El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que «tome algún tipo de medida» contra el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que el jueves reconoció en Tolosa su constancia de torturas. De paso, el ministro carga contra GARA por revelar su intervención.
El Ministerio del Interior en funciones se ha fijado como prioridad negar cualquier atisbo de torturas a detenidos vascos, y en este empeño igual detiene a personas por pintar un mural que reclama castigos para un juez de la Audiencia Nacional. El señalado ahora es el magistrado José Ricardo de Prada, que en una elocuente charla el pasado jueves en Tolosa, de la que dio cuenta GARA al día siguiente, admitió la existencia de maltratos y reconoció la falta de respuesta judicial.
Lejos de interesarse por esa denuncia, el ministro maniobra para taparla. Y para ello apela al Consejo General del Poder Judicial a que «tome alguna medida» contra De Prada porque «esa es una declaración ofensiva». «Creo que hay motivos para que como mínimo se estudie hasta qué punto una persona que hace esas acusaciones puede tener responsabilidades tan importantes como las de un juez de la AN», añadió el ministro, que citó incluso a continuación el tipo delictivo de «apología del terrorismo».
«Han sido centenares los policías y los guardias civiles que han caído asesinados por los terroristas como para que ahora pongan el acento y se acuse a España de que se ha practicado la tortura de manera clara», añadió Fernández Díaz, que ve las declaraciones «infames».
«Evidente y patente» tortura
De Prada intervino el jueves en una mesa redonda sobre la respuesta de la Justicia española ante ETA, en el Ayuntamiento de Tolosa y convocada por el foro local por la convivencia. Junto a él estaban la catedrática Carmen Lamarca y el abogado Iñigo Iruin, además de la jueza Garbiñe Biurrun que ejerció de moderadora. De Prada hizo una contundente y extensa crítica de la actuación de los tribunales españoles en las distintas fases del proceso. Entre otras cosas, recordó que «la ley establece una derogación de derechos fundamentales tanto en la detención como en las posibilidades de comunicación con otras personas y de ser asistidos por sus propios letrados. Estas situaciones de detención ampliada y de incomunicación y de imposibilidad de ser asistidos por sus propios letrados es un caldo de cultivo tremendo para que estas personas puedan ser obligadas a no declarar voluntaria sino forzadamente, a lo que podríamos decir que es la tortura. Y lamentablemente el fenómeno de la tortura yo no voy a decir que sea un tema generalizado, pero aunque sea de forma episódica se ha producido y se ha producido de una manera clara».
Añadió a ello que «desde luego yo, en mi experiencia profesional, he tenido muchos casos de evidente y patente existencia de situaciones de tortura, o por lo menos en muchos casos de sospecha fuerte de tortura. Lamentablemente la respuesta que se ha dado desde los tribunales no ha sido la adecuada ni la acorde con un Estado democrático y de derecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha tenido que corregir en seis ocasiones precisamente porque los jueces no hemos sabido investigar su existencia».
GARA y ‘‘Berria’’;fueron los únicos medios que dieron cuenta de estas palabras. Pero ayer, seis días después, ‘‘Abc’’&flexSpace;recogió la información de GARA con tintes de escándalo, desencadenando la irrupción del ministro y de sindicatos policiales. Fernández Díaz mostró poco conocimiento del asunto al situar estas palabras como «declaraciones a GARA» cuando se trataba de una charla pública y abierta. Añadió que son afirmaciones «indignas, propias del diario GARA, pero indignas para una persona que ostenta una responsabilidad como la de juez, además de la AN».
GARA
1 comentario:
No pocas veces se ha puesto como ejemplo de valentía la decisión de yoyes de abandonar ETA, y no pocas veces, también, se ha hecho hincapié en la respuesta de ETA ante tal desafío que, siendo como era y sigue siendo, una organización clandestina y perseguida en estado de guerra, la "pena de muerte" aplicada contra el desertor siendo cruel no deja de ser habitual incluso en organizaciones armadas no clandestinas como lo pueden ser el ejército. Sin embargo pocas veces nos fijamos en tod@s es@s yoyes que son los también disidentes que habiendo formado parte de algo, ya sea una organización, un ideal político, etc etc, son también condenados a la muerte real o civil. Ejemplos en los últimos tiempos tenemos muchos: el teniente Segura que denunció la corrupción en el ejército fue expulsado mientras que conocidos celebrantes de golpes de Estado ascendidos, así como otros hechos similares. Las personas que dentro del PP denunciaron la corrupción, acabaron fuera del PP y vilipendiadas, mientras se defiende a los investigados a capa y espada o se les pone en puesto relevantes como a Rita Barberá. Ahora este juez ha traspasado la homertá sobre los oscuros métodos y formas de esa gran mentira llamada "lucha antiterrorista" por lo que será tratado como lo fue yoyes, pero esta vez, yoyes no será el ejemplo sino un mal ejemplo. Cosas de este País gobernado por terroristas mayores e impunes
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