A pesar de esperado y conocido, el anteproyecto de los derechos del concebido y no nacido, dado a conocer el viernes 20 de diciembre por el Gobierno del PP, supuso un grave mazazo para las mujeres en general, y para el movimiento feminista en particular. Se sabe que estamos bajo el gobierno de la derecha más retrógrada y ultraconservadora. Se sabe que el titular de la cartera de Justicia, que marida política e ideológicamente con el de Interior, es la avanzadilla de las huestes filo-franquistas y del catolicismo más integrista. Sabido todo eso, siempre quedaba la esperanza de algo un poco menos nefasto. Con todo ello, aquí van unos comentarios, que tratan de ver la situación de contestación y respuesta que se está organizando desde el movimiento feminista y, en general, el rechazo generalizado que está provocando esta propuesta pepera.
En primer lugar, hay que dejar sentado que el proyecto de ley no tiene desperdicio en lo que se refiere al menosprecio de los derechos de las mujeres y al retroceso que supone. Ya se ha dicho y es notorio que nos colocaría en situaciones peores y más restrictivas que en el año 1985, con la primera ley de despenalización parcial de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Llama la atención, que una modificación de tal calibre, que va a llevar a la criminalización y penalización de más de 100.000 intervenciones (algunas, muchas, son intervenciones de “tomar una pastilla”), se realice sin ningún análisis de datos ni de la situación; ni de las causas por las que se producen las IVEs; ni tampoco de las causas que dan lugar a los embarazos no deseados y el origen de estos fallos; tampoco se analiza la situación de las personas que son mayoritariamente afectadas,... Y estos datos existen, y los publica el Ministerio de Sanidad con periodicidad anual. ¿Por qué ha ejercido Gallardón de impulsor de esta ley dejando al margen a la responsable de Sanidad y de Políticas Sociales? Se presenta así el proyecto, no dentro de las necesarias políticas de salud sexual y reproductiva de las mujeres, sino dentro de una propuesta ideológica que trae causa de los particulares valores del integrismo católico.
La prueba de que esta modificación se inserta en este sector de la sociedad está en los apoyos que ha conseguido de forma unánime y fervorosa: Rouco y los que se denominan “pro-vida” del feto. Hay un apoyo cualificado más. Tenía que ser en Navarra. Resulta que el Arzobispo que tienen aquí los católicos, es castrense. Y allá por las fechas en que ejercía de tal, aparece fotografiado bendiciendo a las tropas del ejército español que iban a intervenir en una de las guerras más ilegítimas conocida: la de Afganistan. Ahora, elevado de categoría y con plaza en Iruñea y Tudela, se dedica a apoyar y a participar en los “escraches” que las organizaciones ultracatólicas locales realizan en la única clínica navarra que practica interrupciones de embarazos, acosando a las mujeres y llamándolas asesinas.
Cabría destacar que, además, parece no concitar voluntades de su espectro político pues, para estas fechas, destacados militantes/dirigentes del PP, se han desmarcado de la modificación abiertamente y ya piden a voces, que se retire el proyecto, y que si llega al Congreso, se deje libertad de conciencia para la votación que sería secreta.
En tercer lugar, hay que subrayar el despegue del proyecto de un sector científico médico que ha reaccionado fuertemente en contra del supuesto segundo de legalización, para el caso de que el feto tenga malformaciones importantes, que afecten a la salud psíquica de la embarazada. Obviamente se señala, con cierto recochineo por alguien, que si una mujer amenaza de depresión por un embarazo no querido, se le puede recetar Prozac, pero no la realización de un aborto.
En cuarto lugar, no son pocas las voces del mundo jurídico, que ven serios impedimentos de constitucionalidad y de respeto a los principios del Derecho Penal, el hecho de que a la mujer embarazada se la convierta en víctima, en el momento en el que voluntariamente decide abortar, y por tanto no sería imputable. Sí lo sería en cambio todo el personal que participe en la realización del mismo. Esto además de la permanente crítica a que se considere, como dice el título de la ley, que el concebido y no nacido tenga derechos, como una persona, y que además, al entrar en conflicto con los derechos de la mujeres, sean aquéllos preeminentes.
