La situación actual abre nuevos horizontes para la convivencia. Nuestra sociedad está superando décadas de violencia con fines políticos, que han provocado cientos de víctimas y de vulneraciones de Derechos Humanos. Pero para alcanzar un futuro de paz y libertad duraderas es preciso respetar unas bases éticas mínimas por parte de todos los agentes que componen la sociedad (instituciones, partidos políticos, agentes sociales, ciudadanía).
Las organizaciones políticas abajo firmantes, después de desarrollar un trabajo en común al respecto, hemos consensuado un relato común de lo sucedido, y unas propuestas consensuadas de cara al futuro.
● RELATO COMPARTIDO Y VERAZ CONTRA LA VIOLENCIA :
En Euskadi y Navarra han existido, existen y existirán diferencias en torno a las identidades, las lenguas y las soberanías, al igual que sucede en otras sociedades. Pero creemos que ha habido y hay condiciones para expresar esa pluralidad de manera pacífica. Nuestro elemento diferencial ha sido la violencia injusta, injustificada e inútil, que no fue la consecuencia inevitable de un conflicto, sino la “opción deliberada” de quienes la utilizaron.
El 95% de las 829 víctimas de ETA se produjeron tras la muerte de Franco. Su violencia fue dirigida contra personas por razón de su ocupación, su forma de pensar o su militancia política. La trayectoria de ETA ha sido la de la prevalencia del militarismo y el antipluralismo. Y en ese lamentable camino la participación de la izquierda abertzale ha sido capital, a través de la estrategia de la “socialización del sufrimiento” que dio lugar a la llamada “violencia de persecución”.
Durante la Transición y hasta los primeros años de la democracia se entró en la lógica acción-represión-acción mediante el terrorismo de Estado y de extrema derecha. El último asesinato de los GAL fue cometido el 24 de julio de 1987, pero más de dos décadas después solo han sido juzgados 24 asesinatos de 65. El Poder Judicial confirmó la implicación política al máximo nivel con la condena de toda la cúpula del Ministerio de Interior. Además hubo 94 víctimas mortales de abusos policiales, que solo recientemente han comenzado a ser reconocidas. Asimismo ha habido una enorme dejación en torno a la investigación de las denuncias de malos tratos y tortura, tal y como ha sido señalado en repetidas sentencias del tribunal de Estrasburgo. Con el agravante de que han sido indultados 36 de los 62 condenados por este delito. La propia existencia de estas violencias ilegítimas, y la cantidad de casos sin esclarecer, muestran cómo el “todo vale contra el terrorismo” se impuso en demasiadas ocasiones sobre los principios democráticos del Estado de Derecho.
Eso sí, en Euskadi y Navarra “no ha habido una guerra”. Ni equiparamos a ETA y a las instituciones del Estado, ni consideramos que han coexistido dos violencias equivalentes. Ha habido una organización que mediante el terrorismo ha pretendido imponerse a la sociedad de modo antidemocrático; y unas instituciones con un amplio grado de autogobierno, elegidas por la ciudadanía, que con aciertos y errores, han tenido el deber de impedir asesinatos y demás tropelías cometidas por ETA contra ciudadanos, por pensar diferente o por representar a la otra identidad. Los delitos y abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo, no han sido una persecución del independentismo, tal y como lo pone en evidencia, que Bildu ostente hoy en día el poder en la mayoría de las instituciones de Gipuzkoa. En esto no hay, ni puede haber, ambigüedad alguna.
● VÍCTIMAS Y JUSTICIA
Se ha criticado mucho el gran error de no haber basado la Transición democrática sobre los pilares de “Justicia y Reparación”. Al igual que pedimos el esclarecimiento judicial de aquellos crímenes franquistas, apostamos hoy por el derecho a la justicia de todas la víctimas. Rechazamos repetir la componenda del olvido, mediante otra “amnistía”, que imponga una “(In)Justicia transicional”. Asimismo criticamos el planteamiento de una “Justicia exclusivamente punitiva”, que concibe el Derecho Penal como una versión regulada de la venganza. Nuestra alternativa, en cambio, es la “Justicia restaurativa” (vía Nanclares) que pretende reconstruir la convivencia y facilitar la reinserción mediante el reconocimiento del daño causado.
En el ámbito de la reparación detectamos dos lagunas importantes en los casos de las víctimas de los abusos policiales y torturas, pendiente de un reconocimiento aún apenas incipiente, y en el de las muchas personas amenazadas, que tuvieron que huir de los lugares donde vivían. A la vez que reconocemos los importantes pasos dados hacia las víctimas del terrorismo (ETA, GAL, BVE), después de muchos años de abandono.
