La vida ha vuelto a las escuelas infantiles tras las recientes vacaciones de Semana Santa, pero en Landagutia, la escuela infantil de Ezcároz, reina el silencio. El edificio construido en el curso 2012-2013 con dos módulos permanece cerrado temporalmente desde septiembre porque no alcanza la ratio legal establecida en la legislación, que en su caso es de cuatro, razón por la que el Departamento de Educación no ha permitido su apertura.
Mientras tanto, a escasos metros de la escuela, el Ayuntamiento alberga a los tres niños con edades comprendidas entre los 0 y 3 años, en una bajera adaptada por sus progenitores, con material de la moderna escuela cerrada, ya que tampoco les dieron la opción de utilizarla como ludoteca. La abrieron con el apoyo económico de la Mancomunidad de Servicios Sociales del valle y el Almiradío de Navascués, y al frente de ella está Maitane Iturralde, técnica superior en Educación Infantil .
Antes de llegar a esta situación, obligados por el departamento, cargos municipales y afectados matizan que llevaron a cabo múltiples reuniones sin éxito con técnicas de Educación, y con su director general, Estebe Petrizan. Ni obtuvieron el permiso para su puesta en marcha, ni financiación administrativa. Landaguti fue la única escuela de las 81 que se quedó fuera en el reparto de los 5,74 millones que el Gobierno foral destinó a los centros municipales de 0 a 3 años. “Los técnicos sólo entienden de cifras y ratios, y nosotros creemos que el departamento tiene que ser más flexible y adecuar el nuevo decreto a nuestra realidad y, en general, a la diversidad”, expresa Zelaida Biurrun, concejala de Ezcároz, quien opina, que se trata de “una absurda situación de costes excesivos para todos,”.
TRANSVERSAL La decepción es mayor si cabe, porque la decisión viene del llamado Gobierno del cambio, que reconoció en su diagnóstico la limitada capacidad económica de los ayuntamientos, y ahora carga sobre ellos, dicen, y sobre las familias. “Educación se ciñe a la ratio de 4, pero tiene que adecuar la ley a nuestra realidad demográfica, con una discriminación positiva y criterios razonables,” recalcan.
Son conscientes de que la despoblación enciende la alarma social en el Pirineo y que las previsiones de nacimientos en el valle para el próximo curso es de cuatro niños, por lo que de seguir, con esta normativa, las familias no tienen alternativa, lo que les genera una situación de desamparo. Las escuelas más cercanas están a 50 kilómetros: Roncal, Espinal o Lumbier.
Entienden en Ezcároz que el cierre de la escuela vulnera el derecho a la atención a la infancia, también a los de sus padres, que se ven obligados a buscar otros recursos para poder trabajar. “Nosotros tendríamos que llevarle a Roncal, con los abuelos”, apunta Ignacio Sanz, a su vez concejal de Ezcároz, que no lo ve como alternativa. Igualmente desamparados se ven el edil Javier Udi, y su pareja, Ana Soria, madre gestante que dará a luz próximamente. “¿Cómo podremos conciliar la vida laboral y familiar si la Administración nos deja sin recursos?”, se preguntan.
A su juicio, el cierre de la escuela toca la familia, la educación, el sector servicios, pero también el desarrollo rural. “Si no tenemos este servicio, habrá otros que no se podrán dar. El valle y la vida se mantiene con la gente de todo el año. Aquí no podemos perder ni una familia”, apunta Tasio Sanz.
Esta es, a su juicio, una cuestión de voluntad política, y por eso se reunieron el día 22 con los portavoces de la Comisión de Educación.
Gustavo Goiena, presidente de la Junta del Valle de Salazar, cree también que “la situación es absurda, y que no se tienen en cuenta los factores diferenciadores.” No se puede medir a todos con tabla rasa. Esto afecta al desarrollo rural y grava a familias y a ayuntamientos”. Para Goiena, las normas tienen que ser flexibles y equitativas “Tenemos que tener el mismo derecho a los servicios básicos que cualquier lugar” .
Saben que el tema está sobre la mesa del Departamento, y su intención es seguir insistiendo hasta conseguirlo. “A veces parece que no hemos avanzado nada. Es un desgaste tremendo. A estas alturas, nos encontramos con la dificultad de conciliar trabajo y familia”, lamenta Biurrun.
El día 11 se reunirán con representantes de la Mancomunidad Auñamendi, gestora de la Escuela Infantil de Aezkoa, y junto con Roncal pelearán por la reapertura de Landagutia.
AEZKOA Y RONCAL Haurtxoen Txokoa, la escuela infantil de Aurizberri/Espinal ubicada en una casa de la localidad, cuenta con 11 niños y niñas, que completan un módulo mixto procedentes del Valle de Aezkoa, Valle de Erro y de Auritz/Burguete. El centro acoge también matrícula de Luzaide/Valcarlos. Están atendidos por la directora y una educadora a jornada completa, con modelo D, y una cocinera/limpiadora a media jornada.
De su gestión se encarga la Mancomunidad de Servicios Sociales Auñamendi, y se sufraga con subvenciones del Gobierno de Navarra, los ayuntamientos y las familias. Su matrícula desciende con respecto a años anteriores. Han llegado a tener 20 niños y niñas, y la previsión para el próximo curso es de 9 inscripciones, según la prematrícula, cifra que puede elevarse con dos nuevos nacimientos.
“Desgraciadamente, de aquí a varios años, nos podemos ver en la misma situación que Ezcároz, y entendemos que tenemos los mismos derechos como contribuyentes que cualquier otro ciudadano”, expresa la trabajadora Amaia Ubau, y usuaria de la escuela infantil como madre de una niña de 2 años. “El servicio es primordial para conciliar la vida laboral y familiar. ¿Cómo pretendemos que se quede la gente joven a vivir en los pueblos si no tenemos servicios? Sin la escuela, tendría que llevar a mi hija con mi madre, o contratar a alguien. Lo primero sería un apaño, y no siempre se puede pagar. El tema económico y el tema laboral están muy unidos”, concluye.
EL RIESGO DEL CIERRE TEMPORAL Luis de Potestad, presidente de la Mancomunidad Auñamendi y miembro del grupo motor que trabaja el tema del 0 a 3 años en la FNMC, alerta del peligro que supone el cierre temporal. “El problema de cerrar una escuela es que no se vuelva a abrir”, y reivindica asimismo la identidad de cada comarca y la diversidad, y por lo tanto la adecuación de la norma. “No nos podemos organizar de la misma forma en la Montaña que en la Ribera. La ley tiene que contemplar la diferencia, y vamos a trabajar juntos para lograrlo”.
La otra escuela infantil pirenaica, la de Roncal se ubica en la planta baja de la Casa del Valle, es también pública y de modelo D. Cuenta este curso con 5 niños y 3 niñas; 8 matrículas, y la sustentan entre el Gobierno, la Junta del Valle y las familias.
Este curso ha mantenido la matrícula con respecto al anterior, pero el año que viene se van 4, y la previsión es de 5 matrículas fijas. “Aquí lograr la ratio es complicado. En todo caso, el servicio es imprescindible para la conciliación de la vida laboral y familiar, y aunque existe la despoblación, las familias pagan sus impuestos como las demás, por lo que tienen que tener los mismos derechos”, argumenta Íñigo Irurita, uno de sus cuidadores.
Marian Zozaya, en Diario de Noticias
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