IRIBAS, A PEOR

El mismo día en que una parte importante de la sociedad navarra se une -por primera vez- para impulsar y apoyar la matriculación de los nuevos alumnos en las opciones educativas plurilingües que incluyen las dos lenguas propias de Navarra, además de otros idiomas como inglés, francés o alemán, de nuevo el Gobierno de Navarra da una vuelta más de tuerca a su estrategia de utilizar las instituciones para poner trabas a la normalización social y educativa del euskera, y el consejero Iribas impone a las unidades de su del departamento de Educación y a los centros dependientes del mismo que se utilicen soportes físicos diferentes para las comunicaciones en castellano y en euskera para rótulos, señalizaciones, certificados, impresos y demás papelería. La obsesión excluyente y desintegradora de UPN contra la convivencia normalizada de euskera y castellano -en este caso, con el PSN compartiendo Gobierno- alcanza cotas ridículas y de evidente déficit democrático. La sociedad navarra mantiene una actitud mucho más realista, positiva y facilitadora de la convivencia entre ambas lenguas -como demuestran una tras otra las sucesivas encuestas sociolingüísticas realizadas en Navarra, incluso aquellas encargadas y controladas por UPN-, una realidad que se pone de manifiesto cada año con el mantenimiento y avance de las matriculaciones en el modelo D en ikastolas y centros públicos, a pesar de una zonificación que reduce los derechos de los ciudadanos navarros en función de su lugar de residencia y a pesar del boicot institucional a promocionar la matriculación en los modelos plurilingües con castellano y euskera y de su estrategia de contrarrestar esa pujanza impulsando otro modelo plurilingüe que excluye una de las dos lenguas propias de Navarra. Es cierto que la realidad social de Navarra deja en evidencia los prejuicios ideológicos anacrónicos de personajes como Iribas -quien, por cierto, lleva toda su vida viviendo de un erario público al que también contribuyen generosamente aquellos navarros y navarras que optan para sus hijos por el modelo educativo que se empeña en minorizar-, pero eso no puede restar un ápice de gravedad a una actitud discriminatoria, excluyente y contraria a la legislación constitucional y europea -como han puesto de manifiesto sentencias judiciales e informes oficiales-, de la que deberán derivarse, antes o después, responsabilidades políticas y posiblemente penales.
Editorial del Diario de Noticias