¿POR QUÉ CUESTA TANTO VOTAR A MACRON?

 Emmanuel Macron y Marine Le Pen se volverán a ver las caras el próximo domingo para decidir quien será el próximo presidente de la República francesa. El presidente saliente ha logrado un buen resultado tras absorber el voto útil del centroderecha. Como ya hizo en 2017 con el centroizquierda, Macron ha terminado por absorber a los dos partidos (Partido Socialista y Los Republicanos) que habían estructurado la vida política francesa durante casi 20 años. Con la repetición del duelo entre Macron y Le Pen, la sombra de la sospecha parece recaer en lo que harán los electores de izquierda en general y de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon en particular. Pero, ¿por qué para muchos franceses, especialmente entre las clases populares y la izquierda, puede ser tan difícil votar a Macron en segunda vuelta frente a una candidata de extrema derecha como Le Pen? Y ¿por qué el presidente saliente no ha logrado contener a la ultraderecha? Para entenderlo, no justificarlo, hay que tener en cuenta que ya no estamos en 2017, cuando Macron gozaban de aires de frescura o novedad. Los franceses han tenido cinco años para evaluar un Gobierno que ha ido aplicando políticas de corte antisocial y comprando el marco de la ultraderecha.

Macron termina su primera legislatura dejando un país todavía más desigual. Sus políticas neoliberales de “goteo hacia abajo” exonerando a los más ricos de impuestos (el impuesto de solidaridad sobre la fortuna financiera, la flat tax o el Crédito de Impuesto para la Competitividad y el Empleo) sólo ha servido para hacer más rico al 1% como subraya el informe del Instituto de Políticas Públicas. A esto hay que añadirle también las privatizaciones de los aeropuertos de París, del juego (FDJ) o las privatizaciones parciales de la energía (Engie y EDF) y los trenes (SNCF).

Estas políticas han estado acompañadas de un lenguaje clasista, lo que le ha valido el apelativo de “presidente de los ricos”. Por ejemplo, se dirigió a unos huelguistas diciéndoles que “la mejor manera de pagarse un traje es trabajar” o ante unos parados con un “cruzo la calle y te encuentro un trabajo”. Algunas de sus políticas, como el intento de retrasar la edad de jubilación, provocaron grandes contestaciones sociales. Macron respondió, la mayoría de las veces, con una represión excepcional. El ejemplo más claro es el de los chalecos amarillos, el movimiento social más fuerte conocido en Francia desde Mayo del 68. El balance de la gestión del Ejecutivo dejó un muerto, tres personas en coma, cinco perdieron una mano y 23 perdieron un ojo. A esto se le sumó rápidamente la polémica ley antidisturbios, que facilita detenciones en las manifestaciones y permite castigar con hasta 15.000 euros o con una pena de prisión a quien se tape la cara.

El movimiento de los chalecos amarillos, que puso contra las cuerdas al Ejecutivo de Macron, puso encima de la mesa que la crisis de representación y la crisis ecológica son inseparables de la crisis social. Ante estos desafíos, Macron reaccionó a través de dos dispositivos de consulta y participación: el Gran Debate Nacional y la Convención por el Clima. Las demandas salientes de ambas consultas terminaron archivadas y el Estado francés ha sido condenado por inacción climática.

Macron tampoco ha hecho gran cosa para diferenciarse con éxito de políticas que podría haber implementado perfectamente el Reagrupamiento Nacional de Le Pen. De hecho, ha ido, consciente o inconscientemente, comprando el marco de la extrema derecha para neutralizarla, a pesar de que tenemos amplias evidencias de que esta estrategia es contraproducente.

Ya en 2017, tras los atentados de París y de Niza, entró en vigor la ley antiterrorista con un estado de excepción permanente que ha permitido extender las prerrogativas en los registros y en los controles de identidad de “extranjeros sospechosos”. En 2020, Macron nombró como ministro del Interior a Gérald Darmanin, investigado por violación y proveniente del ala dura de la presidencia de Nicolas Sarkozy. Éste generó una profunda indignación entre un movimiento feminista que sólo ha contemplado la inacción del Gobierno en el plano de la igualdad. Darmanin se ha hecho famoso por promover una ley que pretendía prohibir grabar la actuación policial en manifestaciones (Ley de Seguridad Global) o por llamar “blanda contra el islamismo” a Le Pen. Durante la última fase del quinquenio, se aprobó la Ley del Separatismo contra el “islamismo radical” que permite el control y el cierre de mezquitas y asociaciones que no respeten el vago criterio de los “principios republicanos”. En esta misma dirección, también promovió una iniciativa, bastante paranoica y cercana a la extrema derecha, de investigar la infiltración en las aulas universitarias del “islamo-izquierdismo” o el “wokismo”, teorías progresistas que instigarían al odio contra el “blanco” o serían complacientes con el yihadismo.

Por último, durante la pandemia, el presidente que declaró querer “joder a los no vacunados” ha dado el mejor ejemplo de cómo pilotar una campaña de inmunización contra la covid construyendo desconfianza. Su política homogénea de restricciones, que ha dado la impresión de mucha improvisación, ha afectado más duramente a los barrios más populares y no ha tenido en cuenta los problemas de acceso de ciertos territorios más periféricos. Estas políticas han facilitado varios abusos en las banlieues y explica una parte de la desconfianza que los ciudadanos que han votado mayoritariamente por Mélenchon tienen hacia el duelo entre Macron y Le Pen.

El éxito de la extrema derecha se encuentra, sobre todo, en los deméritos de los gobiernos neoliberales y en la forma que han tenido de dar cabida y legitimidad a sus planteamientos. El candidato de La République en Marche sigue en esta línea con un programa que presenta una mano muy dura en materia migratoria. La estrategia de “que viene el lobo” parece ya caduca y está condenada a no poder renovarse infinitamente. Podría parecer que la estrategia más coherente a seguir fuese la de hacer algún guiño a los electores de Mélenchon (la bolsa de votos más importante que se ha quedado fuera de la segunda vuelta y la que más dudas tiene en estos momentos).