“Víctima” es toda persona que ha padecido un sufrimiento injusto. En su pluralidad, ése es elemento común que les hace merecedoras de los mismos derechos, independientemente del distinto significado que tiene matar policías, torturar personas acusadas de terrorismo o perseguir concejales de otras ideologías. Ahora bien conviene advertir sobre las estrategias de “confusión y manipulación”, que mezclan víctimas inocentes de un daño injusto, y otro tipo de sufrimientos de naturaleza radicalmente distinta (como por ejemplo, el de miembros de ETA que murieron mientras ponían una bomba). Mención aparte merece el caso de las “víctimas-victimarios”. La triada “verdad, justicia y reparación” no exige homenajear a personas que sin duda sufrieron una vulneración de Derechos Humanos, pero que a su vez la perpetraron. Así lo defendimos en contra de la condecoración a Melitón Manzanas, y así lo planteamos en el caso de víctimas-miembros de ETA. Finalmente queremos destacar los simbólicos ejemplos de Yoyes, que muestra como fue tratada la libre disidencia, y de las “víctimas antifranquistas”, que sufrieron primero la represión de la dictadura, y que posteriormente fueron víctimas de ETA (López de Lacalle, Recalde, Jauregui…).
● PERSONAS PRESAS, DERECHOS HUMANOS Y REINSERCIÓN
En el marco de una política penitenciaria orientada a la reinserción defendemos incondicionalmente los Derechos Humanos, que en un sistema democrático toda persona presa debe tener garantizados, con los efectos inmediatos que esto implica en relación al acercamiento, la excarcelación de presos con enfermedades graves e incurables y la aplicación sin discriminación de la legislación y beneficios penitenciarios (3º grado, permisos, rechazo a la doctrina Parot…).
Durante años se ha desarrollado una legislación de excepción ante el fenómeno terrorista, un auténtico Derecho Penal del Enemigo, que ha rebajado las garantías y libertades fundamentales. Las ilegalizaciones han sido su máxima expresión. Sabemos que ETA y la izquierda abertzale han combinado la violencia y la acción política legítima (“Bietan jarrai”), como por ejemplo en el caso de los militantes de Segi y la kale borroka. Pero una respuesta democrática exige imputaciones individuales y con pruebas de peso, siendo inadmisible que la mera pertenencia a una organización política pueda conllevar la cárcel o la pérdida de derechos civiles.
En todo caso la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito penal y penitenciario, nada tiene que ver con el tratamiento como “héroes-mártires” que ciertos sectores profesan al colectivo de presos de ETA. De la misma manera que rechazamos la apología del franquismo, consideramos que la legitimación social en plaza pública de su trayectoria mediante homenajes, suponen una mal ejemplo para la convivencia futura de nuestras sociedades, además de un dolor añadido y una humillación para los familiares de sus víctimas. Una sincera contribución a la convivencia por parte de la izquierda abertzale, debería caminar en sentido opuesto, tal y como nos muestran los presos disidentes de Nanclares. Y es que reconocer el daño causado (no solo que ha existido, sino que ha sido injusto e inútil) va a ser un elemento clave para la reconciliación, y además facilitaría la flexibilización de la política penitencia y de los procesos de reinserción.
● MEMORIA DEMOCRÁTICA
Afrontar el futuro recordando lo que aquí ha sucedido es un acto de justicia y una importante contribución para que nuestra historia negra de violencia no se repita. Frente al olvido, al negacionismo, a la tergiversación de las memorias “parciales”, creemos en el enorme potencial de pedagogía democrática transformadora que tienen los testimonios directos de las víctimas. Se trataría de conocer esas historias no para justificar unas violaciones de Derechos Humanos con otras, sino para deslegitimar la violencia que aquí se perpetró, mostrando sus consecuencias.
De la misma manera, también constituye una base fundamental para la memoria democrática, destacar el papel de aquellos que en medio de tanto horror defendieron coherentemente los Derechos Humanos y los principios democráticos. Desde los movimientos sociales pacifistas, hasta jueces, forenses y policías, como Jose María Lidón (caso Linaza) o Jesús García (caso Lasa y Zabala), que combatieron la tortura y desenmascararon la guerra sucia.
● CONVIVENCIA Y PLURALISMO
Las bases ideológicas sobre las que se ha justificado la violencia durante muchos años ha sido una concepción sectaria y excluyente de nuestra pluralidad, que ha estigmatizado al otro como colono, traidor, invasor, filoterrorista, zipaio, y que ha generado miedo social, lastrando la libre expresión de la ciudadanía. Abogamos por la convivencia, por no enfrentar identidades. Pero por el contrario contemplamos cómo en el espacio vasco-navarro, en el territorio común del euskera, se regulan los símbolos y las lenguas con doble vara de medir en función de la mayoría o minoría, tanto por parte del abertzalismo, como del constitucionalismo. Aspiramos a vivir respetando el pluralismo de sentimientos nacionales o de lenguas, construyendo una cultura pública común y en pro del derecho –comúnmente pactado- de la ciudadanía a determinar su futuro.
Pamplona, 26 de Octubre de 2013
Batzarre - EQUO Euskadi - Ezker Anitza-IU - EQUO Navarra-Nafarroa - IUN-NEB
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