Cuando Mariano Rajoy vino a Pamplona a firmar el acuerdo entre UPN y PP quedaron claras varias cosas. La primera es que UPN se ha atado al PP, comprometiéndose a votar al candidato Rajoy a la presidencia del Gobierno y obteniendo a cambio el compromiso de eliminar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución si ésta se reforma. La segunda es que ni UPN ni PP entienden qué es la Transitoria Cuarta, que establece las condiciones democráticas para que Navarra pudiera modificar su estatus institucional. Es, en definitiva, una capacidad de decisión que evitaría que en ningún momento pueda producirse en Navarra una situación como la catalana.
Fue Javier Esparza, presidente de UPN, el que se atrevió a decir que, igual que en Catalunya existe un desafío, “también existe en Navarra”. Falta a la verdad. Nadie plantea hoy algo similar a lo que está pasando en Catalunya, ni nadie ha hecho siquiera el más mínimo atisbo. El gran desafío que vive Navarra es el de los ataques que nuestra soberanía fiscal ha venido recibiendo (y no precisamente por parte del resto de los territorios forales). Nada se dice en ese acuerdo de revertir las políticas del PP, al menos aquellas que han lesionado gravemente nuestro autogobierno en otros aspectos, la recentralización en marcha de muchas políticas o la transferencia de competencias pendientes. Para UPN es más cómodo situar la amenaza en el noroeste, aunque esto en nada se compadece con el hecho de que quien cercena nuestro autogobierno está en Madrid, en un Estado cada vez más voraz.
En la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución española del 78 se reconoce la capacidad y establece el procedimiento, desarrollado en la disposición adicional segunda del Amejoramiento, para que el Parlamento navarro pueda ejercer la iniciativa en virtud de la cual que la Comunidad Foral pudiera incorporarse a la CAV y que esa iniciativa debe ser ratificada en referéndum.
Desde Geroa Bai hemos defendido siempre que sean únicamente los navarros y navarras quienes decidan su futuro político, y mantenemos ese compromiso con independencia de que la voluntad expresa de la ciudadanía de Navarra esté de acuerdo con nuestras aspiraciones. Por esa razón consideramos que el principio que justifica dicha disposición tiene plena legitimidad democrática: poner en manos de la sociedad su propio futuro, sin que Navarra sea nunca una pieza de negociación de otros intereses, es decir, concebir a Navarra como un sujeto y no como un objeto de decisión. Y en este sentido la Disposición Transitoria es plenamente respetuosa con los principios democráticos de libre adhesión y respeto a las mayorías políticas; establece un derecho y fija unos procedimientos democráticos, sin predeterminar cuál deba ser el resultado de dicha decisión.
Hay quien afirma que esa disposición carece de sentido tantos años después en lo que tiene de transitoria; y puede que tengan una parte de razón -aunque en un sentido contrario a lo que dicen-, ya que los valores y derechos democráticos no caducan nunca. Por eso, dicha disposición debería pasar a denominarse de otra manera en la que se recoja su carácter permanente y, en plena sintonía con el principio de radicalidad democrática, se arbitre también la posibilidad de que sea reversible, es decir, que si el pueblo de Navarra decide un día vincular su futuro institucional con la Comunidad Autónoma Vasca, se recoja expresamente el derecho a revisar esa situación, pasado un tiempo razonable y siempre de acuerdo con procedimientos estrictamente democráticos.
Si se acepta esta formulación, no habría ninguna dificultad en consentir la enumeración de las comunidades autónomas que diversos partidos políticos han propuesto para una futura reforma constitucional, ya que esa mención expresa a Navarra quedaría equilibrada con la revisabilidad y el carácter abierto de su realidad institucional, sin más límite que la libre voluntad de la ciudadanía.
No entender ese carácter profundamente democrático de la disposición (hoy) transitoria es obviar que Navarra tiene derechos per se. Derechos históricos que no deben obviarse. En el acuerdo, además, sale un genérico apoyo al Convenio Económico, muy criticado por diferentes feudos del PP que pueden tener mucho que decir en el futuro de la formación, y más si Rajoy tuviera que ser relevado al frente de su partido. Esto lo sabe UPN; como también sabe que atarse al PP para cualquier reforma constitucional implica requerir otro socio. ¿Será Ciudadanos? En caso de que así fuera, el coste en términos de autogobierno puede ser muy alto. Se pondrían fácilmente de acuerdo en eliminar la Transitoria, pero… ¿alguien cree a UPN con la fuerza y la credibilidad necesaria para hacer frente a esa opresión por suprimir nuestro convenio?
Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social, y número 2 de Geroa Bai al Congreso de los Diputados (en Diario de Noticias)
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