Sin embargo, Emmanuel Macron ha negado que en 2017 existiera un frente republicano o un cordón sanitario contra la extrema derecha, sugiriendo que cualquier voto por él es un voto de adhesión a sus políticas. Ha transformado esta campaña en una suerte de referéndum de a favor o en contra de su proyecto. Frente a la “extrema izquierda” en un mitin en Estrasburgo, por ejemplo, defendía que el impuesto de solidaridad sobre la fortuna no había terminado en su bolsillo y que se había invertido para crear empleos y empresas, cuando los informes constatan lo contrario. Al hacer una campaña con pocas concesiones, gobernar con mano de hierro (lo que sus rivales tildan de “monarquía presidencialista”) y no querer entender la lógica del voto prestado de la segunda vuelta, Macron está jugando con fuego. De momento, todo parece indicar que el rechazo a Le Pen volverá a ser suficiente para revalidar la presidencia, pero ¿hasta cuándo se podrá contener a la extrema derecha movilizando como único argumento su rechazo y aplicando después políticas que la legitiman?

Aldo Rubert, en El País

SEASKAK ADMINISTRAZIO AUZITEGIRA JOTZEA AZTERTUKO DU AZTERKETAK EUSKARAZ LORTZEKO

 «Ez dugu uste entzun gaituenik ere». Honela laburbildu du Peio Jorajuria Seaskako lehendakariak Anne Bisagni-Faure Bordeleko (Okzitania) akademiako errektorearekin gaur arratsaldean izan duten bilkura. Brebeta eta baxoko probak euskaraz egin ahal izateko eskubidea errespetatzeko eta EEP Euskararen Erakunde Publikoarekin izenpetu zuten hitzarmena betetzeko eskatu diote Seaskako ordezkariek, baina errektoreak entzungor egin die. Paueko Administrazio Auzitegira jotzea aztertzen ari da Seaska, eta ondoko asteetan mobilizazio gehiago eginen dituztela iragarri du Jorajuriak.

Abenduan argitaratu zuen Frantziako Hezkuntza ministerioak hizkuntza gutxituen irakaskuntzari buruzko zirkularra. Frantziako Konstituzio Kontseiluak Molac Legea zentsuratu ondotik Frantziako Gobernuak egoera baretzeko eman zuen aterabidea izan zen. Idatzian, brebetan eta baxoan proba batzuk euskaraz egiteko aukera aipatzen dute, baina, ordutik, neurria aplikatzeari uko egin dio Bordeleko errektoretzak. Azken asteetan, behin baino gehiagotan entseatu dira Hezkuntza Ministerioko ordezkariarekin biltzen, baina ez dute erantzunik jaso. Joan den ostegunean, Pirinio Atlantikoetako akademia ikuskaritzaren egoitzak okupatu zituzten guraso, irakasle eta ikasleek Donibane Lohitzunen (Lapurdi), Baionan eta Donapaleun (Nafarroa Behera). Horrela lortu dute gaurko bilera.

Baina, ez du emaitzarik eman. «Ezezkoa eman die gure eskaera guziei; gaurko oreka atxiki nahi duela dio». Brebetako zientzia proba euskaraz erantzun ahal izatea, eta, baxoko azterketan, ikasleek aurkeztu behar dituzten bi berezitasuna eta ‘Ahozko handia’ euskaraz erantzun ahal izatea galdetzen duen Seaskak. Ahozkoarena, EEP eta errektoretzarekin izenpetutako hitzarmenean adostua zen -Olivier Dugrip aitzineko errektoreak izenpetu zuen-; baina, gaur egungo errektoreak dio idatzitakoaren «beste irakurketa bat» egiten duela. Jorajuriaren hitzetan «biziki argia» da hitzarmena, horregatik, Paueko Administrazio Auzitegian helegitea jartzea aztertzen ari dira, hitzarmena aplikarazteko.

Urteetako borroka

Seaskako ikasleen urteetako borroka da azterketak euskaraz pasatu ahal izatea. Baxoan, historikoki, Historiako gaiak euskaraz erantzuten ahal zituzten ikasleek, eta, 2012tik, baita Matematikakoak ere. Baina 2020an erreforma egin zuen ministerioak eta azterketak egiteko moldea aldatu zen: gehiena kontrol jarraikian oinarritzen da, eta, beraz, Seaskako ikasleek euskaraz egin dezakete. Idatzizko probak dituzte gainera: Frantsesa, Filosofia, eta bakoitzak hautatutako bi berezitasun. Azkenik, ‘Ahozko handia’ deitua dute, hori ere hautatutako berezitasunen ingurukoa. 2020an azterketa idatziak bertan behera gelditu ziren; iaz, filosofiako proba euskaraz erantzutea erabaki zuen ikasle talde batek desobedientziaz. Nota apalenak eskuratu zituzten.

Brebetari dagokionez, lehen, Historia, Matematika eta Frantsesa pasatzen zituzten ikasleek Brebetako azterketan. Probetako galderak frantsesez izanik ere, erantzunak euskaraz emateko aukera zuten, eta irakasle euskaldunek zuzentzen zituzten. 2017ko erreforman zientzia gaiak gehitu zituzten: Biologia, Fisika eta Teknologia. Zuzenketetan aldaketa 2018an egin zuen Frantziako Hezkuntza Ministerioak. Donibane Lohizuneko (Lapurdi) Ravel ikastetxetik Seaskara deitu zituzten, erranez errektoretzako ordezkari bat pasatu zela zuzenketa zentrotik, eta euskaraz erantzundako zientzietako probak eraman zituela. Zuzentzaile erdaldunek zuzendu zituzten, Bordelen, zenbakiak eta latin terminoak bakarrik kontuan hartuta. 2019an trikimailu bera egin zuten, eta 2020an azterketak bertan behera gelditu ziren osasun krisiagatik.

Iaz, probak euskaraz erantzun zituzten ikasleek, desobedientziaz, eta irakasleek ere bat egin zuten desobedientzia ekintzarekin: ikasleen eskubidea errespetatu ezean azterketak zuzentzeari uko eginen ziotela jakinarazi zuten. Zuzenketa garaia iritsi zenean, Donapaleuko (Nafarroa Behera) zuzenketa zentroa okupatu zuten ikasle, irakasle eta gurasoen artean. Baina euskaraz idatzitako probak bahitu zituen, beste behin, Bordeleko errektoretzak. Joan den otsaila hasieran iritsi zen Frantziako Hezkuntza Ministerioaren erantzuna, errektorearen ahotik: soldata zati bat kendu diete irakasle desobedienteei.

