La necesidad de reformar el mapa local de Nafarroa es una cuestión que lleva varios años apareciendo periódicamente sobre la mesa, pero en esta ocasión, con la acuciante crisis económica, parece que el nuevo Gobierno navarro de Yolanda Barcina se dispone a hincarle el diente. En este arranque de legislatura, el consejero encargado de Administración Local, Roberto Jiménez, que es también el líder del PSN, ha anunciado su voluntad de acometer cambios. Jiménez argumenta que es hora de «acometer las reformas precisas para racionalizar el gasto de los ayuntamientos y mejorar los servicios que prestan a los ciudadanos».
De hecho, la cuestión llevaba años en estado latente. La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) afirmaba en un editorial aparecido en su revista en setiembre de 2007 que «la administración local sigue sufriendo un conjunto de problemas similares a los que ya padecía en los primeros años de la andadura democrática: minifundismo local y un mapa caótico, desubicación institucional de los concejos, financiación insuficiente, falta de autonomía o excesivo peso de la Administración en la gestión municipal... Éstas son algunas de las taras eternas que, en última instancia, padecen los ciudadanos en forma de menos y peores servicios».
Sin embargo, tras la crisis económica desatada en 2008 las cosas han empeorado todavía más. Los ayuntamientos siguen reclamando autonomía de funcionamiento, pero la falta de liquidez ha pasado a ser el gran problema y ha llevado al Gobierno navarro a tomar cartas en el asunto. Antes incluso de anunciar el compromiso de reformar el mapa local, el consejero Jiménez compareció el 2 de agosto para advertir a 55 consistorios de que no podrán realizar las obras ya previstas pero todavía no iniciadas hasta que el Ejecutivo constate su capacidad de endeudamiento. Los citados 55 ayuntamientos necesitaban préstamos por valor total de 7,2 millo- nes de euros. En paralelo, el Gobierno de Barcina analiza expedientes de otras 30 localidades con obras ya comenzadas. Y los datos son provisionales, por lo que la cifra de consistorios en problemas puede crecer.
La FNMC tampoco pone paños calientes a la situación. Admite, por ejemplo, que durante 2010 la deuda de los ayuntamientos navarros creció en un 9%, hasta situarse en 313 millones de euros según datos del Ministerio de Economía. Este incremento multiplica casi por cuatro el del aumento de la deuda estatal en el mismo periodo, que fue del 2,4% según la misma fuente.
Dada la indefinición de las palabras de Jiménez y la amplitud del concepto genérico de «reforma del mapa local», ¿por dónde pueden ir las intenciones del Gobierno navarro? ¿Incluso hasta la supresión de ayuntamientos o concejos? Hasta el momento nadie cita expresamente esa posibilidad, pero el agravamiento imparable de la deuda hace factible que se llegue a ese punto.
De momento, la base mínima de la reforma será el documento aprobada por el Parlamento navarro en febrero pasado, tras varios meses de trabajos. En él se aboga por redistribuir las competencias, de modo que los concejos -las entidades municipales más pequeñas del complejo mapa navarro- cedan atribuciones a los ayuntamientos mayores, y éstos a su vez formen «agrupaciones de servicios administrativos», lo que se plantea que se haga de modo voluntario durante un plazo de tres años y «con carácter forzoso» después.
La ponencia planteaba también una entidad específica para Iruñerria que pueda asumir funciones comunes de sus localidades, como seguridad en lugares públicos, planificación y ordenación urbanística supramunicipal, protección del medio ambiente, cementerios y servicios funerarios, políticas sociales, limpieza viaria, transporte público, programación de la enseñanza...
