A la hora de valorar el marco en el que se está discutiendo el futuro político de Escocia deberíamos tener en cuenta una serie de factores que lo están condicionando. Apuntaría los tres más obvios, que responden al desarrollo del debate europeo, a la gestión política de la identidad nacional escocesa y al posicionamiento de los gobernantes británicos ante ambos temas.
En su relación con Europa, sólo diría dos cosas. Tradicionalmente, la cultura escocesa ha estado más abierta al influjo europeo que a las ideas inglesas. Por otro lado, el reciente choque del premier Cameron con el resto de los 27 de la Unión ha sido visto por los nacionalistas escoceses como una ocasión propicia para buscar el apoyo europeo a su causa.
En las islas, nadie pone en duda la identidad nacional escocesa. Durante siglos ha conservado una serie de instituciones propias que le han ayudado a sustentar el ‘hecho diferencial’ (Iglesia nacional, sistema judicial, modelo educativo, y símbolos y representaciones propias), que en su dimensión política eran administradas por la burocracia de la Oficina de Escocia (bajo la autoridad directa del Gobierno de Londres). La Devolución de 1997 vino a sobreponer a ese infraestructura propia un Parlamento (Holyrood) que comenzó a funcionar en 1999. Este hecho, la creación de un foro democrático propiamente escocés, ha permitido crear un ámbito donde, a pesar de la competencia entre partidos, el debate se construye en términos de interés común, lo que ha terminado consolidando la identidad nacional.
La mayoría de los escoceses entienden que los términos de la unión de 1707 (que se sustanció en una unión parlamentaria) pueden renegociarse y que no podría imponerse a ninguna de sus partes mantenerla contra su voluntad. Tampoco en el resto del estado se oponen por principio a la modificación del status constitucional escocés.
Las alternativas de cambio que se plantean son tres. La primera, la de la ‘Comisión Calman’ apoyada por los partidos unionistas, que respalda avanzar en la línea de la devolución del año 1999 y ofrece tímidas competencias fiscales. La segunda plantea una sustancial ampliación de poderes y una autonomía fiscal de rango parecido al Concierto Económico. La tercera sería la independencia, una independencia que mantuviera la unión en torno al reino, pero con representación propia en Europa. Conviene recordar que de este debate político se excluye la unión con la corona (que proviene de 1603).
La victoria del SNP en las elecciones de mayo del 2011 ha cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento escocés. Los nacionalistas escoceses obtuvieron la mayoría absoluta y nada les impide llevar a la práctica su compromiso de convocar una consulta sobre el futuro político de Escocia.
Los escoceses son conscientes de que esta votación no tendrá un carácter formalmente vinculante. Pero, el propio Cameron sabe que el resultado del plebiscito determinará su actuación. La revolución inglesa consagró el ‘principio de libre consentimiento’ como fundamento de la sociedad política. Ignorar este hecho sería renunciar a su propia identidad democrática.
Por eso, Cameron no ha discutido la consulta. Su iniciativa plantea acelerarla y que la pregunta se refiera a la aceptación o rechazo de la independencia respecto del Reino Unido. Cameron desconfía de que el paso del tiempo favorezca al unionismo. Además, quiere polarizar el debate y llevar a los escoceses a una test definitivo sobre sus (in)compatibilidades nacionales. Con el pretexto de aclarar la pregunta, simplifica una situación compleja al plantear la cuestión de la independencia como una categoría cerrada, como una disyuntiva de ‘bien unidos o bien separados’ sin transacción.
Pero, en el más extremo de los casos, una buena parte de los escoceses no ven incongruente que Escocia sea miembro de la Unión Europea sin cuestionar el reino del que forman parte desde 1603. Y, en todo caso, Salmond y el SNP no se encierran en cuestiones doctrinales. Michael Keating escribió que el nacionalismo escocés “apunta a un blanco móvil, toda vez que desconocemos el futuro del estado y de los regímenes continentales”. Sus tres propuestas, incluso la de independencia, se fundan y se comparan sobre una cuestión práctica, que se supedita más a la construcción de una sociedad nacional que a una concreta fórmula constitucional: cuáles son las facultades que Escocia necesitaría ahora para conseguir lo que quiere para su futuro más próximo.