Ekhi Erremundegi (iparraldekohitza.eus)

PEDRO CASTILLO, EL PRESIDENTE QUE NO FUE

 “En el Perú todo es posible, esto no es una novedad”. La respuesta a la pregunta de si el presidente Pedro Castillo podría terminar renunciando en medio de la actual ola de protestas no habría sido extraña en boca de un analista. Pero quien la pronunció es nada menos que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.  

Aunque decir eso es un sincericidio poco político, el ministro tiene razón: en estos últimos años, todos los presidentes peruanos –muchos de ellos “vacados” (destituidos)– terminaron procesados, prófugos, presos o suicidados (como ocurrió con Alan García, el alguna vez emblemático líder del Apra).  

Los coletazos del caso Odebrecht –la constructora brasileña que repartió sobornos a diestra y siniestra en Brasil y América Latina– hizo estragos en un país donde el sistema de partidos había implosionado en los primeros años 90. De esa implosión, tras años de violencia demencial de Sendero Luminoso y una creciente legitimación del terrorismo de Estado como estrategia antisubversiva, emergieron varios presidentes inesperados de diferentes signos ideológicos: el “chino” Alberto Fujimori fue el primero de la saga y dio un autogolpe; el “profe” Pedro Castillo es el último y podría no terminar su mandato.  

Hoy, el presidente de origen campesino se ve doblemente acorralado: por las elites y la derecha, que amenazan con destituirlo desde el Congreso, y por la movilización social que comenzó contra el aumento del precio de los combustibles y los fertilizantes y se extendió a múltiples sectores con diferentes demandas, en un país que fue especialmente azotado por la pandemia. Las torpezas oficiales para responder a los reclamos sociales, que incluyeron un toque de queda extremadamente impopular y proyectaron una extendida imagen de desgobierno, ponen sobre la mesa, una vez más, la posibilidad de que Castillo deba renunciar antes de cumplir un año en el cargo o sea vacado por el Congreso. 

Castillo proviene de la localidad de Chota, en la región norteña de Cajamarca y postuló por el partido Perú Libre luego de un intento de armar un “partido de maestros” frustrado por la pandemia. Surgido como el candidato menos esperado, del lugar más inesperado, quedó a la cabeza del batallón de candidatos en la primera vuelta de las presidenciales del 11 de abril de 2021 con solo un 18,9% de los votos. Y luego ganó la segunda por la mínima. 

Como cuenta su esposa Lilia Paredes en un documental, Castillo se fue a inscribir como candidato a Lima y ya en campaña los vecinos le preguntaban a ella, casi con desconfianza, “por qué Pedro no aparecía en los medios” si era postulante presidencial. En efecto, Castillo comenzó sin ninguna posibilidad, pero con un lápiz gigante y un sombrero chotano que nunca abandonaba, se fue haciendo fuerte en las zonas andinas y sobre el final de la campaña empezó a aparecer en todos los radares de Lima –y en los medios que miraban sus vecinos de pueblo–. Ya era tarde para frenarlo. Como su escalada en las encuestas fue sobre el tramo final de la elección, no lograron “bajarlo” con la guerra sucia que lo asociaba al grupo armado Sendero Luminoso. 

En la campaña, Castillo apeló a su identidad de profesor rural y de “rondero”, en referencia a las rondas campesinas creadas en Cajamarca en los años 70 para enfrentar el robo de ganado, que en los años 80 se replicarían en el resto del país para hacer frente a Sendero. Estas rondas se solapan a menudo con la propia autoridad estatal en zonas rurales alejadas, donde la presencia del Estado es débil. 

Fogueado como dirigente sindical en la radicalizada huelga del magisterio de 2017, Castillo solo pudo llegar a ser presidente en una configuración electoral única. La misma que explica que la desprestigiada Keiko Fujimori –varias veces candidata– quedara otra vez a las puertas del poder.  

En el balotaje, la mitad del país votó contra el comunismo y la otra contra el fujimorismo. Y en esa disputa, los segundos ganaron por poco más de 40.000 votos y llevaron al “profe” a la presidencia. Pero a diferencia de Evo Morales en Bolivia, quien cuando llegó al Palacio en 2006 ya había hecho dos campañas presidenciales (la primera en 2002), había ejercido desde 1997 como diputado y jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), y había recorrido el mundo como referente “alterglobalización”, Castillo pasó de la noche a la mañana del Perú profundo a una Lima ajena y hostil. Y su olfato político estuvo lejos del que tuvo el líder boliviano. 

Su gestión fue desde el inicio errática. El actual presidente nunca fue militante del partido que lo llevó al poder como “invitado” en sus listas (sin imaginar que podía ganar). Si miramos su página en Wikipedia, Perú Libre aparece como un partido “marxista leninista mariateguista”, pero en la práctica se trata de una fuerza con base en el departamento de Junín, donde su polémico líder Vladimir Cerrón fue gobernador, con una mezcla de posicionamientos bolivarianos y no poco pragmatismo, además de varias denuncias de corrupción sobre sus funcionarios. 

Cerrón contrapone esta “izquierda provinciana” a la “izquierda caviar” urbana de Verónika Mendoza. Como escribió Hernán Maldonado, “más allá del exhibicionismo radical, de cierta arrogancia doctrinaria, e incontinencia y decisionismo tuitero, las disputas de Perú Libre y sus líderes se han dirigido principalmente a defender o alcanzar espacios de poder, un típico juego de la silla, pero con música de protesta y frases de manual de marxismo soviético de los 70”. Esta sobreactuación fue más eficaz para alimentar las ansiedades y fantasmas conservadores que para proveer un programa efectivo al gobierno. 

Sin mayoría legislativa, Castillo se vio abrumado por un Congreso que, según la Constitución, debe dar su voto de confianza a los gabinetes presidenciales y puede echar fácilmente al presidente si junta suficientes votos. De hecho, el fujimorismo intentó primero desconocer la elección mediante denuncias de fraude hasta el último momento y tras fracasar en ese intento, comenzó a promover una “coalición vacadora” desde el minuto cero, junto a diversos grupos de poder. 