En las propuestas previas de cada partido destacaban ideas como la del PSN al plan- tear que se obligue a los municipios con menos de 2.000 habitantes a «contar con una funcionalidad adecuada a sus capacidades y potencialidades, y fomentar su integración, asociación o agrupación, a través de fórmulas que no obliguen a su extinción o fusión». También destacaba el diagnóstico crítico de Nafarroa Bai, para quien «un mapa local con 272 ayuntamientos, decenas de mancomunidades y casi 400 concejos es cada vez más insostenible. Ya no es sólo que resulte absolutamente desproporcionado para una comunidad como Navarra y para sus 650.000 habitantes, sino que es un impedimento para la propia viabilidad y dignidad de la mayoría de esas entidades y les convierte en entes imposibilitados para garantizar la prestación de servicios en parámetros de eficacia». Tanto NaBai como IUN propusieron crear instituciones supramunicipales, de eskualde o comarca.
La etiqueta de «minifundio» no es exagerada si se repasan los datos del mapa local de Nafarroa Garaia, sin duda el más complejo y disperso de Euskal Herria, y probablemente también de todo el Estado español, equiparable sólo al de Galicia. De los 272 municipios existentes en la actualidad, más de la mitad, 153, tienen menos de 500 habitantes; otros 34 están entre 500 y 1.000 personas censadas; 26 se sitúan entre los 1.000 y los 2.000 habitantes; 38, entre 2.000 y 5.000. Sólo 21 municipios pasan de ese volumen de censo, pero de ellos doce consistorios son menores de 10.00o habitantes, seis están entre 10.000 y 20.000, dos entre 20.000 y 200.000, y únicamente Iruñea aparece algo por encima de esa cifra.
La situación se complica aún más por una peculiaridad navarra: la existencia de los concejos, nada menos que 348. Su definición es la de «entidades locales enclavadas en el término de un municipio, con población y ámbito territorial inferiores a éste, con bienes propios y personalidad jurídica para la gestión y administración de sus intereses». Sólo se extinguen cuando se constata que la población no ha aumentado por encima de los dieciséis habitantes de derecho durante los últimos tres años, o bien cuando acontece otra causa de fuerza mayor, como fue el desalojo y demolición del pueblo de Artozki para ser anegado por el pantano de Itoitz.
La ponencia aprobada por el Parlamento en febrero, y que impulsaba al Gobierno recién creado a acometer esta revisión del mapa local, plantea que las competencias de los concejos se limiten ya a cuestiones menores como organizar sus fiestas y guardar sus archivos, y que el resto sea asumido por los ayuntamientos en que se agrupan.
Los problemas que se derivan de esta atomización no sólo son económicos, aunque éstos resulten los más evidentes y se hayan agravado totalmente en los últimos ejercicios. Otra consecuencia es, por ejemplo, la dificultad para formar corporaciones locales. Así, el pasado 22 de mayo quedaron sin constituirse hasta 158 municipios y concejos por la sencilla razón de que no hubo candidatos dispuestos a gestionarlos. En otoño se realizará una segunda convocatoria, y en caso contrario el Gobierno navarro tendrá que nombrar comisiones gestoras.
Esta cifra apunta a que se trata de un problema muy generalizado, aunque si se analiza desde el volumen de población afectada no es tan grave. Y es que entre los 29 municipios que se quedaron sin elecciones el pasado mes de mayo (algo más del 10%), sólo suman un total de 8.470 vecinos, y únicamente cuatro de ellos tienen más de 500 habitantes. En la lista aparecen localidades con resonancias históricas pero a día de hoy con escasa población, como Elo, Bargota, Erronkari, Garde, Garralda, Ituren, Donamaria... En los dos mayores de este conjunto de 29, Arbizu y Lakuntza, el 22-M no hubo que acudir a las urnas por otra razón bien distinta: la ilegalización de listas.
El resto de quienes no votaron ese día son concejos: no hubo comicios en 129 de ellos (el 37%), si bien hay que matizar que en cuatro de ellos fue debido al veto de los tribunales españoles a la única candidatura que se había presentado (Lizarrabengoa, de Etxarri-Aranatz; Urritza, de Imotz; Espartza, de Galar; e Iguzkitza, del municipio del mismo nombre).
Las dificultades para renovar las corporaciones ya no son noticia, sino un problema enquistado que habitualmente no se resuelve tampoco en segunda ronda, por lo que siguen los concejales anteriores o se crean gestoras.
GARA
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