En quinto lugar, hay que destacar las reacciones de algunas personas del ámbito de la política europea que han manifestado que con este proyecto de ley el Estado español se separa peligrosamente de la mayoría de las legislaciones europeas, de corte democrático, inscritas en los principios y directivas europeas sobre derechos sexuales y reproductivos, que a su vez se basan en la normativa internacional. Esto va a suponer para los países europeos más cercanos y asequibles, que muchas mujeres, miles, acudirán allí a que se les practiquen las intervenciones.
Las reacciones más interesantes e inmediatas han sido las del movimiento feminista. Con una coincidencia y una contundencia ejemplar, cientos de movilizaciones se sucedieron por todo el estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes al anuncio del gobierno. La inmediatez de la respuesta, en un día tal como el veintiuno de diciembre, sábado, no dejó sede del PP huérfana de la visita. El llamado del movimiento feminista fue apoyado por miles de personas en todos los sitios. El clima de indignación y rechazo era importante. La contestación fue brutal. Y es entonces cuando los sentimientos de rabia e impotencia se van transformando de forma colectiva en armas para la reivindicación y la contestación. Así aparecen, una vez más, los puntos centrales del debate de la política feminista: derecho a decidir libremente sobre los propios cuerpos; aborto libre y gratuito, en los centros públicos de salud; maternidad libre y deseada; las mujeres decidimos.
Con este elenco de consignas y reivindicaciones el movimiento ha salido a la calle, acompañado de amplios sectores sociales que le apoyan. El derecho a decidir de las mujeres se está convirtiendo en el primer punto de la agenda política. Está habiendo ya un debate amplio sobre la legitimidad del derecho al aborto a petición de la embarazada y dependiendo de su libre y soberana voluntad.
Sobre estas movilizaciones me gustaría destacar dos puntos importantes de las mismas, que están configurando ya los nuevos perfiles de las protestas.
La incorporación de miles de jóvenas a las organizaciones feministas y a las movilizaciones está suponiendo una forma interesante de contestación y protesta. Se retoman y se potencian y reinventan manifestaciones callejeras descaradas, enfrentadas, abiertas, divertidas, musicales, radicales,... , así como encierros, encadenamientos, performances, teatros,... Todo ello, está posibilitando una participación muy directa donde la gente se encuentra a gusto porque escenifica la protesta en primera persona. Ese es el llamado más importante al que se está respondiendo: se trata de tu cuerpo, de tu movilidad, de tu decisión, de tu espacio,...
Todas, pero sobre todo la gente más joven, perciben en este proyecto de ley una grave intromisión en sus vidas y en sus decisiones más importantes. Decisiones que son un derecho reconocido y tutelado por el Estado y las Administraciones Públicas, pueden pasar a ser conductas delictivas y acciones penalizadas, y en todo caso, no garantizadas para las mujeres. Puede suponer que la vida de miles de mujeres se pone en peligro porque hay que volver a abortos clandestinos. Puede suponer, que las que tengan más medios económicos o puedan viajar más fácilmente sí decidan sobre un embarazo no deseado, mientras que las mujeres más fragilizadas por el sistema tengan que soportar maternidades impuestas por la voluntad de otros y bajo la dependencia de otros. Puede suponer que la mujer que acceda a que le realicen una IVE, obtenga como resultado un certificado de “salud mental en peligro”.
Así las cosas, va a ser muy difícil que se imponga esta ley contra la voluntad mayoritaria de la sociedad. No existe ninguna razón para que las mujeres empeoren sus condiciones de libertad de decisión que no sea la propia ideología ultraconservadora. Además, ahora existen los medios más que suficientes para que una interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar con todas las garantías sanitarias. Las movilizaciones están demostrando el desacuerdo y la contestación. Una vez más el movimiento feminista se movilizará en resistencia. Resistencia que ya se está convirtiendo en desobediencia.
Begoña Zabala, en Viento Sur
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