Pero también debilitó a Castillo su permanente indecisión entre tres grupos de apoyo: Perú Libre, la izquierda urbana y su propio entorno (sectores provenientes de Cajamarca). Así, armó diferentes gabinetes motivados más por equilibrios esquivos, el objetivo de calmar a los mercados y la intención de evitar su destitución parlamentaria que por un proyecto programático más o menos definido. 

De este modo, como ya se podía anticipar, más que la instauración de un comunismo casi camboyano, como temía o fingía temer la derecha, el objetivo de Castillo terminaría siendo, más bien, poder permanecer los cinco años de su mandato en la Casa de Pizarro. Los cambios de presidente del Consejo de Ministros –desde Guido Bellido a Mirtha Vásquez, con perfiles contrapuestos y niveles de apoyo social muy diferentes– le impidió al gobierno construir una personalidad política para transitar una gestión que ya se anticipaba compleja, en medio de los estragos de la pandemia de la covid. Incluso hubo un presidente del Consejo de Ministros que duró cuatro días en febrero pasado: Héctor Valer, un ex adherente al partido de extrema derecha Renovación Popular. 

Castillo pasó, así, de gabinetes más subordinados a Perú Libre a otros más “equilibrados”, para terminar en armados ministeriales de mera supervivencia. Las declaraciones de varios exministros sobre la dificultad que habían tenido para acceder a audiencias con el presidente dejan ver el estilo poco convencional de la gestión castillista. Sin agenda política, su popularidad fue cayendo en picado. Su único consuelo es que el resto de los políticos no están mejor en adhesión popular. De hecho, las encuestas reflejan que el Congreso genera aún más desaprobación que el presidente. 

En febrero pasado, al parecer por consejo de asesores de imagen, Castillo se deshizo del sombrero chotano que lo acompañó como su sombra desde la campaña electoral. Un detalle revelador de sus dificultades para encontrarse consigo mismo en el rol de presidente de la República. 

Las actuales protestas surgieron en Huancayo, capital del departamento de Junín, cuna de Perú Libre. Allí los transportistas iniciaron una huelga con bloqueos de caminos que coincidió con las movilizaciones del Frente de Defensa de los Productores Agropecuarios de la Región Junín. Entre las demandas están, entre otras, la bajada de precio de los combustibles y de los fertilizantes e insumos agrícolas. Y a las protestas iniciales se irían sumando otras a lo largo y ancho del país. Algunas con saqueos y violencia. Se incorporarían también sectores urbanos con consignas racistas. 

De esta manera, siguiendo una dinámica habitual en los Andes, diferentes sectores aprovecharon el momento para sumar sus propias demandas. Una “lógica de la equivalencia” que puede terminar por transformar un conflicto corporativo local en un estallido social nacional si no se interviene a tiempo con habilidad negociadora. 

Lejos de eso, el Gobierno reaccionó tarde y mal. Las declaraciones de Castillo, hablando de bloqueadores “malintencionados y pagados por algunos dirigentes y cabecillas”, fueron el combustible para una “indignación moral” difícil de desactivar. La llegada de informes de inteligencia sobre inminentes saqueos en Lima llevó al Gobierno a decretar el toque de queda y la “inamovilidad social”, lo que generó un amplio rechazo de quienes quedaron varados para ir o regresar de sus trabajos, además de quienes se vieron afectados por la abrupta suspensión de las clases.  

Así, mientras la derecha denunciaba el desgobierno y trataba de volver a poner en agenda la salida anticipada de Castillo, la izquierda denunciaba las medidas represivas “desproporcionadas”, al tiempo que le recriminaba al mandatario haber abandonado la agenda de cambio.  

La referente de izquierda urbana Verónika Mendoza –cuyo espacio también se transita una crisis severa– tuiteó que el Gobierno no solo traicionó las promesas de campaña sino que “repite el método de resolución de conflictos de la derecha”. Y el jefe de Perú Libre Vladimir Cerrón proclamó que “¡Si en el país no hay cambio de Constitución, no hay cambio de nada!”. 

Castillo pidió perdón a la población, recordó que proviene del mismo pueblo que ahora está en las calles en su contra y busca, otra vez, esquivar la crisis. El problema es que sin apoyo entre los grupos de poder (que miraron con desprecio de clase y raza su desembarco en Lima) ni entre los sectores populares (que no encontraron motivos para sostener al presidente) las reservas de energía para reencuadrar su gestión parecen agotadas y las palabras del presidente del Consejo de Ministros peligrosamente reales. 

En los siguientes días y semanas, en efecto, “todo es posible” y la crisis seguirá de manera más abierta o soterrada. O quizás todo menos una real recuperación del gobierno. Ello será un golpe severo para quienes se proponen un cambio de modelo –económico y social– y un debilitamiento del colonialismo interno peruano. Nadie sabe qué puede surgir del clima “que se vayan todos” que vive la política peruana.

Pablo Stefanoni, en CTXT

TIPI-TAPA, EUSKARA AURRERA

 Hoy termina en Donosti la edición número 22 de Korrika, carrera organizada por la Coordinadora AEK en favor del aprendizaje de euskera por parte de personas adultas. Con los años, convertida en una gran fiesta popular y en todo un alegato a favor de nuestra lengua propia.

Korrika 22, a su paso por Navarra, nos ha vuelto a brindar imágenes para la historia: miles de personas, de todas las edades, corriendo bajo el sol, el frío o la nieve; paisajes multicolores, con la caravana korrikalari recorriendo campos marrones, prados verdes y montes blancos; multitudes en las ciudades; presencia más modesta, pero constante, en la madrugada de nuestras carreteras... Pero, sobre todo, nos ha vuelto a llenar de emoción, lágrimas y aplausos en todas las localidades que ha atravesado. Miles de momentos inolvidables para quienes forman parte, desde el anonimato pero siendo parte imprescindible de la misma, de esta preciosa carrera. Y un claro ejemplo para el mundo de que aquí hay un pueblo vivo, dinámico, sonriente, plural y respetuoso de su propia diversidad.

