras la Guerra Civil.
Quienes llegaron arriba fueron recibidos a tiros, siendo alcanzado mortalmente un joven de Estella, Ricardo García Pellejero. Los que todavía no habían comenzado la ascensión y esperaban la llegada de Carlos Hugo e Irene se enfrentaron junto al monasterio cisterciense de Irache con la columna mandada por José Luis Marín García-Verde, que se haría famoso como “el hombre de la gabardina” porque llevaba esa prenda cuando fue fotografiado pistola en mano.
Sorprendidos por la resistencia encontrada, García-Verde hizo uso de su pistola hiriendo, también fatalmente, a Aniano Jiménez Santos, conocido en Cantabria por su actividad sindical en la HOAC (Hermandades Obreras de Acción Católica). Muchas otras personas resultaron heridas, bien por los disparos o durante los enfrentamientos con los grupos ultras, que iban armados con barras de hierro.
Una de las imágenes más impactantes fue la de Ferran Lucas, miembro de las Comisiones Obreras de Catalunya, cuyo rostro ensangrentado, atendido en el suelo por otros carlistas, ocupó las portadas de periódicos y revistas que no dejaban de preguntarse cómo el Gobierno había permitido tal situación cuando desde días antes se habían denunciado los preparativos de la “Operación Reconquista” y quién les había suministrado el armamento.
Pero, sobre todo, dos hechos convirtieron lo que podía haber sido una verdadera masacre en un escándalo político de primer orden. El primero fue la presencia en las filas atacantes de numerosos militantes ultraderechistas extranjeros, fundamentalmente italianos y argentinos, algunos vinculados a grupos terroristas como Ordine Nero, Ordine Novo, Avanguardia Nazionale o la Triple A (Alianza Antiterrorista Argentina). Entre ellos había acusados por el Gobierno italiano de perpetrar atentados en los que habían muerto decenas de personas; ahora se les veía en territorio español intentando disolver de forma violenta e impunemente una concentración política.
El otro fue la total pasividad de las fuerzas de seguridad, pese al gran despliegue realizado por la Guardia Civil y la Policía Armada. Solo una vez que se produjeron los enfrentamientos y las muertes, la Guardia Civil se interpuso entre las dos partes para que no hubiera más víctimas mortales. Sin embargo y pese a que todo el mundo vio quién realizaba los disparos, nadie fue detenido. Sixto, cabeza visible de los atacantes, en vez de ser detenido fue acompañado por la Policía para que abandonara el país.
Manuel Fraga, que se encontraba fuera de España en viaje oficial, se desentendió del asunto y desde el Gobierno se presentó lo ocurrido como una pelea fratricida que no les incumbía. Nunca se abrió una investigación seria; la judicial, iniciada ante las irrefutables y numerosas evidencias gráficas, no tardaría en cerrarse en aplicación de la ley de Amnistía, con lo que aquel crimen de Estado nunca fue totalmente aclarado.
Las principales consecuencias fueron políticas. Arias Navarro perdió la poca credibilidad que tenía su proyecto aperturista y fue sustituido dos meses después por Adolfo Suárez, que legalizaría el Partido Comunista y convocaría las elecciones de 1977. El carlismo, por su parte, quedó herido de muerte al ser presentado como un grupo violento lleno de divisiones internas.
Sus presos políticos, encarcelados por luchar contra la dictadura, fueron de los últimos en beneficiarse de la Amnistía. El Partido Carlista no fue legalizado, por lo que no pudo presentarse a las elecciones, pese a ser una de las pocas organizaciones que en marzo de 1977, cuando se anunciaron las elecciones del 15 de junio, fueron capaces de presentar de forma inmediata candidaturas completas en casi todas las circunscripciones electorales. Sus posibles votantes se repartieron entre agrupaciones electorales con otras denominaciones o apoyaron a otros partidos, como el PCE o el PSOE, que sí habían sido autorizados a participar en las primeras elecciones democráticas de la Transición.
Cuarto Poder
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