Joxan Rekondo, en Aberriberri
En su relación con Europa, sólo diría dos cosas. Tradicionalmente, la cultura escocesa ha estado más abierta al influjo europeo que a las ideas inglesas. Por otro lado, el reciente choque del premier Cameron con el resto de los 27 de la Unión ha sido visto por los nacionalistas escoceses como una ocasión propicia para buscar el apoyo europeo a su causa.
En las islas, nadie pone en duda la identidad nacional escocesa. Durante siglos ha conservado una serie de instituciones propias que le han ayudado a sustentar el ‘hecho diferencial’ (Iglesia nacional, sistema judicial, modelo educativo, y símbolos y representaciones propias), que en su dimensión política eran administradas por la burocracia de la Oficina de Escocia (bajo la autoridad directa del Gobierno de Londres). La Devolución de 1997 vino a sobreponer a ese infraestructura propia un Parlamento (Holyrood) que comenzó a funcionar en 1999. Este hecho, la creación de un foro democrático propiamente escocés, ha permitido crear un ámbito donde, a pesar de la competencia entre partidos, el debate se construye en términos de interés común, lo que ha terminado consolidando la identidad nacional.
La mayoría de los escoceses entienden que los términos de la unión de 1707 (que se sustanció en una unión parlamentaria) pueden renegociarse y que no podría imponerse a ninguna de sus partes mantenerla contra su voluntad. Tampoco en el resto del estado se oponen por principio a la modificación del status constitucional escocés.
Las alternativas de cambio que se plantean son tres. La primera, la de la ‘Comisión Calman’ apoyada por los partidos unionistas, que respalda avanzar en la línea de la devolución del año 1999 y ofrece tímidas competencias fiscales. La segunda plantea una sustancial ampliación de poderes y una autonomía fiscal de rango parecido al Concierto Económico. La tercera sería la independencia, una independencia que mantuviera la unión en torno al reino, pero con representación propia en Europa. Conviene recordar que de este debate político se excluye la unión con la corona (que proviene de 1603).
La victoria del SNP en las elecciones de mayo del 2011 ha cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento escocés. Los nacionalistas escoceses obtuvieron la mayoría absoluta y nada les impide llevar a la práctica su compromiso de convocar una consulta sobre el futuro político de Escocia.
Los escoceses son conscientes de que esta votación no tendrá un carácter formalmente vinculante. Pero, el propio Cameron sabe que el resultado del plebiscito determinará su actuación. La revolución inglesa consagró el ‘principio de libre consentimiento’ como fundamento de la sociedad política. Ignorar este hecho sería renunciar a su propia identidad democrática.
Por eso, Cameron no ha discutido la consulta. Su iniciativa plantea acelerarla y que la pregunta se refiera a la aceptación o rechazo de la independencia respecto del Reino Unido. Cameron desconfía de que el paso del tiempo favorezca al unionismo. Además, quiere polarizar el debate y llevar a los escoceses a una test definitivo sobre sus (in)compatibilidades nacionales. Con el pretexto de aclarar la pregunta, simplifica una situación compleja al plantear la cuestión de la independencia como una categoría cerrada, como una disyuntiva de ‘bien unidos o bien separados’ sin transacción.
Pero, en el más extremo de los casos, una buena parte de los escoceses no ven incongruente que Escocia sea miembro de la Unión Europea sin cuestionar el reino del que forman parte desde 1603. Y, en todo caso, Salmond y el SNP no se encierran en cuestiones doctrinales. Michael Keating escribió que el nacionalismo escocés “apunta a un blanco móvil, toda vez que desconocemos el futuro del estado y de los regímenes continentales”. Sus tres propuestas, incluso la de independencia, se fundan y se comparan sobre una cuestión práctica, que se supedita más a la construcción de una sociedad nacional que a una concreta fórmula constitucional: cuáles son las facultades que Escocia necesitaría ahora para conseguir lo que quiere para su futuro más próximo.
Joxan Rekondo, en Aberriberri
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