Diversidad que, desgraciadamente, no todos nuestros representantes políticos valoran de la misma manera. Porque Korrika también ha tenido que soportar trabas oficiales, como las impuestas por los grupos municipales de Navarra Suma en Egüesibar e Iruña, y que afectaron a quienes deberían estar al margen de toda polémica, a quienes más debemos cuidar y proteger: nuestros y nuestras txikis. En el primer caso, denegando de manera incomprensible el permiso para que la comparsa de gigantes y kilikis pudiera acompañarles. En el segundo, privándoles de su derecho a disfrutar de una manera digna del espacio público durante las llamadas korrikas txikis, y obligándoles a correr por las aceras en lugar de la calzada.

Conocemos a la derecha navarra y española, y su actuar en relación a la lingua navarrorum. No pueden soportar las noticias positivas sobre el euskera, y han convertido la confrontación social, las polémicas artificiales en torno a nuestra lengua, en auténtico leitmotiv de su actuación política.

Y, desgraciadamente, todavía hay quien sigue empeñado en brindarles la excusa perfecta para sus ejercicios de manipulación mediática. Polémicas como la generada por la exhibición de carteles con fotografías de miembros de ETA, en momentos puntuales de la Korrika, nos vuelven a mostrar, además de la escasa empatía y sensibilidad de quienes los portan hacia las víctimas y hacia la sociedad en general, que los intentos de patrimonializar cualquier acto multitudinario, de convertir cualquier iniciativa popular masiva en mera plataforma de reivindicaciones que poco tienen que ver con ellas, acaban dañando a la propia causa que nos reúne. En este caso, al euskera.

Sin embargo, frente a radicalismos y falta de visión estratégica, presentes en ambos extremos del tablero político, la inmensa mayoría de este pueblo demuestra día a día su apoyo al euskera y su capacidad de trabajar conjuntamente, desde el respeto a nuestra propia diversidad. En el caso de Korrika, desde la organización, pueblo a pueblo y barrio por barrio, a través de cientos de korrika batzordeak. También desde la participación activa al paso de la carrera, bien sea corriendo, animando desde las aceras y balcones... o siguiéndola de manera telemática, a través del canal de Youtube Korrika Zuzenean, que ha tenido un éxito impresionante, con cientos de personas conectadas a cualquier hora del día o de la noche.

Porque es un hecho cierto que, polémicas interesadas al margen, durante once días miles de euskaltzales hemos compartido un total de 2.180 kilómetros de ilusiones en favor de la normalización de nuestra lengua propia, el euskera. Impulsando un acto sano, jatorra a la vez que concienciador y reivindicativo, que visibiliza al euskera y a sus hablantes y simpatizantes como lo que somos: parte fundamental de un pueblo dinámico, plural, imaginativo y divertido.

En Geroa Bai creemos que este es el camino. Como señala una reciente investigación del sociolingüista Xabier Erize Etxegarai, centrada en la percepción de las personas no vascoparlantes respecto de las políticas relacionadas con el euskera, los actos que más cercanía y simpatía generan en ellas son aquellos que visibilizan al euskera como un tesoro cultural de todos los navarros y navarras, así como los que son capaces de transmitir el cariño y el cuidado hacia nuestra lengua propia. Especialmente, cuando ello se hace desde un estilo abierto e inclusivo.

En ello tenemos que seguir profundizando, también desde la escucha activa de quien, por no conocer nuestra lengua, observa estas dinámicas con cierta distancia. Con iniciativas como Korrika, realizadas en positivo, desde la sensibilización y la concienciación, pero también desde la emoción y la sonrisa. Con actos plurales y que nos unen, a través de todo tipo de expresiones educativas, de ocio y culturales. Ahí está, por ejemplo, el archiconocido y multitudinario Nafarroa Oinez, o el bertsolarismo, que cada vez más se va abriendo paso entre la juventud, llegando a ámbitos geográficos y sociales inimaginables hace no demasiado tiempo. Todos ellos se están convirtiendo, gracias al buen hacer de quienes los organizan y también al apoyo de sus asistentes, en símbolos de unión entre navarros y navarras de distintas ideologías, y en elementos de convivencia.

Y, por supuesto, en pocos meses llegará de nuevo Euskaraldia, campaña que nos apela a todas las personas capaces de entender euskera, con el fin de incidir en nuestros hábitos lingüísticos y aumentar su uso cotidiano. De una manera amable, con las chapas que nos identifican como ahobizi (persona que se compromete a hablar en euskera con quien le entienda) o belarriprest (dispuesta a atender en euskera a quien así se dirija a ella, pudiendo responder en una u otra lengua).

Campaña sencilla pero efectiva, pues durante su vigencia ha logrado aumentar el uso del euskera. Llevarla a la cotidianidad es ahora el reto. Y campaña especialmente interesante para una juventud navarra que cuenta con un 25% de personas euskaldunes, y que cada vez más se estructura en cuadrillas mixtas, con personas bilingües euskara-castellano.

Sin duda, esta mayor presencia de conversaciones bilingües, vivida con creciente naturalidad por parte de nuestros jóvenes, está suponiendo un avance importante en la normalización del euskera.

En línea con los ejemplos arriba citados, y con muchos otros más, los y las euskaldunes estamos protagonizando multitud de iniciativas que nos muestran al euskera en positivo, como lengua de relación, integración y convivencia. Sigamos trabajando en esa línea, tipi-tapa, beti aurrera.

Jabi Arakama, parlamentario de Geroa Bai (en Diario de Noticias)

TESTIMONIO DE UN INTERNACIONALISTA: ¡ADIÓS, NICARAGÜITA!

 Es extraordinario el testimonio del internacionalista alemán Matthias Schindler, recientemente publicado con el significativo título de ¡Adiós, Nicaragüita! (https://rebelion.org/adios-nicaraguita/). Después de décadas de acompañamiento solidario, llega a la conclusión de que la revolución sandinista ha sido traicionada por sus propios dirigentes y que este proceso de transformación ha fracasado de forma definitiva e irreversible. Llama a reconocer errores y equivocaciones y, si fuera posible, esbozar alternativas que permitan que las revoluciones sociales se conviertan también en historias de éxito a largo plazo.

