Imaginen que yo soy inspector de Hacienda y que, como tal, digo que la declaración de Hacienda me la hago yo y me la reviso yo. Seguro que no me dejarían: para algo están las instituciones como la Hacienda Foral o la Agencia Tributaria.
Imaginen ahora que tengo una empresa que fabrica coches. Y decido que mis empleados van a conducir mis coches, porque se los voy a vender a un precio muy bajo. Estoy en mi derecho de hacerlo, y seguro que a ustedes les parecería bien. Pero, ¿estarían de acuerdo en que la diferencia entre el precio de mercado del coche y el precio al que se lo vendo yo a mis empleados… lo pagasen ustedes, con dinero público? Seguramente no, no estarían de acuerdo.
Imaginen ahora que tengo una empresa privada con un número de trabajadores. También tengo un hospital, privado. Yo decido que a mis trabajadores les atiendo yo, en mi hospital, cuando lo necesiten. Y, a cambio, le pido al Gobierno que me pague por ello. No tengo que explicar a cuántos de mis trabajadores he atendido de verdad, cuántos han necesitado pasar por mi hospital… porque el gobierno me paga una cantidad de dinero público cada año, les atienda o no. Solo porque tengo esos trabajadores.
Bien. Pues esto último es lo que pasaba con el convenio entre Salud y la Clínica Universitaria. Es un convenio por el que más de 5 millones de euros iban cada año a la clínica solo en concepto de atención sanitaria a sus trabajadores, necesitaran o no atención esos trabajadores. No es que se pagase cada tratamiento que hiciese falta, no. Se pagaba un total. Sin control de ningún tipo sobre lo que realmente se usaba.
Y eso se parece a un seguro. Yo, cuando pago un seguro, pago sin saber si lo usaré o no. Me puede salir bien o me puede salir mal: puedo amortizarlo o no amortizarlo jamás. Pues algo así me parece este convenio: un seguro privado pagado con dinero de todos.
Ahora, cuando el convenio se ha quitado, nos dicen que se ahorraba. ¿Lo sabemos con certeza? ¿Nos han dicho cuántos trabajadores han sido atendidos durante este tiempo y de qué patologías? ¿No se les podría haber atendido en la sanidad pública? ¿Cuánto hubiera costado atenderles en un hospital público? Ahora nos dicen que, al perder esos millones de euros (digan mejor dejar de cobrarlos), habrá trabajadores que pierdan su puesto de trabajo. ¿Culpan al gobierno de los despidos en una empresa privada? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por no inyectarles dinero con los ojos cerrados? Si quieren que hagamos con ellos como ellos hicieron con la banca, pueden esperar sentados.
Idoia Etxeondo, en Diario de Noticias
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