En la perspectiva histórica, la dirección colectiva del FSLN fue un acierto, así como la unión de sandinismo, marxismo y cristianismo. Había una profunda confianza en el liderazgo sandinista, aunque con visibles puntos débiles: el análisis del campesinado, el tratamiento de la cuestión étnico-nacional, así como un conflicto interno entre democracia versus autoritarismo y opresión. Concluye que no se construyó ningún socialismo, y que de la dirección colectiva se pasó a un líder autocrático, mientras la denominada piñata, una privatización de los haberes públicos, creó un grupo en busca de riqueza y poder, una nueva oligarquía, al tiempo que la deshonestidad y la corrupción se profundizaron y se cerraron todos los medios de comunicación independientes.

Hoy día, los pocos internacionalistas que quedan, son acosados y boicoteados por el gobierno, y cuenta incluso el trato al cooperante de 43 años, como narcotraficante o espía imperialista en su último ingreso a Nicaragua, mientras dirigentes, intelectuales y artistas connotados y reconocidos son perseguidos, encarcelados y acusados de traición a la patria, como peligrosos delincuentes. En 2018, el ejército y la policía, que se pensó que nunca volverían sus armas contra su propio pueblo, cumplieron la orden de Ortega-Murillo de una sangrienta represión de las protestas populares. No queda nada de los objetivos liberadores originales de la revolución sandinista. El régimen está aislado. La autonomía de la costa atlántica, gran logro del proceso, es letra muerta.

La denuncia por violación de Zoilamérica Narváez, hijastra de Ortega, dividió al movimiento de solidaridad, ya que los derechos elementales a la integridad física y mental tienen que ser garantizados incondicionalmente y no deben ser subordinados a determinados intereses políticos, bajo ninguna circunstancia. El pacto de 1999, entre Ortega y Arnoldo Alemán, para protegerse de los juicios respectivos, uno por violación y el otro por malversación de más de 100 millones de dólares, fue punto de inflexión en las posiciones de la solidaridad hacia el gobierno de Ortega-Murillo, al igual que la prohibición del aborto en 2006, por el Parlamento, con los votos en favor del FSLN, para ganarse a la iglesia oficial del cardenal Obando y Bravo, capellán de la contrarrevolución, y el uso cada vez más frecuente por parte de la pareja presidencial de un falso fundamentalismo religioso. Recalca el manejo faccioso de órganos del Estado y los fraudes electorales en las elecciones de 2008, al igual que la manipulación constitucional para permitir la relección presidencial, y el manejo discrecional de la ayuda económica de Venezuela, a través de una empresa privada, bajo el control directo de Ortega-Murillo.

En la crítica desde la izquierda es central el proyecto del canal interoceánico, ya que cedió la soberanía nacional a través de una ley especial, pese a la oposición de científicos, ambientalistas, pueblos originarios y sectores afectados por este proyecto, la expedición de leyes para legalizar la represión: la ley de agentes extranjeros, contra ciberdelitos, contra el odio, y la llamada ley de soberanía, así como la clausura de universidades privadas, sin importar lo que ocurriese con sus estudiantes y profesores. Los contrargumentos a la crítica, basados en la obra pública, como carreteras y hospitales, y el de soberanía, para regular los asuntos internos del país, esgrimidos por los orteguistas, pierden validez cuando se trata de libertad y democracia.

Schindler termina su dramático e impactante relato confirmando: La traición al sacrificio, los ideales y las promesas de miles de los mejores hijos e hijas de Nicaragua que dieron su vida para liberarla de una dictadura y construir un país nuevo en el que nunca se encarcelaría o torturaría a nadie por razones políticas, en el que la policía sería guardiana de la alegría del pueblo y no agente del terror.

Ciertamente, desde una perspectiva de izquierda anticapitalista, antimperialista, antirracista y antipatriarcal, el régimen actual imperante en Nicaragua no puede ser considerado más que autoritario-represivo, autocrático y oligárquico, sostenido ideológicamente por la retórica de una revolución que fue –lastimosamente– defenestrada y secuestrada.

Gilberto López y Rivas, en La Jornada

VÍCTOR ORBÁN, LA VICTORIA DEL PERFECTO AUTÓCRATA

 Hace un lustro, tras el referéndum del brexit y la victoria de Trump en Estados Unidos, el ascenso de una nueva generación de líderes con pulsiones autocráticas parecía inevitable. Sin embargo, los más conspicuos representantes de la ola populista y ultraconservadora han ido cayendo en desgracia, desalojados ya del poder a través de las urnas, como Trump o Netanyahu, o en franco declive, como Bolsonaro o Erdogan. Un solo dirigente de esta hornada ha logrado escapar al desgaste, y brilla aún con más vigor si cabe, el húngaro Viktor Orbán.  

El pasado 3 de abril, el líder del partido Fidesz logró su quinta victoria en las urnas, la cuarta consecutiva, y podría pronto superar a la excanciller Angela Merkel como líder europeo más longevo del siglo XXI. Su triunfo fue impresionante bajo cualquier óptica, no solo porque repitió su “supermayoría” (más de dos tercios de los diputados) con 135 diputados de 199, sino porque consiguió aumentar su apoyo en ocho puntos, alcanzando más del 53% de los sufragios.  

En teoría, esta debía ser su contienda más difícil, pues se enfrentaba a una coalición de los seis principales partidos de la oposición, y las encuestas preelectorales le daban una escasa ventaja de unos tres puntos. Al final, la diferencia con la plataforma Unidos por Hungría fue del 18%, tan abultada que la justificación del resultado por parte del líder de la oposición, Peter Marki-Zay, respecto a supuestas irregularidades sonó más bien a una excusa. Ahora bien, sí es cierto que tal como señalaron los observadores internacionales de la OSCE, las elecciones fueron “libres, pero no justas”, pues Fidesz disfrutó de enormes ventajas. Por ejemplo, su gasto electoral multiplicó por ocho al de la oposición.   

El triunfo incontestable de Orbán ha dejado a la oposición en estado de shock, y a sus correligionarios populistas en busca de su fórmula secreta. “Orbán es un camaleón. Tiene una gran capacidad de ir adaptando sus posiciones a la evolución de los tiempos”, señala el historiador Ferenc Laczo. Orbán, de 58 años, pasó por una fase liberal tras la caída del Muro de Berlín, cuando era un joven activista. En 1998, logró su primera victoria electoral al frente de Fidesz, y migró entonces hacia posiciones cristiano-demócratas clásicas, cultivando estrechos vínculos con Helmut Kohl. En aquella ocasión no revalidó mandato, tocado su gabinete por un escándalo de corrupción.

En 2010, Orbán efectuó una nueva mutación ideológica hacia el populismo ultraconservador, que ya no abandonaría tras recuperar el poder con una victoria histórica. Fue su primera “supermayoría”, que le otorgaba la capacidad de cambiar a su antojo la Constitución. “Fue su reacción ante la brutal crisis económica del 2008. El orden liberal quedó muy desprestigiado en Hungría. Había también una gran decepción entre los húngaros respecto a los beneficios esperados de la integración en la UE. Él construyó un nuevo proyecto en base a esta nueva realidad”, sostiene Laczo.  

Según este historiador, Orbán no es más hábil que el resto de autócratas de su hornada, simplemente, tuvo más suerte. Su gobierno coincidió con un periodo de crecimiento económico, y se benefició de un realineamiento político fruto de la profunda crisis de 2008. La izquierda post-comunista, que había gobernado 12 de los 20 años que pasaron desde la caída del Muro, se hundió y todavía no ha levantado cabeza. En 2010, entre Fidesz (derecha) y Jobbik (extrema derecha) obtuvieron el 70% de los votos, un porcentaje de voto conservador que se ha mantenido estable desde entonces.  

Desde entonces, Orbán se fue escorando progresivamente más a la derecha, acentuando su perfil nacionalista en un país con agudos sentimientos patrióticos, todavía marcado por el trauma que representó el tratado de Trianon. Terminada la I Guerra Mundial, los vencedores impusieron un castigo quizás más duro que a Alemania, y Hungría perdió más del 80% de su territorio. Miles de húngaros se convirtieron en minorías en los vecinos Estados de Checoslovaquia, Ucrania, Rumanía y Serbia. Hoy, sus descendientes ascienden a más de dos millones de personas –en Hungría viven unos 10 millones de ciudadanos–, y representan el feudo más fiel de Orbán.  

Después de 2011, Fidesz modificó la Constitución para otorgar a estas minorías la nacionalidad húngara y el derecho de participar en las elecciones. No solo eso, se ha dedicado a financiar generosamente todo tipo de proyectos en sus pueblos y ciudades. Y ellos han respondido con su gratitud en las urnas: en 2018, un 95% votó a Fidesz.  

Amparado en sus supermayorías, estos doce años Orbán se ha dedicado a ir debilitando todas las instituciones independientes capaces de limitar el poder del Ejecutivo. “Lo hizo por fases. Primero, situó en su punto de mira la judicatura, reemplazando a los jueces del Constitucional por otros lealistas. Luego, estranguló a la prensa independiente para que sus oligarcas la pudieran comprar. Y por último, fue a por la sociedad civil”, comenta Andras Kadar, co-director del Comité Húngaro Helsinki, una ONG por la defensa de los derechos humanos y civiles.  

Según Peter Kreko, director del think tank CEPA en Budapest, el control de los medios es especialmente importante para explicar la hegemonía de Orbán. Además de dominar los medios públicos –la TV nacional solo dedicó una entrevista de cinco minutos al candidato de la oposición Marki-Zay en toda la campaña–, un holding afín posee el 80% de los medios independientes, y la totalidad de la prensa regional. Esto ayuda a explicar por qué la oposición tan solo pudo ganar el 3 de abril en Budapest. Los votantes rurales, sobre todo en las zonas más empobrecidas que antes votaban a la izquierda, son el otro bastión de Fidesz. Y, en buena parte, ello es así gracias a una densa red clientelar tejida pacientemente, y cuya cúspide ocupan los oligarcas vinculados al partido. 

Esta hegemonía mediática permite a Orbán dictar la agenda, y lo hace en base a una concepción de la política como una batalla a muerte, sin reglas morales, que ya practicaba en sus inicios en la política. “En Hungría, las campañas de desinformación no se difunden primordialmente a través de las redes sociales, sino de los medios de comunicación tradicionales. Y eso es muy peligroso”, asevera Kreko. Es así como consigue que la política húngara gire en torno a cuestiones como los derechos de los homosexuales, uno de sus enemigos preferidos junto a Bruselas, a migrantes y refugiados, o a “la internacional progresista”. Además de las elecciones, el 3 de abril se celebró un referéndum sobre una ley de la “protección de la infancia” ante cualquier intento de “lavarles el cerebro” para operarse y cambiar de género. El hecho de que nadie en Hungría promueva tal proyecto es lo de menos. 

La manipulación informativa también explica cómo Orbán logró transformar la inesperada guerra de Ucrania en un activo en lugar de un lastre, como la oposición había previsto. Y, más que suerte, ello requirió un fino olfato y falta de escrúpulos. Veamos. Tanto por ideología como por interés –Rusia proporciona el 85% del gas a Hungría y es la encargada del desarrollo de su tecnología nuclear–, Orbán se ha convertido en el último lustro en el mejor amigo de Putin en la UE. Por eso, la invasión constituía un problema, y más en un país que ya sufrió la violencia rusa en 1956. Enseguida, el premier húngaro se alejó del Kremlin para instalarse en una calculada ambigüedad, que él define como “neutralidad”. A la vez que apoyaba las sanciones de Bruselas a Rusia y acogía a los refugiados ucranianos, se negaba a armar a Kiev, o incluso a dejar que los cargamentos de armas pasaran por territorio húngaro. 

Pero su viraje no bastaba para ganar. Además, urdió una narrativa que aseguraba que la oposición atlantista pretendía enviar soldados a Ucrania y arrastrar al país a la guerra. De nada sirvió que Marki-Zay no se cansara de repetir que eso era una burda mentira. “Si queremos la paz, no se puede votar a la izquierda”, proclamó reiteradamente en campaña. Y en las zonas rurales muchos le creyeron. “Mientras la oposición hablaba de Europa y democracia, Orbán ofrecía seguridad. Usaba conceptos más tangibles: paz, seguridad, gas, comida. Y eso es lo que más importa a la mayoría de húngaros”, concluye Laczo.  

El perfecto autócrata no solo vacía de contenido las instituciones democráticas, sino que huye de los excesos, evita una violencia flagrante, escoge bien a sus chivos expiatorios, sabe a qué grupos sociales untar con dinero público antes de unos comicios y qué opositores puede comprar o debe reprimir. Y sobre todo, sabe leer el estado de ánimo de la sociedad. ¿Podrá alguna vez la oposición democrática húngara desalojar del poder a Orbán en una Hungría “orbanizada”?

Ricard González, en CTXT

UNA NAVARRA COHESIONADA PARA DEFENDER EL ESTADO DE BIENESTAR

 La etapa de prosperidad que conoció el llamado mundo desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX, la lucha por los derechos de las y los trabajadores y el compromiso de esos países salidos de las guerras, supusieron unos niveles de coberturas sanitarias, educativas y sociales sin parangón en la historia europea y navarra. Es lo que hemos venido llamando Estado de Bienestar, como herramienta para contribuir a la equidad. Así se fue desarrollando un gran cauce central mayoritario de la sociedad compuesto de clases trabajadoras y medias hacia una sociedad más igualitaria. Se logró más equidad, gracias a la protección social, y sociedades más cohesionadas en las que la mayoría pudiera mirar al futuro con más confianza y estabilidad. Y una movilidad social ascendente o ascensor social, que ha hecho que quienes hoy están por encima de 40 años hayan tenido oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Más igualdad, equidad y justicia social para una sociedad más cohesionada, santo y seña de la Europa y Navarra que deseamos.

Tras la crisis de 2008, España es el socio de la UE-27 donde más aumentaron las diferencias entre las rentas más bajas y las más altas. En Navarra "la mitad de los asalariados ya ganan menos que los nuevos jubilados". A enero de 2022 "el poder adquisitivo medio de los navarros había bajado 16 puntos en los últimos 20 años". Son titulares de prensa en una Navarra que, bastante antes de la invasión de Ucrania, cuenta con jóvenes que ganan menos que sus abuelos jubilados, y con el "ascensor social" atascado.

En la salida de la pandemia los gobiernos han venido insistiendo en que "baja el desempleo" y "crece la recaudación". Navarra crece y recauda más, sí; pero no lo hace de manera equitativa; se recauda más fiscalmente, y ganamos más entre todos, pero unos pocos ganan cada vez más y las clases medias y populares se empobrecen. Crece el empleo, pero no lo que los gurús económicos llaman "buenos empleos"; sube el salario mínimo, pero los precios crecen más.

Un peligroso proceso de dualización de la sociedad, de aumento de la desigualdad social, de empobrecimiento de clases medias y populares y de pérdida de cohesión social. Un proceso que pone en peligro la sostenibilidad del Estado de Bienestar, tal y como advierten expertos mundiales. Nosotros tratamos de sacar a la luz las costuras sociales que se han ido abriendo en un proceso de globalización que ha sacado de la miseria a millones de personas, pero que también deja perdedores en Europa; también en Navarra.

En Geroa Bai no nos inventamos lo que está en nuestra propia sociedad ni lo que es un fenómeno que se está dando en las sociedades desarrolladas, y que los expertos reconocidos mundialmente vienen advirtiendo y poniéndole cifras.

Piketty, Mazzucato o Varoufakis advierten de la distancia entre los beneficios financieros sobre los productivos, de las transferencias de lo público (de la sociedad) al beneficio privado. De que "el aumento de las desigualdades es, junto al cambio climático, uno de los principales retos a los que el planeta se enfrenta a comienzos del siglo XXI".

Desde Geroa Bai hemos trasladado al Senado tres veces la necesidad de abordar de forma seria y consensuada la creciente desigualdad y pérdida de poder adquisitivo del cauce central de la sociedad en España, siendo firmes partidarios de crear una ponenciaabierta para abordar seria y transversalmente el problema.

Geroa Bai ha impulsado también en el Parlamento de Navarra un Pleno Monográfico, que se celebrará el próximo 8 de abril, que confiamos sea un primer paso importante para priorizar este problema en la agenda política, social, institucional y mediática.

Se nos han ido cayendo los niveles de igualdad, equidad y cohesión social conseguidos desde generaciones anteriores de manera lenta pero constante, y que se han hecho evidentes con picos como la crisis de 2008 y la pandemia. Más allá de la "tentación" de algunos de poner en la invasión de Ucrania el origen del problema, la guerra, sin duda, va a acelerar las situaciones de vulnerabilidad entre asalariados, autónomos y empresas.

El presidente Sánchez ha presentado un "plan de choque" para una situación dramática y sobrevenida: una guerra después de una pandemia. Sánchez pide "unidad" en objetivos para salir de la crisis, tanto en Europa, como en el Estado español. En Geroa, sin duda, arrimaremos el hombro a este esfuerzo colectivo de unidad de objetivos y acciones en este corto plazo. Será nuestra primera urgencia y prioridad para sectores, trabajadores, empresas y profesionales, que van a sufrir especialmente estos rigores.

Pero en el Pleno Monográfico del Parlamento desde Geroa Bai también pediremos unidad en Navarra para el medio y el largo plazo, en el intento de resolver un problema de pérdida de poder adquisitivo que viene de mucho antes.

No podemos solucionar el problema global, es cierto; pero hay sociedades que están respondiendo mejor que otras. Geroa Bai está convencida de que Navarra tiene "alma igualitaria", y tiene competencias casi plenas en los factores que contribuyen a la equidad (Estado de Bienestar), la fiscalidad y la gobernanza.

Todo ello desde la convicción de que, si no lo abordamos desde el conjunto de la sociedad, Gobierno y Parlamento, el problema será pasto de los "iluminados" que se han significado en otras sociedades como lepenismo, trumpismo u otros ismos de la fauna populista. El día 8 tenemos un reto en el Pleno Monográfico en nuestro Parlamento, y en Geroa queremos priorizar la recuperación del poder adquisitivo de la mayoría social y del ascensor social para nuestros jóvenes.

Koldo Martínez y Pablo Azcona, en Diario de Noticias